El asesinato del líder minero y defensor de derechos humanos Jaime Gallego, conocido como "Mongo", ha conmocionado a la sociedad colombiana y reitera un llamado urgente a la protección de los líderes sociales en el país. El fundador de la Mesa Minera de Segovia y Remedios y presidente de la Mesa Minero Agroambiental del Nordeste Antioqueño, fue encontrado sin vida en la vereda El Jabón del municipio de Vegachí, en el nordeste de Antioquia, en la madrugada del domingo 9 de marzo.
El asesinato de Jaime Gallego se produjo en un contexto de creciente tensión en la región, donde estaba programado un paro minero para el 10 de marzo en protesta contra las políticas del Gobierno Nacional frente a la minería informal. La desaparición del líder social había sido reportada desde el 3 de marzo, y su cuerpo fue encontrado con impactos de arma de fuego.
Su escolta, Didier Berrío, quien desapareció junto con él, fue localizado con vida. "Él mismo llegó al comandando de policía de Yolombó, en este momento recibe el acompañamiento", indicaron desde la UNP.
El presidente Gustavo Petro señaló que el 'Clan del Golfo' podría ser responsable del asesinato, y pidió la captura inmediata de los miembros del grupo en el nordeste antioqueño.
“Jaime Gallego, dirigente de Colombia Humana en Segovia, Antioquia, fue asesinado por el Clan del Golfo, Vegachí. Se sindica a alias 'Máximo' o 'Sebastian' de ser el autor de su asesinato. Espero la inmediata captura de los miembros de este grupo ilegal del nordeste antioqueño”, señaló el mandartario.
Aunque no se descarta la participación del Clan del Golfo, las investigaciones aún no han determinado con certeza quiénes fueron los responsables del crimen.
La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato de Jaime Gallego, destacando que la violencia contra los líderes sociales debilita las acciones para construir un país más justo. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía también expresó su rechazo al crimen y he hizo un llamado a proteger a estas personas.
"Exigimos a las autoridades competentes una investigación rigurosa y celeridad en la identificación y judicialización de los responsables. La violencia no puede ser el precio de la defensa del trabajo digno y de los derechos de las comunidades mineras", indicó la certera.