Justo en un momento en que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) dio inicio a procesos por graves delitos cometidos en el conflicto armado, como los secuestros que cometió la entonces guerrilla de las Farc y los llamados ‘falsos positivos’ ejecutados por algunos integrantes de la Fuerza Pública, este viernes el fiscal general Néstor Martínez reveló la existencia de un grupo de funcionarios dedicados a realizar falsedades y fraudes procesales para impedir que esta instancia cumpla con su deber de impartir justicia. Indicó que por estos hechos se abrió una indagación.

Martínez indicó que “tengo que declararle al país que la Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos inescrupulosos, estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar cumpliendo con la Constitución y la ley”.

Añadió que “por esa razón, hemos abierto una indagación a cargo de un fiscal especial que deberá producir decisiones prontamente con el fin de impedir que no se vaya a violentar el cumplimiento estricto de la Constitución y de la ley en esa jurisdicción, a partir de  acciones inenarrables pero de las cuales tenemos evidencias por parte de algunos funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz. Ese es el estado de cosas y de estos temas hay que hablar con claridad, con precisión y sin especulaciones”.

Poco después del grave anuncio del Fiscal General en que deja en entredicho a la JEP y también a los procesos que ya está adelantando por los graves delitos cometidos en el conflicto armado, la magistrada Patricia Linares, presidenta de esta Jurisdicción, emitió un comunicado en el cual señala que este viernes mismo el fiscal Martínez “me informó telefónicamente sobre la presunta comisión de hechos no ajustados a la ley por parte de algunos funcionarios de la JEP con la aparente intención de impedir el debido funcionamiento de la jurisdicción”.

Añadió la Presidenta de la JEP en la comunicación de prensa que “la Fiscalía General dejó en claro que no se trata de ningún funcionario adscrito a la magistratura. La jurisdicción agradece la diligencia y el ejercicio preventivo de la Fiscalía, los cuales redundan en el cabal cumplimiento de las funciones de la JEP”.

“Expresamos nuestra total disposición para que este suceso sea esclarecido de manera pronta y así se le haga saber a la opinión pública, la cual debe tener la plena certeza de nuestro compromiso y dedicación con el cumplimiento de nuestras tareas en pro de los derechos de las víctimas y la consolidación de la paz”, finalizó la togada.

Le puede interesar: Ultimátum a Farc: ¿dónde están los jefes evadidos?

Reacciones

Desde el Centro Democrático se escucharon reacciones poco después de que el Fiscal General hiciera públicas estas graves revelaciones. “Que Fiscalía llegue al fondo de esto y de probarse los hechos, la justicia ordinaria debe operar con efectividad para sancionar a los responsables. La JEP nunca generó confianza. Esto ocurre cuando los victimarios crean su propio tribunal”, indicó la senadora María del Rosario Guerra.

En tanto que el también senador José Obdulio Gaviria trinó que “los negociadores del gobierno fueron unos verdaderos ‘aprendices de brujo’. Nos dejaron la inundación de sembrados de coca como política ‘antidrogas’ y un Frankestein ‘judicial’ cuyo objeto real es impedir que el que hizo terrorismo y criminalidad sistemática, la pague”.

Mientras que el representante por el Huila, Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador, señaló que “la JEP cada día demuestra ser un tribunal hecho a la medida de los intereses de las Farc”.

Por su lado, el senador del partido Farc, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), tuiteó que “¿será que no hay quién le ponga freno a la lengua del señor Fiscal, distribuyendo acusaciones temerarias a diestra y siniestra, para encubrir la responsabilidad de los llamados terceros en el conflicto?”.

“El señor Fiscal es la punta de lanza de quienes quieren acabar la JEP para tapar sus responsabilidades en el conflicto (…) es inadmisible que el señor Fiscal amenace la JEP y pretenda chantajearla lanzando acusaciones temerarias. ¿A quién le está haciendo el mandado el señor Fiscal?”, concluyó el parlamentario.

Extraditables no pueden ir a la JEP: Procuraduría

Regresar a la justicia ordinaria los casos de tres extraditables que son requeridos por jueces de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, le pidió la Procuraduría General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los postulados, identificados como Osías Riascos Ocampo, Santos Román Narváez Ansazoy y Julio Armando Belalcázar Estacio, solicitaron su ingreso a este nuevo sistema de justicia transicional y ser beneficiados con la garantía de que no serían extraditados.

El Ministerio Público encontró que sus peticiones no cumplen con los requisitos exigidos por la JEP, porque su condición de exmilitantes de las Farc no se encuentra acreditada en sus respectivos procesos.

En los casos de Riascos y Narváez, la Procuraduría estableció que fueron excluidos de las listas que las Farc entregaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con los nombres de sus integrantes, mientras que Belalcázar aparte de no ser incluido en esos listados, tampoco ha sido acusado formalmente por el delito de rebelión, otro de los requisitos establecidos para ser aceptado por esta jurisdicción especial.

Riascos (conocido con los alias de ‘Chachito’ o ‘Yimi Riascos’), Narváez (alias ‘Román’) y Belalcázar (alias ‘Barón’) son señalados de pertenecer, presuntamente, a distintas estructuras ilegales que enviaron estupefacientes desde Colombia a Estados Unidos, utilizando rutas a través de países centroamericanos, y solicitaron su inclusión a la JEP argumentando que esas conductas tuvieron relación con las Farc.

El ente de control pidió que estos tres casos sean remitidos a la justicia ordinaria para que continúe el trámite de extradición, ante la falta de competencia de la JEP para conocerlo.

En otro concepto radicado ante la Sección de Revisión, la Procuraduría pidió a la JEP que cobije con la garantía de no ser extraditado a Pedro Luis Zuleta Noscué, alias el ‘Inválido’ o el ‘Cojo’, porque cumple los requisitos exigidos para gozar de ese beneficio.

Zuleta, quien fue jefe de finanzas del sexto frente de las Farc en el Cauca, es requerido por una corte de Estados Unidos por hechos relacionados con tráfico de estupefacientes entre 1985 y 2001.