En el segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, la iniciativa ha superado la aprobación de 34 de los 80 artículos que componen el texto de la propuesta legislativa. Sin embargo, son varios los escollos que aún le quedan por superar, entre ellos los artículos que, según varios congresistas opositores al Gobierno, empezarán a dificultar la discusión.

Al respecto, el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, señaló: “No votaré esta reforma, porque quiero defender la productividad de este país, a la pequeña empresa, la población inactiva y que podría trabajar en defender la confianza en el país. Actualmente, 32 millones de personas están económicamente inactivas, hacen parte de la informalidad, de los desempleados. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia es uno de los países más bajos en productividad, con 14.6 dólares por persona. Los artículos más complicados de discutir serán los que inciden en la productividad, y los ponentes han hablado mucho de que se quiere mejorar la productividad. Pero eso se mejora facilitando ese ejercicio, que se mide con el producto interno bruto (PIB) versus los trabajadores y las horas trabajadas. La ministra de Trabajo mencionó en días anteriores que tiene una herramienta en el Plan de Desarrollo, pero ha pasado más de un año y no han ejecutado ese aspecto, y entonces lo que el Partido Conservador considera es que esta reforma no va por el camino correcto de la reactivación económica del país. Al Ministerio del Comercio le redujeron el 6 % del presupuesto; esta reforma no genera empleo, ataca a los empresarios y a las microempresas produciendo más incertidumbre”.

Por su parte, la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, explicó en este sentido que “la reforma laboral avanza rápidamente con 34 informes aprobados, es lamentable que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, siga insistiendo en que esta reforma fue concertada, cuando la Organización Internacional de Empleadores le ha venido alertando a la OIT la falta de concertación y la violación de los principios tripartitos, que son principios de los acuerdos internacionales. Esta reforma no ha contado con el diálogo necesario con los sectores productivos y empleadores. La iniciativa es absolutamente dañina, porque aumenta la informalidad, que para hoy está cercana al 60 %, pero lo más preocupante es que pone en riesgo más de 450.000 empleos por los costos que se incrementan con las nuevas obligaciones a cargo del empleador. Estos costos son imposibles de cumplir por los pequeños y medianos empresarios, porque no hay un enfoque diferencial para que precisamente esa persona que está integrada a los pequeños comercios pueda sobrevivir. Si sumamos la carga impositiva, que es de casi el 60 % para todas las empresas, va a ser muy difícil seguir haciendo empresa en Colombia. Es ilógico que una reforma laboral no promueva el empleo y no genere la confianza para que haya inversión, siendo lo que el país necesita. La reforma tampoco mejora las condiciones de los contratos de prestación de servicios, las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), que son modalidades precarias contractuales en el sector público, donde abusan de los trabajadores; acabarlas es una promesa incumplida de Gustavo Petro en esta reforma. Como siempre, este gobierno solo busca destruir y en esta oportunidad va a destruir el empleo con el que se sostienen cientos de familias colombianas. Alertamos desde los partidos de oposición que el Gobierno cuenta con las mayorías para pasar la reforma, que es algo muy lamentable”.

Causas y efectos sobre una mala reforma

En este sentido, la representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, explicó: “Uno de los aspectos más críticos es que 5 millones de negocios que existen en nuestro país están en riesgo, esos que con esfuerzo y contra viento y marea sacan adelante sus ideas y generan sus ingresos. Esos que deben asumir los costos adicionales como consecuencia de un Estado que no funciona, costos adicionales para enfrentar la inseguridad, costos adicionales por la mala calidad de los servicios, costos adicionales por una economía debilitada por discursos que desestimulan las inversiones y que afectan gravemente el clima de los negocios. No vamos a permitir que trasladen estos costos adicionales a una reforma laboral que hace más costosos sus negocios. No permitiremos que se metan con los pequeños empresarios buscando hacerles más difíciles sus actividades, esa reforma sin lugar a dudas no tiene en cuenta la realidad de los trabajadores y es enemiga del empleo, de la clase media, de los emprendimientos y de los pequeños negocios”.

Igualmente, Andrés Forero, representante del Centro Democrático, señaló que “la reforma sigue avanzando a pesar de las malas cifras de desempleo que han salido y lamentablemente los compañeros de la Cámara de Representantes no están conscientes de que esta reforma en lugar de resolver los problemas del país tiende a agravarlos. Hemos visto cómo entre agosto del 2023 y agosto del 2024 la tasa de desempleo pasó de 9,3% a 9,7% y a pesar de eso el Gobierno sigue avanzando en su trámite. Hundimos el artículo 8, que establecía una tabla excesiva de pagos por indemnizaciones ante despidos sin justa causa, eso iba a generar un incentivo perverso y posiblemente tenía la intención de favorecer a los empleados y perjudicar a las empresas. El Gobierno logró la aprobación de las horas nocturnas, eso favorece a los trabajadores, pero perjudica a las pequeñas y medianas empresas, lo que puede desencadenar la pérdida de 500.000 empleos formales. Quedan artículos sensibles por discutir, como el 67, que reglamenta los contratos sindicales y que el Gobierno pretende acabar como figura laboral, de la cual hacen parte aproximadamente 400.000 personas. Además del artículo 60, que hace más gravoso el proceso de innovación y automatización en el país y dificulta los aumentos de productividad. Y preocupa el contrato de aprendizaje del Sena que está en los artículos 22 y 23, donde pese a las buenas intenciones del Gobierno, perjudica a los aprendices, porque al laboralizar ese contrato, las empresas preferirán monetizar y les van a quitar la oportunidad de capacitación a los aprendices”.

La representante Jénnifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, señaló: “Cuando hay dos efectos que ocurren al mismo tiempo y que los estudios econométricos establecen que las modificaciones a una variable pueden afectar a otras, no se puede decir que la variable de crecimiento económico y la generación de empleos entre 2002 y 2012 no se le puede atribuir a la reforma laboral de ese entonces. Un estudio del doctor Alejando Gaviria estableció que la generación y la formalización de empleo de la reforma flexibilizadora de Álvaro Uribe fueron inferiores a lo esperado. Otros estudios probaron que esa reforma lo que hizo fue obligar a los trabajadores a destinar más tiempo a sus empleos con una menor remuneración, generando una mayor carga laboral. Ahora, pese a que acompaño esta reforma laboral, no soy miope y no se puede desconocer la situación económica del país, el estado económico de las empresas, y por eso le hemos radicado al Gobierno Nacional cerca de 35 proposiciones para tener tratamientos diferenciales con la mipymes, para proteger a las empresas colombianas y para diferenciar el impacto de esta reforma. Además, le seguimos pidiendo y exigiendo al Gobierno que acompañe esta reforma con una política de reactivación económica financiada, porque sobre los artículos que falta debatir aún no se explica cómo lo van a hacer. En caso contrario, las consecuencias pueden tener un efecto perjudicial y totalmente opuesto a lo que queremos”.