El país inicia mañana un nuevo período de aislamiento preventivo con la reactivación de nuevos sectores de la producción, lo que implica redoblar esfuerzos para garantizar que a los millones de personas que deben seguir quedándose en casa les lleguen oportuna y eficazmente la acción del Estado y los compromisos del Gobierno.

Desde el primer día, en la Consejería presidencial para la Estabilización y la Consolidación, nos enfocamos en acompañar a  las víctimas, que son el centro de la implementación de la política de Paz con Legalidad y apoyar  los territorios de alta vulnerabilidad en áreas donde están los excombatientes, los campesinos vinculados con la sustitución de cultivos y los municipios donde se ejecutan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.

En articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UNARIV, se adoptaron acciones encaminadas a garantizar la asistencia, la seguridad y la reparación para acompañar las dos millones trescientas mil víctimas que viven en los 170 municipios más afectados por la pobreza y la violencia y con mayor énfasis en el marco de la emergencia social y económica decretada por el Covid-19.

A pesar de las restricciones coyunturales, durante los dos primeros meses de la emergencia económica,  social y sanitaria, las ayudas se han entregado de manera ininterrumpida. Desde el 17 de marzo hasta el 15 de mayo se han realizado 96.839 giros para atención humanitaria por un valor de 71 mil millones de pesos a familias vulnerables y se han pagado 20.870 indemnizaciones individuales por un valor de 153 mil millones en los municipios PDET.

Para los territorios más vulnerables, que son los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, donde estamos implementando la Paz con Legalidad, en un trabajo articulado con la fuerza pública, las gobernaciones y las alcaldías de estos territorios hemos agilizado la entrega de ayudas humanitarias, consistente en mercados, elementos de bioseguridad; y hasta algunos lugares se ha llevado agua potable en carro tanques.

Para apoyar a los excombatientes farc, hicimos lo que se necesitaba para que los 13 mil que están en proceso de reincorporación, sigan recibiendo la asistencia económica que el gobierno les garantizó en su momento. Hoy, el 85%  de ellos está en el sistema de salud.

Con decreto legislativo se adoptó una medida especial, como el apoyo económico excepcional de 160 mil pesos, para la población desmovilizada activa en el proceso de reintegración, que no recibe ayudas económicas.

De otro lado, se mantendrá sin interrupciones es el cronograma de pagos y entrega de insumos a los campesinos que están vinculados al Programa para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, (PNIS), respetando rigurosamente todos los protocolos sanitarios establecidos en razón a la amenaza del coronavirus.

Las cifras a corte de hoy revelan que en 56 municipios hay 99 mil familias inscritas al PNIS, de las cuales el 89% está recibiendo pagos de asistencia alimentaria inmediata, 61 mil 183 familias reciben asistencia técnica integral y 59 mil 940 familias cuentan con cultivos de pan coger para su seguridad alimentaria. Las capacitaciones presenciales a agricultores se suspendieron y se coordinó su continuación a través de la radio y la televisión comunitaria.

En municipios Covid y No Covid continúa -con las normas de protección- el trabajo de adecuación de vías que particularmente adelantan los gestores comunitarios, antiguos recolectores de hoja de coca.

Durante la cuarentena, alcaldes y gobernadores de 11 de las 16 regiones PDET participaron de manera virtual en largas jornadas de trabajo con funcionarios del Estado para avanzar en esos proyectos locales que la misma comunidad determinó. La Paz con Legalidad no se detiene.

*Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación