Debido a que no declararon tres exdirectivos de la multinacional brasileña Odebrecht fue aplazada ayer la audiencia de juicio oral a José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana, quien según la Fiscalía está involucrado en el escándalo por las millonarias coimas que pagó esta compañía en Colombia para quedarse con contratos de obra pública.

El juez 14 penal del circuito con función de conocimiento recriminó al fiscal Néstor Martínez por supuestas demoras en el trámite de principios de oportunidad, pues por carecer de este beneficio fue que Luiz Bueno Junior, Kuis Antonio Mameri y Luis Rocha Suárez se negaron a participar en esta audiencia.

Los tres exdirectivos se encuentran en Brasil, pero se habían comprometido a declarar en el caso de Melo, quien en junio pasado fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer interés indebido en la ejecución de contratos en calidad de interviniente. No obstante al final Bueno Junior, Mameri y Rocha Suárez se negaron a participar por videoconferencia en la audiencia, por no haber tramitado un principio de oportunidad con el ente acusador.

“No puedo frenar el juicio hasta que el Fiscal le dé o no trámite al principio de oportunidad”, dijo el Juez 14 Penal de Bogotá a la Fiscalía. Añadió que “bastante crítica se le hace a los jueces en actuaciones y aquí se ve obstruido el desarrollo del juicio por una clara inoperancia del Fiscal General". Por eso el Juez acudió a la conocida frase "no solo debe predicar sino también practicar".

No obstante el Juez fue enfático al señalar que “ya ordené la prueba y tienen que declarar y si no declaran pues utilizaré las medidas coercitivas que tenga que ejercer”.

Por su parte, el representante del Ministerio Público dijo en esta audiencia que la defensa de los tres exdirectivos de Odebrecht le aseguró que no tienen permiso para declarar porque no se ha puesto en vigor un mecanismo de cooperación internacional con Brasil.

Frente a lo cual el Juez 14 Penal de Bogotá señaló que “el mecanismo de cooperación judicial internacional no se hace al acomodo del testigo, sino de la autoridad judicial, entre dos autoridades judiciales”.

Luiz Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha Soares fueron los primeros en entregar información tras estallar a finales de 2016 el escándalo por las coimas que por más de 90.000 millones de pesos pagó la multinacional a funcionarios y políticos para asegurarse que le adjudicaran contratos.

Precisamente los testimonios de los tres brasileños permitieron las dos primeras capturas en este sonado caso: el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y el ex senador liberal Otto Bula.

La Fiscalía acusa a Melo Acosta de gestionar, supuestamente, con el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht un soborno de 6.5 millones de dólares para el exministro de Transporte, Gabriel García Morales, para que fuera adjudicada a esta compañía la construcción de la fase II de la Ruta del Sol.

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Proceso a Besaile

De otra parte, Roberto Prieto, exgerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en 2014, dijo ayer ante el Consejo de Estado, en una audiencia de pérdida de investidura del exsenador Musa Besaile, que no tiene conocimiento de alguna participación irregular de este con relación a la firma Odebrecht.

“No le puedo decir más nada su señoría, al señor Musa Besaile no lo veo hace mil años. Nunca me he reunido con él, ni me ha propuesto nada indebido y los brasileños no me han dicho absolutamente nada, tal como consta en los expedientes”, aseguró Prieto.

En septiembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar a Besaile por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht. Además el exparlamentario del partido de La U se encuentra privado de la libertad desde hace varios meses porque aceptó que pagó para frenar un proceso en este alto Tribunal, en lo que se ha llamado periodísticamente el ‘Cartel de la Toga’, por lo cual son investigados varios políticos, magistrados y exmagistrados.

Mientras que Prieto fue enviado a la cárcel a finales de mayo pasado, procesado, entre otros delitos, por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento público porque, supuestamente, participó en las actuaciones ilegales que se utilizaron para adjudicar la Ruta del Sol II, específicamente el sector tres, entregado en 2010 a Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Impregilo Spa sucursal de Colombia.

Para la Fiscalía, de igual forma, Prieto mintió al afirmar en diligencia de interrogatorio que la multinacional brasileña Odebrecht no había aportado dinero a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, declaraciones con las cuales presuntamente ocultó dicha información, que fue consignada en documentos oficiales.