La sala ordinaria de juicio de la Procuraduría, donde se llevó a cabo el caso contra el ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva, por el escándalo de los pasaportes y la empresa Thomas and Greg, decidió confirmar la investigación contra el funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El Ministerio Público rechazó la petición de anulación del proceso presentada por la defensa, la cual argumentó que el caso no debía continuar debido a la presunta vulneración de los derechos de defensa del ministro, ya que no estaba claro el tiempo, modo y lugar de las supuestas faltas disciplinarias en las que se habría incurrido al declarar desierta la licitación para los pasaportes.
El procurador delegado, Ernesto Espinosa, denegó la solicitud de nulidad, ratificando así el proceso disciplinario contra el canciller suspendido Álvaro Leyva por las irregularidades en la licitación de los pasaportes. La defensa de Leyva planea impugnar esta decisión, argumentando que se ven forzados a especular sobre las supuestas conductas disciplinarias de su cliente debido a la falta de claridad en los cargos presentados por la Procuraduría.
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De acuerdo con la Sala Disciplinaria de Instrucción, se señala que el canciller habría cometido dos faltas disciplinarias, provisionalmente calificadas como gravísimas y realizadas a título de dolo. La primera sería la declaración desierta de la licitación 001 de 2023 sin fundamentos suficientes, lo que podría haber infringido los principios de contratación estatal. En segundo lugar, se le reprocha al ministro haber decretado la urgencia manifiesta durante el proceso contractual sin justificación aparente.
El Ministerio Público considera que las presuntas irregularidades de Leyva están claramente establecidas y rechaza la solicitud de nulidad presentada por su defensa, manteniendo así el caso vigente, el cual llevó a la suspensión del ministro por tres meses. La Procuraduría argumenta que no hay ambigüedad en los cargos y que se le está reprochando al ministro por no haber adjudicado la licitación, lo cual considera plenamente justificado. Además, señala que Leyva participó en la etapa precontractual de la licitación pública al redirigir el proceso y declararla desierta.
En cuanto a la solicitud de nulidad, la Procuraduría rechazó argumentando que Leyva se apartó de la rectitud, lealtad y honestidad al desconocer el deber de selección objetiva al declarar desierta la licitación, lo que infringió las reglas establecidas por la entidad para contratar el servicio de expedición de pasaportes.