Se investigan versiones sobre una ‘conferencia’ refundacional de esa guerrilla, con nueva ‘cúpula’ y cadena de mando, que pronto sería anunciada. Sus efectivos estarían alrededor de los mil. No sólo han empezado a atacar a los desmovilizados, sino que se fortalecen en narcotráfico, minería ilegal y como riesgo electoral. Informe 

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“… Cuando los viejos grupos de autodefensa empezaron a organizarse ya como estructuras paramilitares, se advirtió al país del monstruo que se estaba incubando… Nadie hizo caso y a los pocos años los paras pusieron al Estado contra la pared, ensangrentando el país y cooptando muchas esferas de poder regional y local… Con las disidencias de las Farc puede estar pasando algo similar: el Gobierno y otros sectores defensores del proceso de paz las ven como un problema residual, pero no lo eran cuando comenzaron con 500 hombres-arma, y menos ahora que sobrepasan el millar…”.

Las palabras son de un reconocido y veterano exnegociador de paz para quien el país, por estar imbuido en otras problemáticas más urgentes o coyunturales, no le está poniendo la suficiente atención al peligroso fenómeno de las disidencias de las Farc. Un fenómeno que comenzó a tomar fuerza a mediados de 2016, incluso antes de firmarse en La Habana el acuerdo de paz con el gobierno Santos.

Por entonces ya se sabía de ciertos cabecillas inconformes con lo pactado en Cuba y aunque se enviaron desde la isla a varios cabecillas para neutralizar los brotes de ‘rebelión’ interna, estos siguieren extendiéndose lenta pero progresivamente.

Firmado el acuerdo de paz, votado el accidentado plebiscito de octubre de 2016 (que ganó el No) y luego de las maniobras en el Congreso para resucitar a la fuerza el pacto en diciembre de ese año, al inicio de 2017 ya se sabía tanto en la cúpula de las Farc como en la gubernamental que no menos de medio millar de combatientes con jefes de frente experimentados se habían apartado del proceso. No solo se negaron a concentrarse en las 26 zonas veredales y campamentarias creadas para el desarme y desmovilización, sino que habían roto ya cualquier vínculo de subordinación con el “secretariado” subversivo.

Así las cosas, mientras que más de 6.000 guerrilleros se concentraron, otros 500 decidieron seguir en el conflicto armado. Y se fueron con armas y todos sus pertrechos. Aunque en alguna ocasión se reportó un combate entre subversivos fieles al proceso y los disidentes, lo cierto es que hubo una especie de pacto tácito entre las partes: ninguna interferiría con la otra.

Todo ello con el agravante de que varios de los cabecillas disidentes, tipo “Jhon 40”, eran considerados verdaderos capos del narcotráfico en regiones de Meta, Caquetá y Guaviare, zonas en donde no sólo decidieron quedarse sino que entraron en combates o alianzas con las bandas criminales, carteles ‘puros’ de narcotráfico y el Eln por el control de los cultivos ilícitos, laboratorios, rutas y movilización de cargamentos de droga e insumos. Todo a la par de nuevas acciones de los disidentes en cuanto a ‘control territorial’, extorsiones, secuestros y manejo de otros negocios delictivos como la minería ilegal.

 

¿Qué está pasando hoy?

Las cifras sobre la dimensión de las disidencias de las Farc hoy por hoy son muy disímiles. Mientras que el Ministerio de Defensa no cree que haya más de 700 efectivos en estos grupos, otros análisis advierten que tras un proceso fuerte de reclutamiento de menores y jóvenes en varios departamentos, estas facciones ya podrían estar pasando de 1.000 o 1.500 efectivos.

No hay claridad, por el momento, sobre cuántos de los guerrilleros que se desarmaron y desmovilizaron decidieron reintegrarse a esos grupos disidentes. En el partido Farc consideran que es “muy bajo el número” pero sí advierten que una parte de los desmovilizados se han apartado del proceso por cuenta de la decepción que les produjo la demora del Estado en cumplir los compromisos en materia jurídica, política, económica y de reinserción a la vida civil. También se sabe que algunas bandas criminales y hasta guerrilleros del Eln les estarían ofreciendo ‘trabajo’ a esos desmovilizados, con sueldos mayores a dos millones de pesos mensuales.

Operan en Meta, Guaviare, Arauca, Nariño y Caquetá, especialmente

Todo lo anterior con el agravante de que en las últimas semanas tanto las autoridades militares como las policiales denunciaron que los grupos disidentes de las Farc estarían detrás de los asesinatos de varios de los desmovilizados de esa misma organización exsubversiva, hoy convertida en partido político. Las bandas criminales y el Eln también estarían entre los victimarios de los reinsertados.

