Un llamado hizo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a las autoridades para que investiguen y protejan a los reporteros, tras las nuevas amenazas que se han conocido contra comunicadores en el sur del país.

Es el caso de las constantes amenazas que vienen recibiendo los periodistas Germán Arenas, Dubán García y Jairo Figueroa, quienes desempeñan su labor en Mocoa, Putumayo, según la FLIP.

Añadió el gremio que “los reporteros consideran que las amenazas son producto de la información que han difundido a través de sus medios de comunicación sobre los operativos que adelantan el Ejército y la Policía en la región para capturar a miembros de disidencias de las Farc, narcotraficantes y miembros de bandas delincuenciales. Los tres periodistas cubren las fuentes de Fuerza Pública para sus informativos. Dubán García trabaja en la emisora La Primera en el informativo Noticias Al Día, Germán Arenas es corresponsal de Colprensa y Jairo Figueroa de Caracol Televisión y Blu Radio”.

En ese sentido la FLIP hace un llamado a la “Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad las amenazas contra los periodistas de Mocoa y, de esa manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia Contra Periodistas y Trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

Adicionalmente, la Fundación expresa su respaldo a los periodistas amenazados por el riesgo inminente al que se encuentran expuestos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que les implementen las medidas de resguardo necesarias para proteger su vida y su integridad

En lo corrido de 2018 la FLIP ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año anterior. Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, este año se han reportado 89.

Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.

Según la misma FLIP, desde 1938 han sido asesinados 155 periodistas en Colombia por razones de oficio.

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La semana pasada, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el asesinato del periodista Valentín Rúa, ocurrido el miércoles en Suárez, Cauca, como "retroceso" en la protección del ejercicio periodístico y exigió una investigación "rápida y transparente".

En junio, al condenar a Colombia por el asesinato del periodista Nelson Carvajal, ocurrido en 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que ese crimen “se inscribe dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de periodistas”.

Según un documento de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), “el origen de la violencia contra periodistas en Colombia, que antes podía ubicarse claramente en la acción de los grupos armados ilegales y estructuras del narcotráfico, hoy resulta difuso. En cierta forma se ha transitado entre la mordaza de las armas y la de las decisiones judiciales, las amenazas en redes sociales, el acoso judicial, las campañas de estigmatización y otros métodos, que aunque no siempre están relacionados directamente con la dinámica del conflicto armado, logran restringir el ejercicio periodístico”.

Desde 2015, la Fecolper ha documentado el aumento progresivo de las amenazas contra periodistas como principal forma de agresión contra la libertad de prensa en el país. En lo corrido de este año se ha registrado un número alarmante de amenazas desde la red, que no puede ser reducido a la existencia de “reacciones agresivas de inconformes” frente a las temáticas que se informan o investigan, sino que obligan al Estado a revisar con seriedad las motivaciones, medios y responsables detrás de los mensajes amenazantes.

De otra parte, recordó Fecolper, desde 2015 se ha alertado sobre las fallas en el modelo de protección a periodistas en situación de riesgo a cargo de la UNP, referidas al déficit presupuestal de la entidad, limitaciones en la evaluación de los riesgos específicos de la actividad periodística, morosidad en los trámites y la toma de decisiones sobre esquemas de protección, y los retrasos injustificados en la implementación de los mismos.

Según Fecolper, el gobierno de Juan Manuel Santos cerró su período con promesas incumplidas al gremio periodístico del país: la formulación de la “política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia” a cargo del Ministerio del Interior; y el Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.