Desde 2016, las cifras de la Policía señalan que se han cometido 178 asesinatos en este grupo de personas protegidas, en tanto que la Defensoría del Pueblo calcula 311 

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El Estado colombiano se está mostrando incapaz de detener los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Según la Defensoría del Pueblo, cada tres días ocurre un asesinato en este grupo de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

El coronel José Restrepo, director del Cuerpo Élite para la paz, de la Policía Nacional, calculó en 178 los líderes sociales asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz, en 2016.

El miércoles fue asesinada en Cáceres, en Antioquia, Ana María Cortés, de 46 años, activista en derechos humanos y dirigente petrista.

El senador electo Gustavo Petro trinó que sus seguidores en ese municipio "ya habían sido golpeados por la policía local, el comandante del puesto los había amenazado", a raíz de lo cual el coronel Carlos Cabrera, subcomandante de la Policía Antioquia, anunció una investigación para determinar "si hay responsabilidad de policías" en este crimen.

Cáceres y la también activista Margarita Estupiñán -asesinada el martes en Tumaco- son las más recientes víctimas de una serie de ataques mortales contra activistas de derechos humanos en Colombia.

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio último, han sido asesinados "311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos", alertó la Defensoría del Pueblo.

Responsabilidades

Aunque el coronel Restrepo expuso que “entre la Fiscalía y la Policía tenemos una efectividad en las investigaciones del 65 por ciento y se han registrado 165 capturas de presuntos responsables de estas afectaciones”, para Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores, la verdad es que esas cifras esconden una impunidad "que hace que no se sepa quiénes son los que efectivamente están activando el gatillo contra estas personas y ahí se mezcla el tema de tierras, el tema de rentas ilícitas como el narcotráfico, pero también la minería, como por ejemplo lo que está pasando en Hidroituango".

Mientras el coronel Restrepo sostuvo que “dentro de las investigaciones y las capturas que se han generado se han podido establecer grupos disidentes, es decir de las mismas Farc que han generado las afectaciones, como en Tumaco donde el grupo Gente del Orden afectó a líderes de derechos humanos. En Antioquia se pudieron determinar algunas facciones del Clan del Golfo”; para Sánchez "en la situación de los asesinatos de líderes sociales existe una mezcla de todos los grupos ilegales asociados a economías que están protegidas por actores legales como Alcaldías o autoridades locales muy corruptas" e "inclusive habría participación de instituciones del Estado y allí es donde tiene que entrar a investigar la Fiscalía".

Ayer, el presidente Juan Manuel Santos informó que le ordenó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el traslado de los inspectores del Ejército y la Policía para “supervisar qué es lo que está sucediendo y cómo está reaccionado la Fuerza Pública” frente a los hechos en los que han sido ultimados líderes sociales.

Indicó, así mismo, que la neutralización de tales acciones exige “un trabajo conjunto de muchas entidades y muchas personas”.

Homicidios

Según el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, la mayoría de las homicidios han ocurrido en zonas con narcocultivos o minería ilegal, como los departamentos del Cauca (78 homicidios), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18) y Valle del Cauca y Chocó (ambos con 16).

"Hemos dicho basta ya, ni un líder social más asesinado en Colombia porque lo que requerimos es paz y tranquilidad", agregó Negret en un audio divulgado a periodistas.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, trinó que en "los próximos días" se convocará una comisión de garantías para evaluar medidas de protección.

Los homicidios de activistas son uno de los principales reclamos del partido Farc, cuyos militantes temen que ocurra un exterminio similar al perpetrado en las décadas 1980 y 1990 por paramilitares en complicidad con agentes estatales contra la Unión Patriótica.

Desde la firma de la paz, al menos 40 integrantes del partido Farc y familiares suyos han sido asesinados, según cifras oficiales.

Protesta

Para hoy está convocada una movilización nacional e internacional para expresar su rechazo por el alto número de asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos.

Con lemas como ‘Nos Están Matando’ o ‘Ser Líder Social No Es Delito’, así como prendiendo velas, los organizadores de estos actos buscan lanzar una advertencia al Gobierno nacional y a organizaciones internacionales de derechos humanos sobre la situación que vive el país.

Una de las voceras del colectivo Las Mujeres Contamos, le dijo a la Agencia Anadolu que entre las principales exigencias, tanto para los gobiernos entrante y saliente, están el “respeto por la vida, atención especial a líderes y lideresas que han recibido amenazas y celeridad y prioridad de parte de las autoridades a las investigaciones acerca de los asesinatos que ya se cometieron”.

Además, piden “seguridad para los líderes del país, que se empiece a implementar realmente el acuerdo de paz y seguridad para las personas que están vinculadas con este proceso”.

Este movimiento preparó un documento formal con sus exigencias, el cual será leído en cada uno de los puntos acordados y será presentado ante diferentes organismos como la Oficina Internacional de los Derechos Humanos (Oidhaco); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH; la Plataforma Internacional Contra la Impunidad (Impunity Watch) o la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

María José Ramírez, quien hace parte de la comunidad Global Shapers en Bogotá, un grupo de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, aseguró que lo que impulsó esta iniciativa es “demostrar no solo al Gobierno sino a la sociedad colombiana nuestro rechazo por el silencio y la indiferencia que está ocurriendo”.

Por su parte, María Alejandra Ramírez, una joven víctima del conflicto armado y representante de Colombia en el One Young World (un movimiento independiente que nació en Londres y que convoca a jóvenes líderes de todo el mundo), expresó que “pedimos medidas efectivas de seguridad a la Procuraduría, a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional, al Ejército”, añadiendo que “inclusive pedimos acciones a la Comisión de Verificación de la ONU”.