La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que la Fiscalía ha violado la autonomía e independencia de su entidad.

El jueves pasado se produjo un contundente rechazo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por una inspección judicial que ordenó la Fiscalía a uno de los casos que adelanta por los secuestros de las Farc.

A pesar que el ente investigador rápidamente revocó esta decisión, quedó asentada la molestia que manifestó por esta actuación la magistrada Patricia Linares, quien calificó el hecho como una intromisión en la instancia creada por el acuerdo de paz para sancionar los delitos graves cometidos en el conflicto. No obstante, no es el primer encontronazo que tienen estos organismos.

Linares, presidenta de la JEP, señaló el jueves en un comunicado que la Jurisdicción “fue notificada por la Fiscalía General de la Nación, a través de un agente de la policía judicial, sobre la orden impartida para practicar una inspección judicial al caso 001 que se adelanta en esta jurisdicción. Igualmente, se notificó a la Presidenta de la Sala que lleva el caso que debería responder a una entrevista para que informara sobre el trámite adelantado. Infortunadamente, la inspección judicial se llevó a cabo el día de hoy y la Fiscalía obtuvo la copia digital del expediente, en razón de la forma intempestiva como se llevó a cabo la diligencia en la Secretaría Judicial de la JEP”.

Añadió, que “esta actuación es abiertamente violatoria de la reserva judicial que cubre las investigaciones que adelantan los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz. Igualmente, es claramente intimidatoria en relación con la independencia judicial que preserva el actuar de los jueces a cargo del caso”. En razón de ello solicitó expresamente a la Procuraduría General de la Nación tomar nota de la situación y adelantar las gestiones que considere pertinentes.

En tanto, a través de su cuenta en Twitter, la Fiscalía escribió sobre este episodio, que “en el mejor espíritu de colaboración y respeto entre las jurisdicciones, la Fiscalía le ha revocado la orden a la policía judicial para obtener copia del expediente 001 de la JEP y efectuar entrevista a una de sus magistradas”.

Ayer, el presidente Iván Duque se refirió a este hecho y respaldó la actuación del fiscal Néstor Martínez al señalar que "más que un choque de trenes lo que se necesita es que los directivos de la JEP vean el sustento de las actuaciones del señor Fiscal y conforme a lo que él tiene como evidencia conducente y concluyente de sus procesos, sirva para que se tomen acciones internamente".

"Lo que esperamos es que las actuaciones del Fiscal sirvan para corregir fallas, para que se puedan evitar situaciones que generen nubes grises", concluyó.

Investigación a Zamora

En los primeros días de septiembre pasado el Fiscal General anunció la apertura de una investigación a la directora administrativa de la JEP, Marta Lucía Zamora, y dos contratistas de la Secretaría Ejecutiva porque supuestamente fueron más allá de sus funciones aconsejando a desmovilizados de las Farc qué decir y qué no en las audiencias que rendirían ante esta Jurisdicción con el objeto de verse más favorecidos.

El martes, la Fiscalía anunció que imputarán a Zamora los delitos de asesoramiento y otras actuaciones ilegales; abuso de función pública y perturbación de actos oficiales. También serán imputados los dos contratistas.

Frente a esta investigación, Linares manifestó que está a “total disposición para que este suceso sea esclarecido de manera pronta”, aunque puso de presente que “la Fiscalía General dejó en claro que no se trata de ningún funcionario adscrito a la magistratura”.

Tras el anuncio de la imputación, Linares señaló que “estamos seguros que la Fiscalía respetará y garantizará los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso de las personas vinculadas”.

Caso ‘Santrich’

El primer choque entre la Fiscalía y la JEP se registró en abril pasado tras la captura que adelantó el ente investigador del desmovilizado de las Farc, Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich), en el marco de un pedido de extradición por parte de Estados Unidos porque presuntamente participó en una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína después de la firma del acuerdo de paz.

La JEP reaccionó resaltando que tenía la competencia en este caso porque el capturado en abril se postuló a la JEP como miembro de las Farc “y suscribió la correspondiente acta de sometimiento a la justicia. Esto quiere decir que Hernández Solarte es sujeto de la JEP en la medida en que él mismo se sometió a esta Jurisdicción”. Al tiempo que advirtió que verificaría si los hechos que se le imputan a Santrich ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016, fecha de la firma del acuerdo, por lo que en esta eventualidad quedaría a su cargo. O si sucedió después de esta fecha pasaría a la justicia ordinaria.

Incluso en mayo pasado la JEP ordenó suspender el proceso de extradición de Santrich, tras lo cual el fiscal Martínez pidió a la Corte Constitucional que definiera quién tiene la competencia en este caso.

Finalmente la Corte aclaró que la Fiscalía sí estaba facultada para capturar a Santrich; en tanto que a la JEP le dijo que su papel en estas situaciones se limita a determinar la fecha de la ocurrencia del delito que se le imputa a una persona que se acoja a su jurisdicción.

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Pruebas

La JEP, con el fin de determinar la fecha de ocurrencia del delito en que presuntamente participó Santrich, solicitó a la Fiscalía los documentos y videos que sobre este caso tuviera en su poder. No obstante, el fiscal Martínez advirtió que ese acervo lo tiene la justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con el fiscal Martínez, en dicho expediente no existe ese tipo de material y él ha entregado toda la documentación completa a la JEP.

Según el Fiscal, el fundamento que argumentó la JEP para pedir ese material probatorio serían unas declaraciones públicas que él hizo. "Lo que se dijo es que el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York tuvo acceso a audios y vídeos que determinan los hechos que han dado lugar a las acciones de esa Corte", dijo Martínez.