Más allá del insólito y vergonzante extravío de la carta de la JEP a EU, el dilema continúa siendo autorizar o no esa extradición

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HAY DISTINTAS formas de analizar el limbo en el que se encuentra el estudio de la solicitud de extradición que hiciera, desde abril del año pasado, la justicia de Estados Unidos sobre el excabecilla desmovilizado de las Farc, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’.

Una primera es enfocarse en el ‘oso’ político, jurídico e institucional que significa que el trámite de un asunto de semejante importancia, que tiene en vilo el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno Santos y las Farc en el segundo semestre de 2016, se haya ‘embolatado’ por un error increíble en el correo oficial.

Como se sabe, en abril del año pasado, la Fiscalía colombiana reveló que la justicia estadounidense había pedido en extradición a ‘Santrich’ -que para entonces era Representante a la Cámara electo por el partido Farc-, acusándolo de estar involucrado en un intento para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país. Las pruebas de la justicia norteamericana señalarían que el excabecilla subversivo, junto a dos particulares y Marlon Marín, sobrino del segundo al mando de las Farc y ex jefe negociador, alias ‘Iván Márquez’, estarían en tratativas con capos mexicanos entre junio de 2017 y febrero de 2018.

Como se sabe, el Acuerdo de Paz es claro en que todo delito cometido después del 2 de diciembre de 2016 por un desmovilizado no solo sale de la justicia transicional, sino que el imputado pierde todos los beneficios políticos y jurídicos, pasa a órdenes de la justicia ordinaria e incluso puede ser extraditado.

Tras una huelga de hambre e incluso unos días en la sede del Episcopado colombiano, en Bogotá, finalmente ‘Santrich’ fue capturado y enviado a La Picota. Tanto él como las Farc alegaron su inocencia y acusaron a la Fiscalía nacional como a la justicia norteamericana de un ‘montaje’ para torpedear el proceso de paz. A la par se generó un choque de competencias entre la Fiscalía y la JEP en torno a cuál entidad debería estudiar la solicitud de extradición. Al final la propia Corte Constitucional remitió el caso a la jurisdicción especial bajo la condición de que lo único que le correspondía era establecer la fecha del delito imputado y si estaba o no cobijado por la justicia transicional contemplada en el Acuerdo de Paz.

Ya tras el cambio de gobierno, con el uribista y crítico del pacto con las Farc, Iván Duque como presidente, la JEP empezó a estudiar el caso en medio de la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo, e incluso con ‘Márquez’, ‘El Paisa’ y otros ex cabecillas desmovilizados escondidos por temor a ser extraditados.

Ruta crítica

En desarrollo de ese estudio, la JEP, el 23 de octubre del año pasado, le solicitó a Estados Unidos remitir más material probatorio necesario para definir la situación de ‘Santrich’. Para ello dio un plazo de 40 días, contados a partir del 15 de noviembre, esto porque primero debieron resolverse los recursos interpuestos por la Procuraduría y la defensa de Hernández Solarte.

Fue así como el 26 de noviembre la JEP remitió a la Cancillería la carta rogatoria a las autoridades de Estados Unidos y dos días después también a la Fiscalía colombiana. Así las cosas, el plazo de los 40 días solo comenzó a correr el 29 de noviembre. Luego, cuatro días más tarde, la Cancillería informó a la JEP que la carta rogatoria se envió al Ministerio de Justicia para que la hiciera llegar a las autoridades de Estados Unidos.

Como el plazo vencía el pasado 28 de enero, desde el 21 del mismo mes la JEP ordenó hacerle seguimiento al trámite de la carta rogatoria. Dos días después el Ministerio de Justicia confirmó que el 10 de diciembre la había enviado al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Lo cierto es que llegó el 28 de enero y nada que llegaron las pruebas solicitadas, por lo que la JEP procedió a advertir que procedería a definir el tema tras cinco días hábiles para que se pronunciaran la Procuraduría y la defensa de ‘Santrich’.

Pero cuando todos pensaban que Estados Unidos no había enviado más pruebas simple y llanamente porque no lo consideraba necesario ni acorde con los procedimientos normales de extradición, se vino a saber, el miércoles pasado, que la carta fue enviada por el servicio de la empresa oficial 4-72 pero por un error inexplicable se quedó en Panamá y nunca llegó al Departamento de Estado.

En medio de confusas explicaciones sobre el insólito y vergonzante caso, se supone que ya al final de la semana la carta, por fin, llegó al Departamento de Estado. La JEP, entretanto, delegó en su Sección de Revisión el estudio del asunto y tomar “una decisión oportuna conforme a la ley”.

Solo en los próximos días se sabrá si la JEP abre un nuevo plazo para que EU decida si remite o no más pruebas, o si continúa adelante con el proceso de definición de la suerte de ‘Santrich’, basada únicamente en el material acopiado en el indictment inicial –que es insuficiente  según se desprende de la susodicha carta rogativa- y algunos datos adicionales entregados por la Fiscalía.

Es claro que si el excabecilla es extraditado, el Acuerdo de Paz podría quedar en vilo, según lo advertido por el partido Farc y el evadido ‘Márquez’, aunque tanto Santos -en su momento- como Duque advirtieron que la reincidencia criminal no sería tolerada y solo habrá beneficios para los cumplidores del pacto. Pero si la JEP decide mantenerle la garantía de no extradición a ‘Santrich’, entonces esa jurisdicción quedará en el ojo del huracán, aumentando las críticas sobre su nivel de imparcialidad y exponiéndose a ser reformada en el Congreso por las mayorías gobiernistas, que ya fracasaron en un primer intento. Y, de paso, generará un problema de alto calado en la relación política y jurídica entre Colombia y Estados Unidos.

En otras palabras, más allá del ‘oso’ con el extravío de la carta rogatoria, el Acuerdo de Paz seguirá en el limbo mientras no se defina la suerte de ‘Santrich’. Pero incluso cuando se tome esa decisión, sea cual sea, las implicaciones serán de marca mayor.