Más de una veintena de concejales de Cartagena (Bolívar), Neiva (Huila), Floridablanca y San Gil (Santander) y Villavicencio (Meta) han sido privados de la libertad y algunos de ellos imputados por irregularidades que se han presentado en la elección de contralores distritales y municipales del actual período.

En estos procesos irregulares han mediado pago de coimas y tráfico de influencias, según las investigaciones de la Fiscalía. ¿Se trata de una coyuntura o es una práctica de vieja data que apenas hoy se pone al descubierto por la administración del fiscal Néstor Martínez Neira?

En cualquier caso, cuesta pensar que sea solo una coincidencia que 16 concejales de dos capitales departamentales, Cartagena y Neiva, hayan sido privados de la libertad por irregularidades, que por las investigaciones de la Fiscalía apuntan a corrupción, en la elección de contralores regionales del actual período (2016-2019).

Es posible que en anteriores procesos de elección de contralores regionales esta situación también se hubiera presentado, sin embargo, si fue así pasó inadvertida o nadie la investigó.

También es necesario tener en cuenta que la elección de los contralores territoriales del actual período se ha visibilizado más por los cambios que introdujo la Reforma de Equilibrio de Poderes en este proceso, al incorporar la convocatoria pública.

En ese sentido, el Acto Legislativo 02 de julio de 2015 (Reforma de Equilibrio de Poderes) introdujo que “los contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para el lapso igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso”.

Anteriormente los contralores eran elegidos por los concejos y asambleas departamentales  mediante ternas integradas por dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo. Así se dio hasta 2012 la escogencia de estos servidores encargados de cuidar que no se roben los recursos públicos.

Sin embargo la elección de los actuales contralores se adelantó en medio de críticas por parte de concejos y asambleas, ya que la disposición de adelantar convocatoria pública con los aspirantes, como lo estableció la Reforma de Equilibrio de Poderes, salió pocas semanas antes de que estas corporaciones iniciaran el proceso, y en varios casos no contaban con los recursos para contratar con universidades la ejecución de dicha convocatoria.

La elección de los actuales contralores regionales no solo ha implicado conductas que rayan en lo penal sino también irregularidades, como es que de la lista de aspirantes los concejales optan por escoger, precisamente, al que está inhabilitado.

Por ello el Consejo de Estado ha anulado la elección de varios contralores y la Procuraduría adelanta investigaciones a concejales.

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Privados de la libertad

El  pasado jueves el CTI de la Fiscalía capturó en plena sesión del Concejo de Neiva a ocho corporados, que según las investigaciones habrían recibido dádivas o solicitado puestos para favorecer a principios de 2016 con su voto la elección de José Hildebrán Perdomo como contralor del municipio y de Heidy Lorena Sánchez Castillo como personera.

La Fiscalía detectó que algunos cabildantes “habrían recibido dádivas o solicitaron puestos para votar a favor de dos aspirantes específicos en los procesos de selección de 2015 y 2016”.

Los elementos recopilados hasta el momento por el fiscal de conocimiento indicarían que un contratista privado de la región financió la candidatura de dos de los aspirantes a los entes de control y, presuntamente, entregó dádivas hasta por $12.000.000 a varios de los entonces integrantes del Concejo de Neiva para que votaran a favor de sus candidatos, señaló el ente acusador.

Por estas presuntas irregularidades, la Fiscalía obtuvo 15 órdenes de captura, 11 de ellas se hicieron efectivas en Neiva (Huila) contra ocho concejales, la actual Personera de la ciudad y un funcionario de la universidad encargada de la valoración de los aspirantes a la Personería y Contraloría municipal.

En cuanto al caso de Cartagena, en agosto del año pasado fue capturado el entonces alcalde, Manuel Duque, la contralora Nubia Fontalvo y ocho concejales de esta ciudad por presuntamente incurrir en el delito de cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía indicó en esa oportunidad que la elección de Fontalvo “fue precedida de diversas negociaciones y una reunión final el 7 de enero de 2016, a la que asistieron, entre otros, los capturados”.

En tanto que en julio de 2017, fueron capturados tres concejales del municipio de San Gil (Santander) por haber desacatado una orden judicial que ordenaba suspender el proceso de elección del Personero en 2016 y Contralor. La Fiscalía los imputó por prevaricato por acción y omisión.
Por esos días, la Fiscalía también imputó cargos a los concejales del municipio de Floridablanca, Santander, por la presunta elección irregular de Contralor y Personero de ese municipio en el año 2016.

Los concejales son investigados porque presuntamente no acataron el fallo del 7 de abril pasado del Tribunal Administrativo de Santander, que ordenaba convocar a la terna de aspirantes.

Anuladas

En julio pasado el Consejo de Estado declaró nula la elección de contralor de Valledupar, Omar Javier Contreras Socarrás, por estar inhabilitado para ocupar el cargo pues previamente había ejercido como defensor regional de Cesar, empleo perteneciente al nivel directivo.

En diciembre pasado la Procuraduría suspendió a 16 concejales de Ibagué por elección irregular del contralor Ramiro Sánchez.

En noviembre pasado el Consejo de Estado declaró nula la elección del contralor de Villavicencio, Iván Balcázar, al determinar que no se respetó la norma de la mayoría simple, pues necesitaba nueve votos y ganó solo con ocho.

En diciembre de 2016 el Consejo de Estado declaró nula la elección del contralor municipal de Santa Marta, Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospina, porque estaba inhabilitado ya que ocupó el empleo de nivel directivo en la Universidad del Magdalena, incluso después de ser elegido como contralor de Santa Marta por parte de los concejales.

El Fiscal

El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo frente a las irregularidades que se han presentado en la elección de contralores regionales que “estamos librando una lucha campal contra la corrupción y una de las expresiones más crudas y vulgares de la corrupción es que se compre a los concejales de las ciudades con el objeto de nombrar contralores o personeros de bolsillo”.