De los 679 políticos castigados por corrupción entre 1991 y 2017, el 65% (es decir, 443) fueron castigados por irregularidades cometidas cuando se desempeñaron como alcaldes, según el informe ‘Así roban a Colombia’, revelado ayer por la Misión de Observación Electoral (MOE).

Las sanciones fueron proferidas por la Corte Suprema de Justicia en 337 casos, por la Procuraduría General de la Nación (161), por la Contraloría General de la Nación (128), por el Consejo de Estado (32) y otros por tribunales (21).

Mientras los alcaldes lideran la estadística, no se quedan atrás los gobernadores (137 casos), representantes a la Cámara (43), concejales (27), senadores (17) y diputados (12), la mayoría delinquió apropiándose de recursos públicos de Cundinamarca, Nariño, Santander, Boyacá y Tolima.

De acuerdo con el informe de la MOE, los sectores preferidos por los políticos corruptos para robar dineros públicos son infraestructura (18%), educación (14%), contratos de personal (13%), servicios públicos (11%), equipamiento municipal (7%) y vivienda (4%).

A partir de estos 679 casos, se destapan al menos siete modalidades de robo: usar el cargo para beneficiarse a sí mismo, a la familia o los amigos; pagar contratos por obras o servicios no entregados ni prestados; incluir sobrecostos en los contratos públicos; pedir sobornos a cambio de contratos; aliarse con grupos ilegales; expedir beneficios contrarios a la ley para obtener beneficios; y permitir actos de corrupción por descuido o falta de vigilancia.

Gabriel Angarita, subcoordinador del componente de administración pública y de corrupción de la MOE, explicó que los resultados recogen “más de 15.000 sentencias y fallos que han sacado los entes de control y las cortes en contra de funcionarios públicos únicamente de elección popular, los cuales han sido condenados y sancionados por delitos únicamente contra la administración pública”.

La preferencia por asaltar el erario público desde las alcaldías podría explicarse, reflexionó Angarita, en los presupuestos establecidos, así como la capacidad de ordenar gastos públicos, lo que les da a los mandatarios locales (aunque también a los seccionales) mayor injerencia sobre el gasto público.

“La capacidad de ordenar gasto hace que el Acalde tenga más poder y por esto incurra en mayores faltas a diferencia de, por ejemplo, un concejal que no tiene un presupuesto a la mano”, expuso el vocero de la MOE.

A lo anterior se agrega, anotó Angarita, que “el poder de control o de vigilancia que tienen las instituciones se centra en las ciudades capitales, donde históricamente se han visto muchos casos de corrupción”, aunque “como Colombia es un país extenso, infortunadamente el Gobierno no ha podido llegar a todas las regiones y a veces hay mucho espacio, mucho tiempo o permisibilidad de las instituciones para que las personas que tienen esta injerencia puedan llegar a hacer más actos en contra de la administración pública y no sean tan vigilados”.

En todas estas artimañas, los corruptos se apoderan de 50 billones de pesos, según cálculos expuestos por Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

La acción de estos funcionarios, añadió Hernández, “ha implicado no solamente una pérdida de recursos bastante significativa, sino un impacto mucho más amplio y complejo en la sociedad: en la garantía de derechos fundamentales, en la dinámica económica y en la confianza de nuestras instituciones”.

Estos funcionarios no solo incumplen, consideró Angarita, con su deber “de velar por el bienestar de la comunidad, sino que muchas veces llegan al poder a beneficiarse de la administración pública, aunque no es que sea en todos los casos”.

En otras palabras, se trata de personas que simplemente roban donde pueden, poniendo de manifiesto un deseo tan alto de apropiarse del patrimonio público que, como lo resaltó Angarita, no les importa si afectan “temas muy importantes como la alimentación escolar, en que se pierde el respeto hasta por lo más básico como lo es la alimentación de los niños, solamente por el deseo de beneficios propios que termina desangrando al país”.

El asalto a los dineros públicos se efectúa a través de “casi todos los organismos que hay y en casi todos los sectores en el país”, lo que se ha puesto en evidencia con “la cantidad de carruseles y de carteles. Hemos visto el cartel de la hemofilia, el de los locos, el de los pañales, el de los almuerzos escolares, el de la toga”.

“Hemos encontrado un gran número de sectores dentro de la administración pública en el cual usufructúa la administración. Es decir, no se perdona ningún sector público, sino que se busca ver en qué sector tal vez no hay tanto control ni tanta vigilancia para poder cometer los actos irregulares”, expresó.

Según Hernández, “la afectación de la corrupción es sobre la sociedad en conjunto, a veces pensamos que es un crimen sin víctimas. Pero son muy concretas y lastimosamente muy silenciosas porque no la percibimos de manera directa y en ese sentido la corrupción política se agrava en la medida que genera una perdida muy fuerte de confianza en la institucionalidad pública, en aquellas normas que nos están regulando nuestra vida social y así es muy difícil que funcione”.