 

¿Estructura nacional?

El fenómeno se torna más preocupante porque fuentes de Inteligencia Militar han alertado al alto gobierno en torno a informaciones recaudadas que estarían indicando que las disidencias de las Farc ya habrían decidido convertirse en una estructura única a nivel nacional, con jerarquías de orden central y regional.

Según conoció EL NUEVO SIGLO, esa nueva estructura nacional de las disidencias ya tendría nombre y una especie de ‘cúpula’ nacional, en la que estarían representados las facciones que operan en Meta, Guaviare, Arauca, Nariño y Caquetá, principalmente.

“… Se dice en algunas regiones que la cúpula disidente ya estructuró un nuevo Secretariado, que consideran ‘auténtico’ frente al que se desmovilizó, al cual ya no le reconocen autoridad alguna… También se rumora que ya habrían realizado una especie de ‘conferencia’ refundacional de las nuevas Farc, señalando que las causas para el alzamiento armado contra el Estado continúan vigentes”, precisó una alta fuente castrense.

Se sabe, igualmente, que aunque no hay orden de atacar a los desmovilizados o impedirles la actividad política, sí se instruyó a todos las cuadrillas de los disidentes que la cuestión es distinta cuando los exguerrilleros lleguen a las zonas para colaborar en los procesos de erradicación de narcocultivos, a lo que los alzados en armas se oponen obviamente.

Por último, la Fuerza Pública también investiga versiones según las cuales algunos de los jefes más caracterizados de las disidencias de las Farc estarían en contacto directo con los carteles mexicanos, con el fin de hacer negocios de tú a tú, sin intermediación alguna.

 

¿Dónde están?

Según el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), desde mediados de 2016, cuando gran parte del Frente 1 de las Farc anunció que se apartaba del proceso de paz, se ha venido monitoreando la evolución de las disidencias.

“Hemos insistido en que éstas no se forman por una sola causa; por el contrario, se deben valorar las razones económicas, organizacionales, políticas y algunas más como los atrasos de la implementación o la falta de garantías de seguridad”, señaló la fundación.

La investigación realizada señala no solo que “hay continuidad con el modo de actuar de las estructuras de las Farc, como lo han mostrado las acciones de alias ‘Calarcá’ en Mesetas (Meta)”, sino que hay una “oposición abierta al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en regiones donde no se tenían registros claros, como ocurre en El Paujil (Caquetá)”.

También se encontró que hay procesos de expansión territorial como el del frente ‘Oliver Sinisterra’, liderado por alias 'Guacho', hacia zonas de Nariño que han sido de injerencia histórica del Eln y también hacia la provincia de Esmeraldas (Ecuador).

Este es un tema particularmente grave toda vez que alias ‘Guacho’ no solo se ha convertido en la mayor amenaza al orden público en esa zona del país (que es la de mayor densidad de narcocultivos en Colombia), sino que incluso ya se le acusa de estar detrás de un carro-bomba que explotó hace tres semanas en una provincia fronteriza ecuatoriana. El gobierno de ese país tomó tan en serio el hecho terrorista que ordenó una movilización militar en la zona. Incluso, el caso de alias ‘Guacho’, que habría expulsado de Nariño al cabecilla desmovilizado alias ‘Romaña’, fue analizado esta semana por los presidentes Juan Manuel Santos y Lenín Moreno en la reunión de gabinete binacional realizada en Pereira.

Sigue operando en zonas de alta densidad de narcocultivos y rutas de droga

La investigación de la FIP también advierte sobre los primeros fenómenos de reincidencia de los desmovilizados. “Nos preocupa lo que ha venido ocurriendo con combatientes del frente 36 y 18 de las Farc, en la zona de Ituango y Briceño, quienes dejaron sus armas y recibieron los respectivos certificados”, sostuvo.

Igualmente hay alerta sobre el accionar de las disidencias compuestas por exintegrantes de los frentes 5 (Urabá antioqueño), 10 (Arauca), y 18 y 58 (Córdoba y Antioquia).

Según el conteo de la FIP habría cerca de 1.000 disidentes, aunque fuentes extraoficiales señalan que podrían llegar a ser 1.500. El aumento en regiones como Nariño se debe al reclutamiento de nuevos integrantes, especialmente de niños y jóvenes. (ver gráfico).

