Minjusticia avanza en redacción de las medidas que permitirían la detención domiciliaria temporal de unos 10.000 reclusos que debería estar listo al final de esta semana

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“Es necesario verificar las facultades del director del Inpec para otorgar medidas de libertad”, sostuvo el fiscal general Francisco Barbosa al platear sus objeciones al proyecto de decreto de emergencia carcelaria durante una reunión virtual sostenida con la Comisión de Paz del Congreso.

Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, el Gobierno nacional prepara un proyecto de decreto que permitirá la salida de algunos reclusos para eliminar el hacinamiento en los penales y así impedir la expansión del coronavirus en las cárceles del país.

Barbosa analizó el proyecto de decreto, envió sus observaciones al Gobierno y expresó algunas inconformidades.

Según Barbosa, las excarcelaciones “se deben implementar por fases. Si se puede resolver el tema de algunas personas privadas de la libertad con un decreto corto y de rápida ejecución podríamos avanzar. Luego seguir con otro y así la justicia puede empezar a evacuar de forma escalonada”.

Así mismo, aseguró que la libertad condicional se puede conceder por los jueces de ejecución de penas rápidamente: “La justicia se debe concentrar en delitos no violentos con penas inferiores cinco años. Ahí le pido al Ministerio que me diga cuántas personas van a salir y en qué condiciones. Aquí tenemos una entidad que mañana no puede resolver mil solicitudes de libertad. El problema es cuánta gente, para saber las capacidades institucionales”.

Freno a criminalidad

El fiscal Barbosa hizo un llamado para que se definan lugares adecuados para entender los casos de personas sin ningún domicilio que saldrían a la libertad e hizo un llamado para que “las medidas transitorias no imposibiliten la ejecución de nuevas capturas. Con el proceso de legalización, esta emergencia no puede llevar a que me cierren los lugares de establecimientos carcelarios o no me dejen establecimientos carcelarios temporales”.

En este punto, Barbosa advirtió que pese a la emergencia por el coronavirus la criminalidad sigue funcionando y puso ejemplos: “Ayer se produjo la quema y el ataque a una ambulancia que venía de Barbacoas a Tumaco. Allí  fueron asesinadas y carbonizadas dos personas, presuntamente por una disidencia de la Oliver Sinisterra. En Villavicencio se presentó un homicidio múltiple. Capturamos a las personas y el juez de garantías tuvo que regresarlas a su propio domicilio”.

Así mismo, pidió respeto de las facultades de la Fiscalía, porque según el borrador de decreto “la Fiscalía tendría que cuidar, custodiar, trasladar personas en esos domicilios. Las Fiscalía y el CTI no tienen esa función. El Inpec debe realizarla. Debemos aprovechar para que el Inpec se convierta en una institución fortalecida. El Uspec solamente ejecutó el 7% del presupuesto, dejando de lado $200.000 millones de falta de ejecución en los proyectos de inversión”.

Doble instancia

Además, para Barbosa “en cualquier decreto debe haber una garantía de doble instancia, porque esas funciones que se establecieron en el proyecto de decreto dando a la Fiscalía la capacidad de definir la libertad de una persona es retornar al sistema inquisitivo y abandonar la esencia del sistema acusatorio”.

Por último sostuvo que la solución “no es solamente la de permitir que salga la gente. La solución es permitir que la gente salga en condiciones de supervivencia para garantizarle a todos los colombianos que en este momento están observando a la distancia que no se vaya a presentar un incremento de la criminalidad, que seguramente se presentará si no se toman medidas adecuadas donde los derechos humanos deben estar atados a unos mínimos establecidos en esta pandemia”.

Superación del hacinamiento
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, respondió en la misma sesión virtual que “el decreto es un proyecto todavía. Es del Ministerio, no del Gobierno. La gravedad de la situación amerita el propósito, no de lograr una solución permanente, pero sí ayudar junto con unas medidas superar el hacinamiento”.

Cabello aseguró que desde mucho antes “estamos llevando a cabo las medidas de urgencia. Desde el 2010 no se construían cárceles en el país. Estamos listos y trabajando con la cárcel de San Ángel para 1.600 personas, con las cárceles de Pereira y Riohacha con el mismo número de personas cada una. Vamos a empezar la licitación para cinco mil personas en el Atlántico. Contratamos en cuatro lugares de urgencia modulares para ayudar un poco. El presupuesto del año pasado se organizó para el plan de contingencia que estamos llevando a cabo”.

La ministra Cabello aclaró que la idea “es trabajar en un decreto donde no vamos a sacar a todos los privados de la libertad. Muchos nos lo piden con justificada razón, pero eso no es posible. Queremos un alivio inicial de medida coordinada de desinfección, médicos, jabones, gel, lo que lleva 133 centros penitenciarios, con medidas de salud junto al proyecto de deshacinar las cárceles”.

Agregó que el Ministerio no quiere “hacer una excarcelación. Esa es una figura jurídica que fue eliminada, que significaba una libertad condicional. Nosotros estamos ofreciendo crear la figura de prisión domiciliaria transitoria para los condenados o detención provisional transitoria para los sindicados”.

Coronavirus en las cárceles

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, dijo que “el hacinamiento es un problema de la mayoría de países de América Latina. Colombia debería tomar medidas urgentes para prevenir un desastre de salud causado por un brote de coronavirus dentro de las cárceles que tendría consecuencias de salud para el resto de la población colombiana, la medida más importante es reducir el hacinamiento en las cárceles y centros de detención”.

Vivanco propuso “liberar personas en prisión preventiva por delitos de baja gravedad, no violentos o que no representen un riesgo significativo de fuga. Personas en establecimientos con régimen semiabierto que trabajan en la comunidad durante el día. Personas con mayor riesgo para la salud, adultos mayores mujeres y niñas embarazadas. Personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones a causa del coronavirus. Y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias diabetes, enfermedades pulmonares y VIH. Las evaluaciones deberían determinar si se puede proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y el riesgo que su liberación representaría para el resto de la sociedad”.

Por último, Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, reveló que “el análisis de la oficina permite afirmar que de los 132 establecimientos carcelarios de Colombia tienen capacidad para albergar 80.928 personas cuando se encuentran actualmente 123,349 personas privadas de la libertad. Lo que es más grave son las condiciones inhumanas de las 6.822 personas privadas de libertad en los centros de detención transitoria del país”.

Brunori expresó que “los problemas que más afectan a estas personas están relacionados con la débil garantía al derecho al agua potable, a la salud, a la alimentación adecuada y medidas adecuadas para atender el derecho a la vida. Las medidas que se tomen deben aplicarse de manera transparente y ser comunicadas a las personas afectadas para evitar pánico y minimizar las tensiones que han generado muertos y heridos en las cárceles colombianas en la última semana”.