La Procuraduría, la Organización de Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otros organismos, han denunciado este problema humanitario que hoy sigue azotando a miles de colombianos. Sólo en enero se denunciaron 1.000 desplazamientos sobre todo en el Bajo Cauca.

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Cuando el 24 de noviembre del 2016, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño 'Timochenko' firmaron el Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá, miles de colombianos creyeron que por fin acabaría la tragedia de vivir desplazados.

Sin embargo, luego de 15 meses de esa firma, el desplazamiento interno de personas no se acaba y sigue su escalada en varios departamentos. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) manifiesta su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno que se han presentado en las últimas semanas, y las violaciones de derechos humanos que se han presentado en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño.

Señalan que “ONU Derechos Humanos y ACNUR manifestamos nuestra preocupación por la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia), que hasta la fecha y desde el 19 de enero del presente año, ha afectado por lo menos a 822 personas (461 adultos y 361 niños, niñas, adolescentes).  Estos hechos reiterados de desplazamiento afectan el día de hoy a las comunidades de las veredas Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario”.

Indican que “quienes suscribimos este comunicado expresamos nuestra alarma por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca, que a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, supera en más del 255% la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior”.

Más de 1.000

Ante esta situación, el ACNUR llama la atención sobre el incremento del número de desplazamientos masivos desde el año anterior. Comparativamente, en solo el mes de enero de 2018, se han visto obligadas a desplazarse más de 1.000 personas, lo que implicaría un incremento importante respecto a los mismos hechos en el mes de enero de 2017, cuando más de 230 personas fueron desplazadas en eventos masivos.

Sostiene la ONU que “lo anterior alerta sobre la grave situación de riesgo en la que se encuentran las poblaciones ubicadas en zonas de disputa de actores armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Eln y disidencias de las Farc, entre otros. En estas zonas las poblaciones se ven afectadas no solo por el desplazamiento forzado sino que muchas veces son confinadas en sus propios territorios, quedando sin acceso a actividades básicas de subsistencia”.

El llamado

Ayer mismo, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades de cuatro departamentos y cinco municipios un informe de las acciones adelantadas para prevenir los desplazamientos masivos de más de mil personas, por hechos violentos ocurridos en el bajo Cauca, Nariño, sur de Córdoba, Caucasia, Antioquia, y en los límites entre Boyacá y Casanare.

La Procuraduría Delegada para la Defensa de los DD.HH, con base en una alerta de la Defensoría del Pueblo, solicitó al Gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano; al alcalde de Magüi Payán, Walter Quiñones; al Comandante de la Tercera División del Ejército, brigadier general Jorge Horacio Romero Pinzón; y al Comandante de Policía de Nariño, Coronel Haidiber Restrepo Ríos, un informe sobre las medidas que tomaron para proteger a la población y evitar el desplazamiento.

Así mismo, le pidió a la gobernación de Córdoba; al alcalde de San José de Uré, Luis José González Acosta; al comandante de la Séptima División del Ejército, general Alberto Sepúlveda Riaño; y al comandante de Policía de Córdoba, coronel Marcelo Napoleón Russi Cárdenas, un informe sobre el conocimiento de amenazas y medidas de protección para preservar la vida del líder comunal y “presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de San Pedrito de San José de Uré, Córdoba, y de la población para evitar el desplazamiento de 75 familias (375 personas) por amenazas por parte del grupo ‘Caparrapos’ y enfrentamientos entre ellos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

El ente de control también requirió al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; a los alcaldes de Cáceres, José Mercedes Berrío Berrío; y de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez; al Comandante Séptima División del Ejército, brigadier general Jorge Arturo Salgado Restrepo, y al Comandante de Policía Antioquia, coronel Carlos Mauricio Sierra Niño, sobre las acciones tomadas para proteger a 149 familias (383 personas) del pueblo Sinú y de comunidades de campesinos en los municipios de Cáceres, Antioquia, y 25 familias (125 personas) de la vereda de Puerto Colombia del municipio de Caucasia, debido a la presencia de hombres armados en estas regiones, además del riesgo de un posible desplazamiento de otras 350 familias residentes en la zona.

La Procuraduría, igualmente pidió al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; al alcalde de Paya, José Roldan Maldonado Pérez; al Comandante de la Segunda División del Ejército, brigadier general Jaime Agustín Carvajal Villamizar; y al Comandante de Policía Boyacá, coronel Juan Darío Rodríguez Martínez, un informe de las acciones para proteger la vida de tres familias que abandonaron sus viviendas luego de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Eln, motivo por el cual otras personas de la comunidad de Paya se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado.

La alerta

Esta alerta había sido dada por la Defensoría del Pueblo entre el 17 y el 20 de enero a causa de hechos violentos ocurridos en zonas como el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare.

El primer hecho se presentó el 17 de enero en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros del municipio de Magüi Payán (Nariño), por enfrentamientos entre miembros del Eln y disidencias de las Farc, causando el desplazamiento forzado de 45 familias (172 personas).

Un segundo caso se produjo el 18 de enero, luego del asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito de San José de Uré (Córdoba). De igual manera, desde el Resguardo Indígena Dochama, colindante con el lugar de los hechos, se advierte sobre la posibilidad del desplazamiento de más personas.

En un tercer evento ocurrido el 19 de enero, se desplazaron 149 familias (383 personas), miembros del Pueblo Zenú, así como comunidades campesinas de las veredas Piamonte, Ponciano Bajo, Ponciano Alto, Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Anará, San Francisco y Campanario del municipio de Cáceres (Antioquia) además de 25 familias (125 personas) de la vereda Puerto Colombia del municipio de Caucasia. 

El segundo país con desplazados

Según el informe de Acnur, Siria sigue teniendo el mayor número de personas desplazadas con 12 millones; le sigue Colombia con 7.7 millones; los afganos con 4.7 millones; los iraquíes con 4,2 millones; y los sursudaneses con 3.3 millones a finales de 2016.

Y es que las cifras no son alentadoras, pues en el mundo una de cada 113 personas ha sido desplazada de manera forzosa, y en Colombia en particular, 7.7 millones de personas han pasado por esta situación.

“Más de 50 % de los desplazados ha huido a barrios marginales en 30 ciudades del país. Si bien el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc ha significado un descenso importante en el número de nuevos desplazamientos en el último par de años, en los primeros cuatro meses de 2017 se contabilizan aproximadamente 6.600 personas, la mayoría de ellas población afrocolombiana e indígena”, afirma Acnur.

Además, cerca de 340 mil colombianos se han ido como refugiados a otros países, especialmente a Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica.