Administrativa y patrimonialmente fue condenada ayer la Nación por el Consejo de Estado por el ataque con carro-bomba en el año 2003 que ejecutó la entonces guerrilla de las Farc contra el Club El Nogal en la capital de la República, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos, al encontrarla responsable por no tomar las medidas de seguridad, a pesar de las amenazas que se conocían contra este exclusivo establecimiento.

También el alto Tribunal reprochó que en el Club El Nogal se realizaran, por la época de los hechos, reuniones de carácter institucional sin considerar el cómo podría afectar la seguridad de los socios y visitantes, teniendo en cuenta las difíciles condiciones de orden público que se vivían.

Esta sentencia de la Subsección B de la Sección Tercera revocó las sentencias de reparación directa, mediante las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de reparación, y afecta a la Nación encarnada en el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión de un carro bomba en las instalaciones del Club El Nogal.

La Sala concluyó que la población civil ajena al conflicto y protegida por el derecho internacional no debía ser expuesta por las entidades demandadas, dado que quedó establecida la utilización de las instalaciones del club privado con fines institucionales, pues  se adelantaron reuniones de altos funcionarios del Estado, auspiciados por el Ministerio del Interior, y se comprobó la pernoctación de la Ministra de Defensa de la época (Marta Lucía Ramírez) en el lugar donde se produjo el ataque.

Se enfatizó que el estado de conmoción decretado y la difícil situación de orden público que por esos días se vivía en el país obligaban a las autoridades a extremar medidas para garantizar la seguridad y protección debida a la población civil.

El Consejo de Estado evidenció, igualmente, la omisión en los deberes de prevención, seguridad y protección en los que incurrieron la Fiscalía y el extinto DAS, “en tanto se abstuvieron de dar pronto trámite y verificación a la información recibida acerca de la inminencia de un atentado terrorista de gran magnitud en el norte de la capital de la República, a pesar de que fueron señaladas las instalaciones del club como posible blanco de esas intenciones. Se hizo notar, además, la eventual concurrencia del club en dichas omisiones”, indicó el alto Tribunal.

Medidas

Como consecuencia del reconocimiento de responsabilidad de la administración en este caso, se encontró procedente la indemnización de perjuicios morales y materiales.

Como medidas de reparación integral, satisfacción y no repetición se ordenó la instalación de una obra de arte en las inmediaciones de la zona afectada con el atentado, previo proceso creativo acordado con las víctimas y con el objeto de sensibilizar la exposición de la población civil a acciones violentas, así como la realización de un acto público de desagravio en el que se realice la presentación e inauguración de la misma.

Finalmente, se dispuso el envío de la providencia al Centro Nacional de Memoria Histórica,  a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad, con el fin de documentar la memoria del país y contribuir a su esclarecimiento.