Gobierno anunció la creación de un fondo incluido en el Plan de Desarrollo. El presidente de Colfecar cree que debe ser manejado de forma independiente y no por el Ministerio de Transporte

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El Ministerio de Transporte anunció, el pasado martes, la creación del Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga, con el que se busca promover la chatarrización de vehículos con más de 20 años de antigüedad y la transición a nuevos vehículos con tecnologías más limpias y eficientes que brinden una mayor productividad y generen menores emisiones.

El fondo, que se encuentra incluido en el Artículo 221 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue aprobado en primer debate, hace parte de un nuevo programa de modernización que está siendo estructurado por el Ministerio y será presentado próximamente.

De acuerdo con el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, para la creación del fondo serán asignados recursos por el orden de $260.000 millones en los próximos meses. El fondo se suma al beneficio de exención total de IVA para propietarios de entre uno y dos vehículos de más de 20 años que deseen renovarlos, previa desintegración, que fue aprobado el año pasado en la Ley de Financiamiento.

Para Juan Carlos Rodríguez, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística, Colfecar, este anuncio es “positivo”.

“Hay un diagnóstico claro de que en Colombia existen 60.000 vehículos de transporte de carga que tienen más de 20 años. Lo que significa que sí hay que hacer una acción muy agresiva para disminuirlos”, afirmó.

Y agregó además que “este tipo de medidas las avalamos en la medida de que ayudan a bajar ese monto de vehículos. Aquí de lo que se trata es hacer una transición en el proceso que existe actualmente, que permite el ingreso de vehículos y la desintegración de otros que tengan más de 20 años junto con los incentivos que establece la pasada Ley de Financiamiento”.

Luis Fernando Cataño, director ejecutivo de la Federación de Transportadores de Colombia, Fedetranscol, indicó que “con la idea que tiene el Ministerio de Transporte se busca que, a través del Fondo de Modernización, los propietarios de vehículos hagan un ahorro que les permita poder reemplazar su vehículo viejo por uno nuevo”.

Corrupción

Un elemento clave a analizar, tras este anuncio, es cómo se garantizará la transparencia en la ejecución de los recursos asociados al nuevo programa de modernización para que se eviten hechos de corrupción, como el denominado ‘cartel de la chatarrización’, un robo al Estado que consistía en cobrar por la desintegración de vehículos de carga que nunca fueron destruidos.

Por este caso, Pedro Aguilar, expresidente de la ACC, Asociación Colombiana de Camioneros, fue condenado en diciembre pasado a 10 años de prisión. Aguilar, de acuerdo con la Fiscalía, presentaba, de forma irregular, camiones al Ministerio de Transporte para conseguir por cada uno entre $40 y $70 millones, la compensación entregada por la chatarrización.

Con el propósito de evitar estos hechos, el presidente ejecutivo de Colfecar considera que el nuevo fondo debe ser manejado de forma independiente, por medio de una fiducia, y no por el Ministerio de Transporte.

“El punto no es el sistema de probidad del Ministerio, de transparencia, sino que esto no le corresponde al Ministerio de Transporte. Esto es un programa que tiene trámites, que tiene unas condiciones y, por esto, es mejor que se maneje por fuera del Ministerio que está llamado es a hacer política pública”, señala.

El director ejecutivo de Fedetranscol tiene una opinión similar. Considera que una forma de evitar la corrupción, “sería entregarle toda la validación de requisitos (para acceder a los recursos) a un ente privado y que ese ente privado a través de un organismo que cumpla las funciones de interventoría se encargue de verificar que está haciendo las cosas de forma adecuada”.

Señala, además, que el nuevo fondo debe contener “unos parámetros mediante los cuales se va a hacer el recaudo, los rendimientos fiduciarios de este dinero y un sistema que diga que ese vehículo debe ser reemplazado en cierto tiempo”.

Según el viceministro Ostos, los recursos del fondo “provienen del saldo de los recursos pendientes por ejecutar del programa de renovación establecido en el Conpes 3759 de 2013. Adicionalmente, los recursos provenientes del pago efectuado por los interesados dentro del proceso de normalización y otras fuentes de financiamiento definidas por el Ministerio de Transporte”.

El Presidente de Colfecar apuntó que otro elemento importante en el nuevo esquema de modernización es la vida útil de los vehículos. Considera necesario que “se determine una vida de depreciación de los equipos de transporte en función del tema ambiental y que esto esté soportado en un estudio técnico”.

Contaminación

En febrero pasado, la Alcaldía de Bogotá declaró la alerta amarilla debido a los elevados índices de contaminación del aire. Para enfrentar esta emergencia, las autoridades distritales determinaron la restricción de los vehículos de carga en varios sectores de la ciudad durante gran parte del día.

Los vehículos de carga, especialmente los de antigüedad mayor a 20 años, son los que generan mayor contaminación. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el 43,6% de las partículas contaminantes generadas por fuentes móviles (vehículos) en Bogotá son aportadas por estos automotores. Mientras que el 13% son generadas por transporte provisional, el 12% por automóviles, camperos y camionetas, el 11% por transporte especial y el 9% por las motocicletas.

Otro estudio, denominado Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia, que fue realizado por el Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud (INS) y publicado en enero de este año, alertó sobre las consecuencias de la contaminación del aire. De acuerdo, con la investigación, en Bogotá mueren 1.963 personas anualmente debido a enfermedades adquiridas por la exposición a la polución y al material particulado, el cual entra a los pulmones e incluso puede llegar al torrente sanguíneo. El estudio mostró, además, que la exposición al aire y al agua de mala calidad genera 17.549 muertes cada año en el país, que equivale al 8% del total de la mortalidad anual en el país.