De acuerdo con este informe, si bien las disidencias “no cuentan con alta capacidad armada, sus acciones tienen gran impacto humanitario y parecen utilizar el modus operandi que tenían las Farc. Su impacto es crítico para los indígenas en Vaupés y para los afrodescendientes en el pacífico nariñense”.

Entre los cabecillas ya identificados de las disidencias están los alias ‘Cabuyo’ y alias ‘Carnitas’ (Antioquia), ‘Guacho’ (Nariño), ‘Calarcá’ (Meta), ‘Gentil Duarte’ (Guaviare), así como ‘Cadete’ y ‘Silver’ en Caquetá, entre otros. Se trata de facciones que pertenecían a las columnas móviles ‘Daniel Aldana’, ‘Miller Perdomo’, ‘Jacobo Arenas’ y ‘Teófilo Forero’, así como a los frentes ‘Acacio Medina’ y el ‘Vaupés’, entre otros.

Sin embargo, la misma Fundación advierte que aunque no están confirmadas por el Gobierno ni por la Fuerza Pública hay posibles disidencias de los antiguos frentes 3 y 49 (Caquetá), 5 (Urabá antioqueño), 16 (Guainía y Vichada), 10 (Arauca), 21 y ‘Tulio Barón’ (Tolima), 32 (Putumayo), 33 (Catatumbo), 34 (Chocó), 27 y 43 (Meta), 49 (Caquetá), 57 (Urabá chocoano), 58 (Córdoba), 59 (La Guajira), 60 (Cauca) y de las ‘Milicias bolivarianas’ de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

 

Riesgo electoral

Las disidencias de las Farc también se están convirtiendo en un riesgo electoral bastante complicado. Por lo menos así lo evidencian dos informes recientes sobre los riesgos de seguridad en la campaña para el Congreso y la Presidencia de la República.

Por ejemplo, esta semana el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, presentó una Alerta Temprana de Riesgo Electoral, identificando 287 municipios, en 29 departamentos, donde hay peligro por la posible incidencia e intervención de un grupo armado ilegal.

De acuerdo con ese informe, los grupos armados ilegales que más riesgo causan son el Eln (en 148 municipios); ‘Autodefensas Gaitanistas’ (127); las disidencias de Farc (78); otros grupos posdesmovilización (70) y el Epl (17).

De acuerdo con la Defensoría, hay amenazas contra personas o movimientos políticos, constreñimiento al sufragante, perturbación del certamen democrático y restricciones a la movilidad.

“Ningún grupo armado ilegal, a la fecha, ha manifestado públicamente querer atentar contra el certamen electoral, no obstante, su simple presencia, así como las acciones desplegadas recientemente, pueden afectar la libertad de los electores y de los candidatos en este proceso democrático”, recalcó el Defensor del Pueblo.

Agregó que “las disidencias de las Farc han atacado a exintegrantes de esta misma guerrilla y han restringido a las comunidades que realizan proselitismo a favor del partido Farc en Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó y Antioquia”.

A su turno, la Misión de Observación Electoral (MOE) en su Mapa de Riesgos Electorales indicó que en 170 municipios confluyen riesgos electorales indicativos de fraude y riesgos por factores de violencia

De acuerdo con Alejandra Barrios, directora nacional de la MOE, “los riesgos electorales pasaron de ser corredores que atravesaban importantes zonas del país a ser regiones específicas en las que se concentran economías ilegales y diferentes actores armados”.

 

¿Qué hacer?

Tanto el presidente Santos, como el Alto Comisionado de Paz, el ministro de Defensa y el Fiscal General han advertido que los disidentes están siendo combatidos con toda la fuerza del Estado, aunque hasta el momento no se les ha asestado un golpe duro en cuanto a bajas o captura de uno de los principales cabecillas.

También está claro que ninguno de los integrantes de los grupos disidentes puede ser cobijados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), razón por la cual si son capturados serán juzgados por la justicia ordinaria y con penas normales.

Pero más allá de ello, lo claro es que la Fuerza Pública debe redoblar esfuerzos y operativos contra las disidencias. Es obvio que, por la escalada terrorista, en estos momentos la prioridad es el Eln así como las bandas criminales, que toman más fuerza en materia de narcotráfico y minería ilegal.

Sin embargo, el monstruo de las disidencias sigue creciendo cada día más y lo que ayer era visto como un problema residual del acuerdo de paz con las Farc, hoy está tomando dimensiones mucho más graves y… sobre todo, difíciles de desmontar. La alerta no es nueva, pero el peligro crece y crece.