El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, argumenta que se debe poner ojo a la posible venta de la EPS porque maneja dineros públicos de los usuarios

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La sola noticia sobre la posible venta de Medimás EPS a una firma norteamericana que tiene experiencia en software, hizo saltar las alarmas de los entes de control. Una de las reacciones más contundentes fue la de la Procuraduría General, la cual argumenta que en medio de este proceso está el manejo de dineros públicos entre particulares y el riesgo del desvío de los recursos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo entender esta determinación de medidas cautelares?

FERNANDO CARRILLO: En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursan dos acciones populares relacionadas con el proceso de venta de Cafesalud S.A. que dio lugar a Medimás, en el que participaron la Agente Liquidadora de Saludcoop y la Superintendencia Nacional de Salud.

La Procuraduría ha intervenido en estos procesos a través de los procuradores judiciales que se han designado para tal fin, y ante la anunciada negociación de venta de Medimás y de los activos de la liquidación de Saludcoop, de la cual tanto el país como el Ministerio Público desconocen las condiciones de la misma y del posible comprador, se decide solicitar la adopción de medidas cautelares tendientes a suspender el proceso de venta hasta tanto no se resuelva la acción popular que cursa en dicho tribunal y que tiene como fin revocar la venta de Cafesalud.

Argumentos

ENS: ¿Qué otros argumentos tiene ante la posible venta de Medimás?

FC: La precipitada venta además de dejar multimillonarias deudas con IPS públicas y privadas, en cabeza de Medimás SAS y de su propietaria Prestnewco, que no tienen cómo responder por haber sido constituidas con un capital de $1 millón, podría burlar la cercanas decisiones del tribunal respecto de las acciones populares en trámite.

Para ello, la Procuraduría había argumentado ante el alto Tribunal, que después de 24 meses de operación, Medimás no cumple con ninguno de los requisitos para operar como EPS; tiene pasivos superiores a los $2 billones y se encuentra sometida a medida preventiva de vigilancia especial por parte de la Supersalud, quien además removió su revisor fiscal y le designó un contralor con funciones de revisor fiscal. También se había puesto en conocimiento de los magistrados, que la Procuraduría adelanta otras investigaciones disciplinarias por la posible desviación de los recursos de la UPC que estaban destinados a prestar servicios médicos a sus afiliados y que presuntamente habrían sido utilizados para otros fines.

ENS: ¿A qué obedece la actual situación de Medimás?

FC: La situación actual de Medimás obedecería entre otras causas, a que nunca tuvo las condiciones técnicas, científicas y financieras para comprar y operar Cafesalud EPS y ha temido la Procuraduría que se repita la historia, y este nuevo proceso de venta, auspiciado como un “negocio entre particulares” pudiera concluir en que nuevamente la EPS termine en manos de otra sociedad, que según se ha podido establecer no tendría experiencia alguna en aseguramiento en salud. Las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca están dirigidas a la Agente Liquidadora, a Cafesalud y a la Superintendencia Nacional de Salud y les ordena abstenerse de adelantar negociaciones o autorizar la venta de Medimás hasta tanto no se haya producido el fallo de ese alto Tribunal.

Impacto

ENS: ¿Cómo evitar que el tema meramente comercial y de negocios en caso Medimás termine afectando a los ya perjudicados afiliados?

FC: El Sistema de Salud presta un servicio público y administra recursos públicos, esto responde a la obligación constitucional que tiene el Estado de garantizar el derecho fundamental a la salud y a la vida a través de la prestación de los servicios médicos a los colombianos. La Superintendencia Nacional de Salud debe garantizar que el posible comprador de Medimás, cumpla con las condiciones de experiencia, técnicas, operativas, financieras y demás necesarias para garantizar la atención en salud en condiciones de calidad, oportunidad e integralidad, de los más de 4 millones de afiliados que tiene esa EPS. En caso de que estas condiciones no se acrediten de manera previa a la supuesta venta, es su deber legal no autorizar dicha negociación.

ENS: ¿Cómo entender que pese a todas las reformas y alertas no haya sido posible por el Estado fijar las reglas de juego para una prestación de servicio eficiente y de alta calidad?

FC: Las reglas del juego existen. Colombia tiene una profusa legislación y reglamentación que debería ser suficiente para garantizar la idónea prestación de los servicios de salud a la población. Los problemas se derivan de la no aplicación de las mismas, de la falta de decisiones oportunas, de la tolerancia a los incumplimientos, de la invisibilidad de la afectación a los más vulnerables. Es por esto que la salud para el Ministerio Público es un eje prioritario, seguiremos actuando en todo el marco de nuestras competencias para que se cumplan las normas y se garantice el derecho a la salud de los colombianos.

Modelo

ENS: ¿Será el momento de repensar todo el modelo de aseguramiento y atención en salud, volviendo a un modelo marcadamente público y con poca intermediación de sector privado?

FC: En todo tiempo pueden repensarse los modelos de atención en salud, y este podría ser un buen momento para identificar las fallas y corregirlas. Es importante que antes de cualquier reestructuración del modelo, se depure el Sistema de manera que en él solamente operen actores idóneos, eficientes y transparentes que garanticen la calidad en la atención para los usuarios. Solamente cuando se tenga actores en estas condiciones, se tendrá la claridad para evaluar cuestiones de modelo.