Con las sesiones ordinarias en el Congreso de la República, que comenzarán el próximo 17 de febrero, la discusión de la reforma a la salud debe concluir en segundo debate. Pese a que las bancadas de oposición buscan que el proyecto se archive, el partido de gobierno pretende salvarlo a como dé lugar.

En relación con este particular, EL NUEVO SIGLO consultó con los partidos de oposición qué podría ocurrir con la discusión de esta reforma.

Inicialmente, el representante Julio César Triana, del partido Cambio Radical, manifestó: “Desde la primera vez que el Gobierno radicó su reforma a la salud hemos denunciado que ese proyecto no resuelve los problemas de nuestro sistema de salud. Esta reforma tiene un diagnóstico erróneo y sólo agudiza los problemas de sostenibilidad y articulación que ya tiene el sistema de salud colombiano, mientras premia a las EPS para que no se resistan al cambio. 

Acto seguido, el parlamentario señaló: “No hay una solución a la problemática actual. La reforma que propuso el Gobierno es la continuación del discurso en pro de la completa estatización del sistema. Continúa entregando superpoderes a la Adres sin una alternativa realista para la auditoría de los miles de facturas que maneja el sistema al día. No están proponiendo medidas para controlar ni prevenir las crisis de desabastecimiento de medicamentos actuales ni las futuras. Más aún, continúan tomando el control de las EPS para darles un manejo inadecuado. No por nada la tasa nacional de reclamos por cada 10.000 afiliados cerró en 322,03 para 2024, un incremento del 17,3 % en comparación con el 2023”.

Luego el representante Triana agregó: “El llamado que realizó la Corte Constitucional es la reiteración de lo que veníamos advirtiendo desde el inicio. Este gobierno está siendo negligente con la sostenibilidad del sistema. Es una estrategia el no haber acordado un incremento de la UPC y dejar que solo se aumentara en el valor del IPC, como también es una estrategia demorar de forma sistemática los pagos de presupuestos máximos de los últimos años. Están quitándole los recursos al sistema, forzando la crisis financiera en todos los actores para así justificar la necesidad de una reforma que solo busca favorecer su ideología sin garantizar el derecho a la salud de los colombianos. No es claro cuánto más pueda aguantar el sistema de salud antes del colapso, mientras los pacientes siguen sin medicamentos y sin atención”.     

En el Partido Liberal, el proyecto también ha causado gran oposición. La representante Piedad Correal ha sido una de los congresistas que más han argumentado la grave afectación que tendrá para el sistema de salud la aprobación de esta iniciativa. “Adhiero a la ponencia de archivo, porque esta reforma a la salud no está concertada con todos los sectores. Las tutelas se han aumentado contra las EPS intervenidas. Le deben altas sumas de dinero a los hospitales públicos y privados. Se quita la libre elección. Se diluye la responsabilidad de la atención, poniendo obstáculos a la tutela”, aseguró.

Consecuencias de una mala administración de recursos

Luego, la parlamentaria liberal sostuvo que “hay una preocupación por el poco aumento de la UPC. ¿Es una presión para que el Congreso apruebe la reforma a la salud? Eso lo advierten los voceros de pacientes de Colombia. Se generará un impacto fuerte a los hospitales públicos del país para su sostenibilidad financiera. Se debe recalcular el valor de la UPC; está en riesgo la atención de millones de pacientes”.

Concluyó que “el cierre de más de 900 clínicas en el país, la demora en las citas, escasez de insumos, aumento de tutelas, entre otros, son la realidad actual del sistema de salud. El poco aumento de la UPC sigue agravando la situación, según las asociaciones de especialistas de Colombia. ¡El Gobierno debe reconsiderar su cálculo!”. Frente a este último aspecto, la representante destacó el fallo de la Corte Constitucional que le ordenó al Gobierno nacional concretar un aumento razonable y socializar el porcentaje con todos los actores del sistema de salud.

La colectividad que más objeciones ha presentado frente a este proyecto ha sido el Centro Democrático. El representante Andrés Forero ha explicado en múltiples oportunidades que este proyecto está promoviendo un enorme problema y es el aumento de la corrupción, que incluso sería superior al escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. “Sin importar si va a ser en sesiones ordinarias o extraordinarias, vamos a seguir dando el debate técnico de la reforma a la salud y le seguiremos explicando al país por qué este proyecto es inconveniente”. 

Así mismo, el parlamentario dijo: “Pero más allá de eso, el presidente no puede utilizar la discusión en el Congreso como una cortina de humo para tapar la crisis sanitaria que él mismo ha causado junto con su ministro, retrasando los pagos de presupuestos máximos a pacientes de alto costo y creciendo de manera insuficiente la UPC para el año 2025 por debajo del salario mínimo, afectando la prestación de servicios y poniendo en riesgo la vida de miles de colombianos”.

Así va el segundo debate en plenaria de Cámara

Forero concluyó en referencia al proyecto que “lo que veo es que ni siquiera los partidos cercanos al Gobierno están dispuestos a votar este proyecto ahora de manera pupitreada. Los partidos que han trabajado con el Gobierno están tratando de evidenciar que cuando se retome la discusión hay que hacerlo con rigor de discusión. El proyecto no resuelve los problemas del sistema, sino que los agrava y crea otros nuevos. Politiza la salud, fragmenta la atención e incentiva el desbordamiento del gasto. Debe hundirse”.

Por otro lado, el representante Víctor Salcedo, del Partido de la U, se pronunció: “Presidente, en ordinarias o en extras la discusión se tiene que dar de cara al país, con las asociaciones de pacientes, con el recurso humano en salud, con las asociaciones de hospitales, con las EPS. Un llamado al Gobierno nacional para que antes de convocar a extras sería bueno que el presidente pidiera un informe al Ministerio de Salud y a la Adres de la deuda en el sistema, insuficiencia en la UPC. Estamos listos para extras u ordinarias y resolver el tema de salud en Colombia”.

Luego agregó: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Desde el Congreso he denunciado que las medidas del Gobierno en el sector salud no solo no ayudan, sino que agravan la situación. Ronda también el fantasma de la escasez de medicamentos. Según el Invima, de 195 que se están monitoreando, cuatro están en riesgo de desabastecimiento y siete ya están desabastecidos. Nunca mejor dicho, y con dolor: aquí el remedio ha sido bastante peor que la enfermedad".

El representante Víctor Salcedo indicó además que “la decisión de la Corte Constitucional confirma lo que hemos venido advirtiendo desde el Congreso: el sistema de salud enfrenta una grave crisis debido a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este fallo reconoce que el valor de la UPC 2021-2024 no fue suficiente para garantizar el derecho a la salud de los colombianos y señala un incumplimiento reiterado por parte del Gobierno en la implementación de mecanismos adecuados para fijar su valor”.

Como se sabe, la intención del Gobierno nacional era citar a sesiones extraordinarias a la Cámara de Representantes a partir del próximo 10 de febrero. Sin embargo, el presidente de esa corporación, Jaime Salamanca, confirmó que “el Gobierno no citará a sesiones extraordinarias. La labor de la Cámara está en la Comisión Accidental con la conmoción interior en el Catatumbo. Regresaremos a sesiones ordinarias el próximo 17 de febrero”.