El coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la Oficina de Protección Presidencial, fue convocado a un interrogatorio en el marco de la investigación relacionada con la prueba de polígrafo realizada a Marelbys Meza, exniñera de la exjefa de Gabinete de la Presidencia, Laura Camila Sarabia Torres. 

Según fuentes cercanas al caso, la Justicia Penal Militar sostiene su competencia para abordar la investigación contra el coronel Feria. Tras el interrogatorio, se anticipa que planteará el conflicto ante la Corte Constitucional, buscando resolver la disputa sobre la jurisdicción del caso. Este enfrentamiento se agrava por la previa imputación realizada por la Fiscalía al coronel Feria, generando un escenario de tensión legal.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, el oficial Feria habría ordenado la aplicación del polígrafo a Marelbys Meza después de la pérdida de dinero en la residencia de la exjefa de Gabinete. Los cargos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal se suman a la complejidad del caso. La investigación detalla la supervisión directa del coronel Feria en la prueba, así como su presunta facilitación de procedimientos irregulares y el uso de un vehículo oficial para el traslado de Meza.

A pesar de la imputación, la jueza de control de garantías rechazó la solicitud de la defensa de remitir el caso a la Justicia Militar y Policial. La jueza argumentó que las acciones del coronel Feria no guardaban relación con sus funciones militares y que implicaban una vulneración de derechos fundamentales, excluyendo así la competencia militar en este caso específico.

En un giro adicional, el presidente Gustavo Petro condecoró al coronel Feria con la 'Orden al mérito seguridad Presidencial', destacando su "profesionalismo, valentía y comportamiento ético". Esta decisión presidencial añade una capa más de complejidad y controversia al caso.

La Justicia Penal Militar y Policial también citó a interrogatorio al capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y al intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con el escándalo del polígrafo. La audiencia se perfila como un punto crucial para esclarecer la competencia jurisdiccional y determinar el curso futuro del caso Sarabia.