En 2010 esta Corte condenó al Estado colombiano por crimen de senador Manuel Cepeda

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Uno de los expedientes que está en etapa de fondo y pendiente de emitirse sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es el caso Isaza Uribe y otros contra Colombia, que tiene que ver con la desaparición en 1987 del líder sindical y simpatizante de la Unión Patriótica, Víctor Manuel Isaza Uribe, mientras estaba privado de la libertad en una cárcel en Antioquia. Al respecto podría producirse otra condena contra el Estado por el genocidio de más de 4 mil militantes de esta organización política.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reseña que “el caso se relaciona con la supuesta desaparición forzada de Víctor Manuel Isaza Uribe desde el 19 de noviembre de 1987 mientras habría estado aparentemente detenido en la cárcel de Puerto Nare, Antioquia. El señor Isaza Uribe era presuntamente miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (Sutimac) y simpatizante del partido político Unión Patriótica. Según se alega, a la fecha no se conoce el destino o paradero de la presunta víctima. Asimismo, se alega que el proceso penal ha estado sujeto a demoras injustificadas, permaneciendo aún en la etapa de investigación previa y que pasados más de 27 años de ocurridos los hechos, estos aún no han sido esclarecidos”.

En junio de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia estableció la responsabilidad por acción y omisión del Estado colombiano por la ejecución extrajudicial del líder político, comunicador y último senador electo de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, Manuel Cepeda Vargas. Fue la primera sentencia de la Corte, relativa al homicidio de un líder de oposición en el país, en la que además se aborda el exterminio de la Unión Patriótica.

En su sentencia el Tribunal Interamericano consideró que el asesinato del senador Cepeda, perpetrado el 9 de agosto de 1994, se produjo en un “contexto de amenazas y hostigamientos permanentes por sus posiciones políticas”, “de desprotección por parte de agentes estatales” y de violencia sistemática ejercida contra la UP, “dada la intención de atacar y eliminar a sus miembros e incluso simpatizantes”. Enfatizó la Corte que en este escenario las declaraciones de funcionarios que vincularon a la UP y al PCC con las Farc, “colocaron a los miembros de la UP en una posición de mayor vulnerabilidad y aumentaron el nivel de riesgo en que se encontraban”.

En abril del año 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Víctor Manuel Isaza Uribe, argumentando que el Estado colombiano no dio una explicación satisfactoria sobre el paradero de esta persona, pues recogió la versión oficial que se fugó de la cárcel sin tener en cuenta versiones sobre la desaparición forzada.

Audiencia

En enero pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo en San José de Costa Rica la audiencia pública del caso Isaza Uribe y otros contra Colombia, en la cual el Estado reconoció responsabilidad parcial porque este ciudadano se encontraba bajo su custodia cuando fue sustraído supuestamente por un grupo de hombres armados y no pudo protegerlo. Sin embargo, reiteró que no existen elementos suficientes para asegurar que los hechos se cometieron con la participación de agentes del Estado.

Los representantes de las víctimas aseguraron que los hechos fueron perpetrados por paramilitares con participación de agentes del Estado, dado que Víctor Isaza hacía parte de un sindicato y era simpatizante del partido político Unión Patriótica. Sobre esto, la defensa de Colombia reiteró que la sentencia del Consejo de Estado y una decisión de la Procuraduría excluyen la participación de agentes del Estado en los hechos y manifestó que no existen elementos suficientes para asegurar que se cometieron por estas circunstancias.

Aun cuando no se ha establecido que la desaparición ocurrió como producto de violencia política o sindical, el Estado colombiano reiteró en esta audiencia su compromiso con la lucha contra este tipo de conductas. Asimismo, presentó ante la Corte los avances para la garantía de los derechos de estas dos poblaciones, así como las medidas adoptadas que a su juicio han resultado adecuadas y efectivas para prevenir la violencia contra estos grupos, proteger a sus integrantes, garantizar el ejercicio de sus derechos y repararlos de manera individual y colectiva.