Cada vez es mayor el riesgo que dejan los altos costos que el país debe asumir en seguridad social en las finanzas públicas. De acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), los costos público-privados de los sistemas de salud han venido escalando de valores cercanos al 6% del PIB en el año 2000 hacia valores actuales del orden del 8% y 8,5% del PIB. Se estima que durante la última década se ha tenido un incremento del 0,5% del PIB por cuenta de la universalización y homologación del sistema de salud.

Estos mayores recursos han permitido llevar la esperanza de vida al nacer a cerca de los 75 años (actualmente), mostrando una ganancia de casi cinco años durante las dos últimas décadas. El problema es que pronto el país estará alcanzando umbrales de gastos en salud cercanos al 9% del PIB, prácticamente equivalentes a los observados en países maduros, como Gran Bretaña o España.

“En estos países ya se tiene una esperanza de vida cercana a los 82 y 84 años, lo cual indica que tenemos mucho camino por andar en materia de lograr una mejor aplicación de esos recursos de la salud”, sostuvo el gremio financiero.

Problemas

Describe ANIF que “de una parte, está el grave problema del saqueo territorial (incluyendo los carteles de la hemofilia, la diálisis, etc…) y, de otra, las dificultades para lograr limitar los gastos, donde la Ley Estatutaria tan solo logró acortarlos en casos específicos relacionados con tecnologías no probadas, servicios en el exterior o temas estéticos”.

Señaló el gremio financiero que “las dificultades para reglamentar la llamada lista negativa” y las complejidades de “compras de medicamentos en bloque” constituyen grandes desafíos para la entrante Administración Duque (2018-2022). Lo que debe quedar claro es que Colombia debe trabajar en ambos lados de la ecuación presupuestal de la seguridad social: por una parte tiene que acotar las generosas y regresivas pensiones que hoy ofrece Colpensiones  y trabajar en un mejor ordenamiento de los gastos en salud; y por otra parte, deberá concientizarse sobre que se requieren más recaudos tributarios para evitar una trayectoria insostenible de nuestra deuda pública”.

Apuntó además el organismo que “los discursos populistas de salario para los desempleados” o “garantía de pensión vital” para todos los mayores de 62 años son claramente irrealizables bajo las circunstancias actuales”.

Alivios

En el informe semanal de la ANIF, esta situación que se presenta a nivel global indica que “a pesar de los alivios provenientes del llamado ‘bono demográfico’ en los países desarrollados (con un promedio de menos de dos hijos por pareja), las presiones fiscales derivadas de mayores gastos en seguridad social han continuado escalando”.

El texto reza que “por ejemplo, en Francia, Italia y España el gasto pensional bordea el 15% del PIB y el gasto en salud otro 10% del PIB, representando ese 25% del PIB de gasto en seguridad social, cerca del 50% del total del gasto público. Por eso, allí se ha tenido que llevar la tasa del IVA a un promedio del 22% para así poder enfrentar con mayor recaudo esa presión de gasto. Sin embargo, lo que ha ocurrido, en el margen, es un deterioro en la posición fiscal de Europa, donde la relación Deuda Pública/PIB de estos países ha escalado de niveles del 60% hacia peligrosos niveles del 80% y 90% durante las dos últimas décadas”.

Asegura la ANIF que “como si fuera poco, las posiciones de centroizquierda en sus parlamentos abogan por expandir esos subsidios de la seguridad social en pensiones-salud al propio mercado laboral-salarial. Por ejemplo, se habla de otorgar el equivalente a un salario mínimo a todos los ciudadanos, dadas las dificultades que tiene un 20% de los jóvenes y un 10% de la población general para encontrar trabajos que les aseguren sus contribuciones a la seguridad social. De hecho, algunos países nórdicos ya se han movido en esa dirección; pero la diferencia radica en que allí se cuenta con fondos públicos superavitarios que permiten darse semejante lujo en política social masivamente (siendo Noruega el caso por excelencia)”.

Expone la entidad que “Estados Unidos lleva años debatiéndose entre: I) continuar con un 10 y 15% de su población carente de cobertura en seguridad social (especialmente en salud); II) obligar a todos los ciudadanos a comprar un seguro de salud (para poder aplicar el principio de subsidios cruzados intergeneracionales a través del mercado); o III) virar hacia esquemas públicos de salud (como en Europa). Esta última opción de socializar los servicios de salud fue descartada por Obama (2009-2016), y Trump (2017-2018) ha estado ‘petardeando’ la opción del seguro obligatorio (Obamacare). Así, de facto, Estados Unidos quedará estancado en un esquema de cobertura no universal, una total vergüenza para un país que se dice ‘desarrollado’”.