La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre el aumento en el número de amenazas de muerte a periodistas en Colombia.

Mientras que para julio de 2017 se habían documentado 65 casos de amenazas, en este 2018 se han reportado 89.

Además, según la organización no gubernamental, estas cifras marcan una tendencia preocupante en los últimos años.

En 2015, se registraron 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.

“La Fundación expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones”, aseveró la organización en un comunicado.

La FLIP recalcó que esta alerta “sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país”, y recordó que en lo corrido de 2018, más de 100 personas han sido asesinadas, varios de los crímenes “contra la libertad de expresión”.

En su nota de prensa, la organización aseguró que ha reportado los casos de amenaza ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), “sin embargo, en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros”. Además, preocupa el desmonte de esquemas de protección

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FLIP expuso el caso de cuatro comunicadores que requieren protección urgente. Uno de ellos es Ricardo Ruidíaz, periodista y activista que ha denunciado la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar amenazas y asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio.

Otro caso es el de Catalina Vásquez, quien ejerce su labor periodística y de defensa de derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín.

Jhanuaria Gómez, que investiga acciones relacionadas con minería y sus consecuencias para el ambiente. Esta comunicadora tuvo que irse del municipio de Segovia, Antioquia, por las amenazas que estaba recibiendo. Además, recibió una de las amenazas a través de su hija.

La situación es similar para Laura Montoya, quien fue víctima de amenazas a través de una llamada mientras promovía una manifestación nacional en Mocoa, departamento del Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales el pasado viernes 6 de julio.

Algunos de estos casos no han sido atendidos, o se han debilitado esquemas de seguridad.