A NIVEL internacional empezó a ser buscada la excongresista Aída Merlano, que el martes pasado protagonizó una insólita fuga al norte de la capital del país, cuando se descolgó de la ventana de un consultorio odontológico a donde había sido llevada por custodios del Inpec para cumplir con una cita médica.

Contra la fugada la Fiscalía emitió una nueva orden de captura, esta vez por el delito de fuga de presos, en tanto que se pidió a la Interpol que expida una circular naranja contra la exparlamentaria del Atlántico, condenada semanas atrás a más de 15 años de prisión por distintos delitos de corrupción electoral.

Las circulares naranjas se usan para advertir a las autoridades de todos los países de la Interpol que se trata de una persona buscada por la justicia de algún país y debe ser capturada porque se le considera un peligro “grave e inminente” para la seguridad pública.

Si la Interpol expide la respectiva circular, entonces Merlano empezará a ser rastreada a nivel mundial. De hecho ayer el canciller Carlos Holmes Trujillo advirtió que la fugada está siendo rastreada en todas las salidas por aire, mar y tierra de Colombia.

De otro lado, ayer –al cierre de esta edición- se esperaba que la Fiscalía tomará alguna decisión respecto a las personas que se encontraban en el consultorio odontológico de donde se fugó Merlano. Según trascendió, tanto el odontólogo como los familiares de la exparlamentaria podrían ser procesados por delitos que van desde concierto para delinquir hasta favorecimiento de fuga.

Pesquisas de Procuraduría

Mientras se definen los procesos penales, ya avanzan los de tipo disciplinario. Esto porque el miércoles en la tarde la Procuraduría General, ante las evidencias recopiladas en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá tras la fuga de Merlano, ordenó la apertura de investigación y la suspensión por tres meses de ocho funcionarios, entre ellos la directora, la subdirectora y el comandante de custodia y vigilancia.

La medida disciplinaria cobija a Diana Cecilia Muñoz Miguez, directora del centro de reclusión; Katherine Lozano Forero, subdirectora; David Alexander Álvarez Cárdenas, comandante de custodia y vigilancia; Julián Segundo Pérez, inspector jefe, y los dragoneantes Yudit Natalia Espinoza Gil, Juan Carlos Becerra Cruz, Diana Montoya Ramos y Luis Alejandro Ballesteros Rincón.

La Procuraduría busca establecer las razones que habrían llevado a cambiar el nivel de seguridad de Merlano Rebolledo de 1 a 2, lo que implicó que su desplazamiento al Centro Médico de la Sabana, donde estaba previsto que cumpliera la tercera cita de un proceso de rehabilitación oral, no estuviera acompañado de fuerza pública y un grupo operativo, como venía ocurriendo hasta el mes de mayo.

También se investigan las razones que habrían llevado al inspector jefe de El Buen Pastor a cambiar, sin que existiera una orden escrita, al conductor y la dragoneante que acompañaban a la excongresista desde su salida del penal.

Incluso ayer se esperaba que la Procuraduría realizará una inspección en la dirección del Inpec y solicitará las primeras declaraciones en este proceso, entre ellas las del médico ortodoncista que realizaba el tratamiento y las personas que lo asistieron.

De igual manera, ayer se esperaba que se incrementara la recompensa por información del paradero de la fugada, que estaba siendo buscada intensamente en todo el país. Por ahora se están ofreciendo 50 millones de pesos.

Por la fuga de Merlano, condenada el 13 de septiembre a 15 años de prisión por comprar votos en las elecciones parlamentarias de 2018, ya salieron de sus cargos el director general del Inpec, William Ruiz, y la directora de la cárcel del Buen Pastor, Diana Muñoz.

"Esta señora privada de la libertad se ha burlado de la sociedad colombiana, del sistema de justicia y del ordenamiento jurídico de manera inaceptable", dijo la ministra de Justicia Margarita Cabello.

La alta funcionaria solicitó a los entes de control diligencia en las investigaciones para determinar un posible "favorecimiento" de funcionarios y particulares en la fuga de la exsenadora.

La de Merlano es una de las condenas insignias por compra de votos en Colombia. Por el proceso que derivó en su sanción, la Corte Suprema ordenó investigar a 17 personas, entre ellas miembros de poderosos clanes políticos de la Costa Caribe.