Se trata de modificar la medida de aseguramiento sin privación de la libertad emitida por la Fiscalía General de la Nación 
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Modificar la medida de aseguramiento contra los generales en retiro, Óscar Peláez y Argemiro Serna, por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, solicitó la Procuraduría General de la Nación a la fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Esta medida también cubre el crimen contra el concejal Julio César Pedroza y el escolta Santiago Cuervo Jiménez en hechos registrados el 18 de agosto de 1988.

Para el Ministerio Público, los dos oficiales en retiro de la Policía Nacional deben estar privados de su libertad en un centro carcelario mientras se resuelve su situación jurídica, al considerar que el asesinato de Galán fue declarado como un hecho de lesa humanidad.  Por esta situación no se pueden conceder beneficios como la casa por cárcel.

La Fiscalía General cobijó a los dos generales con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir que solamente tienen una restricción para salir del país.

En un concepto emitido a la fiscal delegada, el Ministerio Público señala que debido al caso el ente investigador debe emitir una medida restrictiva de la libertad.  “Se solicita a la fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá se revoque la medida de aseguramiento no consistente en no privativa de la libertad por medida de aseguramiento de detención preventiva intramural”, precisa el informe.

La Procuraduría señala que los dos oficiales deben ser procesados como coautores del homicidio del líder político.  El órgano de control sostiene que en el desarrollo de los procesos por el magnicidio de Galán, la Fiscalía ha manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de mantener privados de su libertad a los implicados. Asimismo, la Procuraduría le pide revisar la preclusión de la investigación que se adelantaba al coronel (r) Gentil Vidal Sarria.

El general Serna, quien para la época de los hechos fungía como subcomandante de la Policía de Cundinamarca, es investigado por no haber tomado las medidas necesarias para proteger al candidato presidencial, pese a las amenazas que Galán enfrentaba por parte del Cartel de Medellín.

La Procuraduría señala que el oficial en retiro “tuvo conocimiento de la realización de la manifestación política” de Galán Sarmiento en uno de los eventos de cierre de su campaña presidencial.

Tras revisar los elementos materiales probatorios, la Fiscalía General consideró que en los informes de la época, se aseguraba que para la manifestación política se habían tomado las medidas necesarias para proteger su vida e integridad. Sin embargo, dicha información distaba mucho de la realidad puesto que existen evidencias de que no se realizaron las medidas necesarias para salvaguardar al líder político.

“Los policías designados para la seguridad de la concentración política no pertenecían al grupo de contraguerrilla ubicado en Soacha que, ese día (18 de agosto de 1989), deliberadamente fue desplazado fuera del municipio, a pesar de que su presencia era importante para custodiar la plaza central de Soacha y sus alrededores“, precisa la decisión.

En este mismo sentido se investiga al general Óscar Eduardo Peláez Carmona por presuntamente adelantar una serie de acciones destinadas a desviar las indagaciones por el crimen del candidato presidencial.

En los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia en contra del exdirector del DAS, general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez y el juzgado primero especializado de Cundinamarca contra el coronel (r) Miguel González, se hizo evidencia del plan para evitar que los verdaderos responsables del asesinato fueran identificados.

El exdirector de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) es señalado de haber creado y modificado pruebas para vincular a personas que nada tuvieron que ver con el plan criminal y la ejecución del atentado.