Una situación generalizada de malestar e inconformidad vienen expresando desde hace varios meses los defensores públicos que prestan sus servicios a la Defensoría del Pueblo, debido a las que califican como “deplorables condiciones laborales” en las que se encuentran.

Por ello, tienen previsto realizar para el próximo 27 de noviembre un plantón a nivel nacional con el que buscan llamar la atención tanto del organismo de defensa de los derechos humanos como de la Procuraduría General de la Nación.

En Bogotá el plantón está previsto a realizarse en el complejo judicial de Paloquemao y en el resto del país frente a las sedes de los Juzgados Penales y de los Colegios Regionales de Defensores Públicos.

EL NUEVO SIGLO también conoció en fuentes de los defensores públicos que se analiza la posibilidad de presentar una renuncia masiva desde el 31 de diciembre entrante, lo que generaría un colapso sin precedentes en la administración de justicia.

La Defensoría Pública, como se sabe, es una dependencia de la Defensoría del Pueblo, que tiene por objeto administrar la prestación del servicio de defensa judicial para los ciudadanos que no disponen de recursos para pagar un abogado de confianza.

De acuerdo con la Ley 906 de 2004 que puso en marcha el Sistema Penal Acusatorio, si no hay defensa judicial no es posible procesar penalmente a ninguna persona por cualquier delito.

Por ello, la garantía a la defensa es un derecho constitucional y legal, y constituye un servicio público gratuito a cargo de la Defensoría Pública mediante la contratación de abogados expertos en Derecho Penal y Criminología.

En Colombia hay cerca de 1.500 abogados expertos que prestan sus servicios a la Defensoría Pública mediante la modalidad de prestación de servicios.

Sin embargo, estos profesionales consideran que en los últimos años, y particularmente en los últimos meses, sus condiciones laborales han venido desmejorando de forma significativa.

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Contratos cortos

El 29 de octubre la abogada Amparo Jaramillo, quien durante 21 años se desempeñó como defensora pública en Manizales, envió al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, una extensa carta que recoge el malestar de todos sus colegas y explica por qué renuncia a la renovación de su contrato.

Dice, por ejemplo, que antes los contratos de los defensores públicos se firmaban a un año, y ahora son de apenas de uno a tres meses.

“Irónicamente y con gran extrañeza pude observar que la entidad a la que le he servido con gran dedicación y que propende por el respeto de los derechos humanos de sus usuarios, violentara al interior a sus propios contratistas, no solo con las condiciones contractuales, sino también generando incertidumbre, zozobra e inestabilidad en la renovación de los mismos”, dice la misiva.

En ese sentido, Gerardo Pierino, vocero del Colegio de Defensores Públicos de Bogotá, explicó que la renovación de los contratos ha sido utilizada por los coordinadores de gestión, a los que deben enviar un informe mensual de su desempeño, “para presionarnos con horarios de servicio extendidos (a veces hasta 18 horas diarias) y una carga laboral exagerada, con la amenaza de hacer efectiva la póliza de cumplimiento que debemos suscribir”.

Según la fuente, no se entiende por qué si la Defensoría tiene un presupuesto anual aprobado, ofrece contratos de prestación de servicios tan cortos, con exceso de carga laboral y en condiciones infrahumanas.

“Los defensores públicos manejamos, en promedio, de 120 a 150 procesos judiciales, lo cual constituye explotación laboral; además, tres veces al mes debemos cumplir un turno de 16 horas en las diferentes URI de Bogotá, y debemos asistir todas las semanas a unos cursos de dos o tres horas llamados barras académicas. Es decir, estamos trabajando más de 58 horas semanales”.

Difíciles condiciones

Pierino agrega que las condiciones en que ejercen su labor “son muy precarias”: una oficina de 2 por 3 metros en las Unidades de Reacción inmediata donde trabajan dos o tres defensores públicos, sin adecuada ventilación ni luminosidad, cerca de los baños de los procesados, sin papelería ni útiles de oficina los cuales son costeados por los propios abogados, y sin seguridad para su integridad personal teniendo en cuenta que los defensores “muchas veces son amenazados por sus propios defendidos o sus familias”.

El otro motivo de inconformidad es el salario, pues después de los descuentos de ley a los contratos de prestación de servicio, terminan recibiendo, en promedio, $3,5 millones al mes después de atender entre 30 y 40 audiencias.

“La Defensoría Pública la cumplimos como un apostolado, no como una forma digna de trabajar y menos de vivir con decoro, pues hace cuatro años trabajamos con los mismos honorarios”, señala el vocero del Colegio de Defensores Públicos de Bogotá.

A todo lo anterior, los abogados Jaramillo y Pierino agregan que debido a la gratuidad para el ciudadano del servicio de Defensoría Pública, los abogados particulares han visto disminuidos sus ingresos y han tenido que limitarse a atender los procesos de quienes sí cuentan con recursos suficientes para costearse su propia defensa.