El pilar ético para el recto ejercicio de la judicatura | El Nuevo Siglo
Foto archivo El Nuevo Siglo
Viernes, 4 de Octubre de 2019
Gilberto Blanco*
La humanización del juez.  Juzgar, más que un simple trabajo, es la elección de una forma de vida que demanda templanza de carácter, integridad de espíritu y humildad, junto con un alto compromiso social. Nueva entrega de la alianza de EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General 

____________

Muy a pesar de que es el individuo, como parte dentro de una contienda judicial, el principal actor del litigio, la mayoría de las veces la reglamentación y los complicados procedimientos legales, aunados al trato lejano que en ocasiones le dispensa la justicia, lo convierten en un ser inerte e incluso indefenso en el juicio.

El hombre de la plaza, -sin necesidad de mayores reflexiones-, se enfrenta a singulares barreras en la forma en que, por alguna razón, la vida lo pone al frente de la judicatura y no está ello ligado a un comportamiento pecaminoso, delictivo o inmoral. No, la experiencia enseña que, en cualquiera de los momentos de nuestra existencia, podemos estar ante un estrado judicial.

Lea también: #AQUÍCABEMOSTODOS, Colombia libre de xenofobia

Dentro de ese contexto, los jueces y magistrados reciben las angustias humanas y deben resolverlas con una lúcida, motivada, pero, sobre todo, ecuánime decisión. Para ello, les resultan exigibles conductas rectas y ejemplificantes, debiendo elevarse de su condición humana para asumir esa labor que en los orígenes de los tiempos les fue encomendada a los dioses. Resistirse a atractivas tentaciones como halago publicitario, los ofrecimientos económicos, las lealtades partidistas, las aspiraciones políticas o gremiales, pone a prueba el espíritu de quien regenta el apostolado de administrar justicia.

Juzgar, más que un simple trabajo, es la elección de una forma de vida que demanda templanza de carácter, integridad de espíritu y humildad, junto con un alto compromiso social. Sobre esto último, el juez debe ser consciente del entorno, debe vivir las angustias de su pueblo, de tal suerte que le resulte una obligación inexpugnable estudiar los problemas de su país y conocer sus dificultades, puesto que, si él es parte de un tiempo, de una tierra y de una época, entonces es el hijo o hija de un pueblo, producto de su historia. Ello lo obliga a estudiar la relación del derecho con los hechos y a analizar desde el prisma económico, político, sociológico y ambiental, el efecto de sus sentencias.

No es fácil desatar las controversias de los congéneres, máxime cuando la presencia de la justicia y de sus protagonistas en el espejo público, hacen que, al juzgar, esta potestad constitucional tenga una repercusión que trasciende la posición procesal de las partes, porque los temas de la judicatura son habitualmente de dominio público. No hay duda: los fallos interesan, la mayoría de las veces, a los medios de comunicación, a la Iglesia, a los gremios, a las comunidades, a los actores políticos y, en general, a los profanos del derecho.

 

Sin indiferencia

Por el alto compromiso social que resulta inherente al funcionario de la judicatura, aquél no puede asumir una posición de indiferencia ante los crecientes problemas que están afectando a la humanidad. Así, desde el espectro funcional que le es propio y que no es limitado -por la manera en que las decisiones judiciales impactan todos los ámbitos- corresponde al dispensador de justicia arrogarse una posición de liderazgo para combatir esos flagelos de conflictividad que se presentan cada vez más en nuestro convulsionado país.

ENS

¿Qué se entiende por un juez humano? Humanizar el proceso significa crear una justicia con rostro humano. Un juez cercano, dinámico y proactivo es el que rehúye a la expresión con la que se formó una generación entera de abogados, según la cual se advertía que “la ley no tiene corazón y el magistrado que le presta el suyo, PREVARICA”. Nada más lejano a una posición humanista de la justicia, porque la ley, como obra humana que es, resulta imperfecta y sus contenidos, por estar escritos, envejecen, quedando anquilosados o desactualizados. Inclusive, ésta puede ser desatinada, obsoleta y a veces injusta, de ahí la necesidad de acudir a ese postulado supremo de la equidad.

Entender en su más alta dimensión la condición humana de quien regente este sacerdocio, implica volcar una mirada hacia los más altos estándares de lo ético y de lo moral, erigiéndose en la más efectiva herramienta para luchar contra la corrupción. En efecto, ética y corrupción constituyen dos polos opuestos de la conducta humana; la primera se refiere a lo que es correcto o bueno, mientras que la palabra corrupción proviene etimológicamente de los vocablos “co” y “romper”, es decir, lo que rompe o descompone lo bueno.

 

Ámbitos misionales

La Procuraduría General de la Nación como entidad encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, la guarda de los derechos humanos y la defensa de los intereses de la sociedad, ha realizado esfuerzos significativos en la lucha contra la corrupción en el ámbito de sus competencias misionales; esto es, desde lo preventivo, lo disciplinario y, por supuesto, desde la intervención judicial, aspectos todos que se complementan con proyectos concretos que buscan integrar a la ciudadanía en el fortalecimiento del sistema de justicia.

Es así como, junto a todas las fuerzas vivas y actores, las altas Cortes, Acofade, Red de Veedurías Ciudadanas, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, los sindicatos, la Contraloría General de la República, la Corporación Excelencia para la Justicia, Colegios de Jueces y Fiscales y la OEI, entre otros, se encuentra desarrollando una iniciativa denominada “Voz por la Justicia”, que pretende hacer una Gran Consulta Ciudadana para la reestructuración del Sistema Judicial.

Su eje fundamental es la participación de la comunidad y de la institucionalidad en las diferentes regiones del país a fin de conocer las necesidades de la población en términos de la prestación de los servicios de justicia, infraestructura, eficacia, descongestión, probidad y transparencia, con el fin de consolidar un sistema más cercano y simplificado, cerrar la brecha de desigualdad dentro de la justicia y prevenir la vulneración de derechos.

Recuérdese que las mejores normas constitucionales no son las que provienen de las mentes más brillantes, sino que son las que ganan legitimidad cuando derivan del consenso, de la sana discusión; de escuchar y entender al otro y de un gran pacto nacional. Este último aspecto se potencializa al infinito en un país variopinto como el nuestro, dónde los códigos culturales varían de un Distrito Judicial a otro.

 

* Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales, Procuraduría General de la Nación.