Durante la imputación de cargos a varias personas sindicadas de lucrarse de los recursos destinados para el posconflicto, el fiscal del caso dijo que el exsenador Jorge Eduardo Géchem, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), era el encargado de gestionar los proyectos ante la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

La revelación la hizo el funcionario judicial cuando exponía ante el Juzgado 52 con función de Control de Garantías los delitos por los que la Fiscalía procesa a María Elvira Valencia, José Domingo Ardila, Yessica Carolina Gómez y Bibiana Marleny Arias, quienes presuntamente harían parte de una red criminal liderada por Marlon Marín, sobrino de Luciano Marín (Iván Márquez), miembro de la Dirección Nacional del partido Farc.

Según el fiscal del caso, Ardila, uno de los procesados, “relata en sus conversaciones telefónicas el manejo que tenía la ADR para lograr la viabilidad con los proyectos. En dichos diálogos el señor Ardila Neira pide dineros para una coordinadora de proyectos de la Agencia de Desarrollo Rural quien es la persona que colabora con la optimización de la viabilidad técnica de los proyectos productivos al interior de la entidad”.

En las conversaciones interceptadas Ardila relaciona a Géchem, “quien sería una de las personas encargadas de gestionar los proyectos ante la ya mencionada entidad”.

Estas grabaciones fueron aludidas por el fiscal al anunciar que las investigaciones de la Fiscalía pudieron detectar actuaciones irregulares por medio de adjudicaciones de contratos relacionados con la malla vial terciaria, con la estructuración indebida de proyectos productivos y la intermediación irregular para la adjudicación de proyectos a financiarse con fondos establecidos con diferentes esquemas de paz.

De acuerdo con el fiscal, estos hechos se realizaron valiéndose de su conocimiento en la estructuración de proyectos productivos y su experiencia laboral o conocimientos en temas de contratación. Para el fiscal, “el propósito común que se observó después del acuerdo fue obtener un provecho económico ilícito contrariando todo el marco legal que ha sido dispuesto para el beneficio general de la comunidad, particularmente en las víctimas, los reincorporados y en últimas, en la sociedad”.

Según la Fiscalía, el provecho económico que buscaban los procesados se traducía en porcentajes para los mismos, en caso de ser adjudicatarios de los contratos. Con estos señalamientos, para la Fiscalía es claro que se conformó una red de personas que giró en torno a Marlon Marín, y que los demás integrantes participaron desde la experiencia profesional o laboral de cada uno, y que “el provecho económico ilícito se obtendría a través de diferentes líneas de acción irregular, pero que leídas en conjunto demuestran intención de vulnerar el marco normativo que rige el posconflicto”.

Según el fiscal, en los departamentos de Cundinamarca, Santander y Antioquia durante enero de 2017 y hasta el mes de marzo de 2018, los procesados se concertaron para crear la red al margen de la ley por la que están siendo procesados.

El Fiscal precisó que pese a que Marín estuvo presente en algunos ciclos de conversación que se adelantaron en Cuba, no fue pieza clave en la negociación con el Gobierno nacional, y sin embargo sí fue a visitar las zonas veredales, supuestamente con el fin de acompañar al Estado colombiano en la caracterización de necesidades básicas de las personas que vivirían en esas zonas.

“Debemos indicar que de acuerdo con las evidencias que obran en el expediente, Marlon Marín emprendió de manera paralela actividades tendientes a gestionar ante entidades del Estado proyectos de manera irregular, esto de manera paralela a las labores que venía desempeñando en los proyectos productivos”, aseguró el Fiscal