Durante una reciente visita de inspección a la Estación de Policía La Rivera, en Cali, la Defensoría del Pueblo evidenció una grave crisis humanitaria que pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas privadas de la libertad.

Más de 60 detenidos se encuentran hacinados en condiciones deplorables, sin acceso a servicios básicos como el fluido eléctrico. A esta situación se suma un brote de enfermedades respiratorias, lo que agrava aún más la situación sanitaria del centro de detención.

Ante esta alarmante realidad, la entidad inició las gestiones pertinentes con las empresas municipales para restablecer el suministro eléctrico y garantizar condiciones mínimas de salubridad. Asimismo, solicitó a las autoridades locales que adopten medidas urgentes para atender la emergencia sanitaria y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los detenidos.

Durante la jornada, realizada de la mano de la Alcaldía de Santiago de Cali, se anunció que en los próximos días se realizará una jornada de salud integral, con el fin de atender a toda la población penitenciaria ante el riesgo de enfermedades respiratorias graves.

La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que agilice el traslado de las personas con condenas en firme, a fin de descongestionar los centros de detención transitoria y evitar la vulneración sistemática de los derechos humanos.