Luego de que el pasado miércoles EL NUEVO SIGLO publicara el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el que se da cuenta de 330 agresiones, entre amenazas, desplazamientos, hostigamientos y asesinatos de líderes sociales, incluidos minorías étnicas y potenciales candidatos políticos, ese colectivo actualizó sus cifras, y llamó la atención del Gobierno nacional.

Según la MOE, apenas a tres meses de haberse iniciado el proceso electoral de autoridades locales, se han registrado 30 hechos de violencia contra precandidatos, servidores públicos elegidos popularmente y funcionarios de los organismos de control.

“Desde que comenzó el período preelectoral el pasado 27 de octubre de 2018 hasta la fecha, la MOE registró 30 agresiones contra líderes políticos y servidores públicos. Las cinco regiones más afectadas por hechos de violencia política son: Cauca y Bogotá, con seis hechos cada uno; le siguen Cesar, con tres hechos; finalmente, Valle del Cauca y Putumayo, con dos cada uno”, destaca el informe, que tiene corte de cuentas al 1 de febrero de 2019.

La mayoría de estas amenazas, añade el documento, provienen de una misma fuente “a la que oficialmente no se le reconoce existencia”.

Por ello, Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, le pidió a la Presidencia de la República que “se integren a todos los partidos y movimientos políticos en las estrategias para prevenir el escalamiento de este tipo de agresiones”.

Ello, luego de que, justamente esta semana se reuniera por primera vez en lo que va de la actual administración la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada con el Acuerdo de Paz para definir los mecanismos de protección personal en la participación política.

“Si bien se reconoce la importancia de la primera Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, es necesario involucrar a todas las organizaciones políticas, a miembros de la oposición y servidores públicos elegidos por voto popular, ya que el actual Plan de Acción Oportuna solo cobija líderes sociales y comunales, periodistas y defensores de derechos humanos”, afirmó la Directora de la Misión.

El informe recuerda que dentro de las 30 agresiones registradas, seis hechos han sido dirigidos contra precandidatos a alcaldías, la mayoría de ellos con filiación política conocida. Estos corresponden a dos candidatos del Partido Alianza Verde, uno de Cambio Radical, uno independiente y tres sin partido identificado.

Y de los seis precandidatos, dos han sido asesinados en menos de 72 horas. El primero de ellos fue el precandidato a la Alcaldía de Cerrito-Valle del Cauca, Silvio Montaño Arango, el pasado 29 de enero. El segundo, Jorge Herney Castrillón, precandidato a la Alcaldía de San José Uré -Córdoba, el 30 de enero.

Respecto de las amenazas contra candidatos y funcionarios electos, consigna que la primera ocurrió el pasado 20 de enero contra dos diputados de Putumayo, Yuri Quintero (Alianza Verde) y Euler Guerrero (Polo Democrático Alternativo).

La segunda fue en Bogotá contra dos precandidatos a la Alcaldía, Claudia López y Antonio Navarro Wolf (AV); y cuatro congresistas: Ángela María Robledo y Gustavo Petro (Colombia Humana); Iván Cepeda (Polo), y Antonio Sanguino (AV).