Dimar Torres Arévalo se convirtió, según la Misión de Verificación de la ONU, en el desmovilizado número 130 de la desmovilizada guerrilla de las Farc en ser asesinado desde que se firmó el Acuerdo del Teatro Colón en noviembre de 2016.

Pero hasta ahora es el primer exguerrillero asesinado por el que el Ejército Nacional pide público perdón y es la causa de la moción de censura que comenzó a tramitarse en el Congreso de la República contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto.

El cuerpo de Torres Arévalo apareció en la tarde del 22 de abril en zona rural de Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander. Justamente en esa región queda el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde se estaba concentrado el exguerrillero y su familia.
Según la versión de la comunidad, donde el desmovilizado era muy conocido y apreciado, Torres había salido al pueblo a comprar algunos elementos para sus labores de campo, haciendo uso del permiso que le otorga la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
De regreso al ETCR, Torres tenía que pasar por tres retenes militares instalados por tropas del Ejército encargadas de proteger el oleoducto Caño Limón-Coveñas.

De acuerdo con el relato de la comunidad, pasadas las 5:30 p.m. de ese 22 de abril, se escuchó una ráfaga de fusil y como Torres no había regresado, varias personas decidieron salir a buscarlo.

Solo hacia la media noche fue hallado su cuerpo semidesnudo al parecer con evidentes muestras de tortura y signos de castración, abandonado en un sector donde fue hallado un hueco recién cavado, el sombrero de Torres y algunos elementos como palas.

Al llegar a la zona, las tropas oficiales impidieron el ingreso de la comunidad con el argumento de que se podría alterar la escena del crimen, por lo que se presentó una especie de asonada.

Al día siguiente se conoció la primera versión oficial por cuenta del ministro Botero.

Según el funcionario, un cabo del Ejército bajó por un caño de la zona y estaba lavando la reata del fusil cuando apareció el exguerrillero, quien habría intentado arrebatarle el arma: “Se presentó un forcejeo y se disparó el fusil, esta persona quedó herida y posteriormente falleció”.

El miércoles 24 de abril, es decir un día después, el Ministro reiteró la versión del día anterior, pero entonces fue cuando la Comisión de Paz del Senado decidió hacer presencia en la zona el viernes 26 de abril.

Mientras se esclarecen los hechos, el Comando del Ejército decidió apartar temporalmente al pelotón que hacía presencia en la zona, compuesto por 35 uniformados.

“Asesinato en persona protegida”

Reunidas todas las versiones de la comunidad, el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras (La U), afirmó este fin de semana que, evidentemente, la muerte del exguerrillero Torres Arévalo no se trató de un accidente, como dijo el Ministro de Defensa, sino que se trató de un asesinato extrajudicial.

“Es evidente que esto no fue un accidente sino que esto corresponde a un asesinato en persona protegida, técnicamente esto es lo que se conoce como fue una ejecución extrajudicial”, afirmó el parlamentario, que estuvo acompañado por los senadores Iván Cepeda (Polo Democrático), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Juan Carlos Lozada (partido Farc).

Barreras, además, añadió que “para la Comisión de Paz, esto no es solo un asesinato, es además un riesgo para el Proceso de Paz porque el acuerdo firmado implica primero respetar la vida de quienes dejaron las armas”.

Durante su visita a la zona, la Comisión de Paz del Senado estuvo acompañada por más de un centenar de campesinos, quienes escucharon un mea culpa del general del Ejército, Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército.

“Lamento desde lo más profundo (…). No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad. Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el Comandante debía poner la cara. Lo lamento en el alma y en nombre los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar les pido perdón. Esto no debió haber pasado y esto no obedece a una acción militar, pero yo no soy quien para decir lo que pasó allí”, señaló el oficial.

Lo paradójico es que el general Villegas también ha sido investigado por su posible participación en la ejecución extrajudicial de Ómer Alcides Villada, ocurrida el 25 de marzo de 2008 en Montebello, Antioquia, y su caso está en estudio en la JEP.

Imputarán cargos

En la noche de este domingo, el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el ministro Botero se refirieron nuevamente al avance de las investigaciones.

Botero explicó que el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez “dio dos versiones diferentes” sobre la muerte del desmovilizado. “En un principio dijo que se trató de un forcejeo, pero después le dijo a la Fiscalía y al Ejercito que fue en defensa propia”.

Por su parte, el fiscal Martínez explicó que la versión del cabo Gómez “no coincide con las pruebas que hasta el momento ha entregado la investigación”, ya que las pruebas técnicas de balística concluyen que se trataría de un homicidio.

“La Fiscalía ha tomado la decisión de presentar imputación ante juez de garantías por el delito de homicidio agravado y de solicitar la correspondiente medida de aseguramiento en el curso de las próximas horas”, manifestó el jefe del ente acusador.

Pero mientras avanzan las investigaciones y se conoce el dictamen forense de Medicina Legal, en el Congreso de la República comenzó a tomar fuerza la posibilidad de una moción de censura en contra del Ministro de Defensa, bajo el argumento de que “encubrió” al militar que asesinó al desmovilizado, y porque el Ministro “no está preparado” para desempeñar el cargo.