La Contraloría General de la República (CGR) evidenció un daño patrimonial por $44.583.151.204 al finalizar una Auditoría de Cumplimiento sobre la administración, fiscalización y cobro coactivo de la contribución parafiscal denominada “Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia”, una contribución con destinación específica para el fortalecimiento de las 32 universidades públicas.

Para la CGR, el cumplimiento de la normativa por parte de la DIAN y el Ministerio de Educación Nacional fue inconforme en todos los aspectos significativos frente a los criterios aplicados, razón por la cual se emitió un concepto de incumplimiento material adverso.

En el informe de auditoría realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras y la Delegada para el Sector Educación, se encontraron deficiencias en la supervisión del recaudo de la contribución por parte del Ministerio de Educación, evidenciando que los agentes retenedores no efectuaron la retención de manera oportuna y en consecuencia no se adelantaron acciones de fiscalización y cobro. 

Además, el ente de Control advirtió inconsistencias por parte de los agentes retenedores, quienes aplicaron la tarifa de manera errada sin que el Ministerio ejerciera la verificación oportuna de las sumas dejadas de recaudar. 

La Contraloría sostuvo que se “observaron debilidades en los procesos de fiscalización, debido a que se pudo evidenciar que se utilizó más de una tarifa para realizar el cálculo del valor presunto por trasladar, aun cuando el ministerio de Educación y la DIAN contaban con información amplia y suficiente para identificar el valor de cada uno de los contratos sujetos de retención”.

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Cabe mencionar que, para llevar a cabo el proceso de fiscalización, la DIAN cuenta con un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que el agente retenedor tenía que cumplir con la obligación de trasladar los recursos al Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia.

El inicio de dicho proceso depende de los insumos que la DIAN recibe del Ministerio de Educación en su rol de administrador; por lo anterior, dicho periodo se encuentra limitado, toda vez que el Ministerio comunica a la DIAN información sobre obligaciones pasados incluso tres años.

La Contraloría informó que se estableció pérdida de recursos por el reconocimiento de intereses moratorios por parte de algunos agentes retenedores, al haber liquidado y cancelado la retención por concepto de estampilla, después de vencido el término para trasladar los recursos al Fondo de las Universidades Estatales.

Además, se determinaron deficiencias en el proceso de identificación y en el seguimiento y control de los expedientes de fiscalización y cobranzas a través de las herramientas definidas para tal fin.

Igualmente, debilidades en el Sistema RIEL “ya que no se encuentra diseñado, ajustado y probado para realizar la correcta liquidación y Conversión a la Unidad de Valor Tributario (UVT) de la tarifa de la estampilla que dispuso la Resolución 024509 de 28 de diciembre de 2021”, sostuvo la CGR.