La justicia especial de paz ordenó este lunes la libertad de una importante exguerrillera de las FARC que estaba presa en el país tras ser deportada en septiembre desde Estados Unidos donde cumplió una condena de 11 años por narcotráfico.

La libertad condicional de Anayibe Rojas, conocida como Sonia u Omaira Rojas, fue ordenada por la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), indicó el organismo en un texto enviado a periodistas.

"Esta decisión no define la situación jurídica de la compareciente. No es una amnistía ni un indulto", afirmó la JEP, creada en el pacto de paz para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El sistema establece la libertad provisional de los agentes estatales o guerrilleros que hayan cumplido una pena mínima de prisión de cinco años, quienes luego deben asistir a los tribunales de paz y contar la verdad so pena de perder los beneficios.

Sonia fue deportada en septiembre desde Estados Unidos y puesta presa apenas llegó al país por tener pendiente una condena de 17 años por tráfico de drogas y uso ilícito de equipos de comunicación, según la policía.

Rojas era la guerrillera de mayor rango presa en Estados Unidos, después de Simón Trinidad, un exbanquero que pasó por Harvard antes de convertirse en un líder de las FARC.

Trinidad fue capturado en Ecuador en 2004 y extraditado luego a Estados Unidos donde paga una condena de 60 años por secuestro. 

La exguerrillera fue condenada en 2007 a 16 años y medio de reclusión por el delito de conspiración para importar y vender cocaína en Estados Unidos. En agosto de 2018 había recobrado su libertad por buena conducta.

Según el ejército, Sonia manejó en su momento las finanzas de uno de los bloques más poderosos de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También fue acusada de coordinar secuestros y ataques a la fuerza pública.

Los otrora rebeldes comunistas dejaron las armas y se transformaron en partido tras firmar la paz a finales de 2016. 

A raíz de ese acuerdo, podrán evitar su extradición siempre que no hayan incurrido en delitos posteriores a esa fecha y cumplan con sus compromisos ante la JEP.

El tribunal podrá fijar penas alternativas a prisión para quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.