Por cartelización empresarial al manipular los resultados de 21 procesos de contratación pública en los últimos 10 años en refrigerios del Plan de Alimentación, PAE, en Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a 28 empresarios.

“La Superindustria pudo establecer que los contratistas más grandes, antiguos y consolidados del mercado, se habrían cartelizado para no competir por cada una de las zonas objeto de adjudicación con el objeto y/o el efecto de distorsionar o manipular el resultado de los mencionados procesos de contratación pública. Con su conducta anticompetitiva, los investigados habrían afectado procesos de contratación pública por un presupuesto aproximado de $1.5 billones de pesos”, explico Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio.

De acuerdo con la información oficial, los pliegos de cargos son contra 10 contratistas, una asociación de empresarios del sector de alimentos y 18 personas naturales.

Señala la entidad que la práctica anticompetitiva imputada a los contratistas investigados, tenía como finalidad repartirse, “entre ellos”, las distintas zonas de la ciudad respecto de la contratación del PAE en Bogotá, cuyos beneficiarios son más de 780 mil niños en edad escolar matriculados en el sistema educativo oficial de la capital de la República.

“Los contratistas imputados, a lo largo de los más de 10 años del período investigado (2007 – 2017), resultaron adjudicatarios de 178 zonas bajo la estrategia de ser proponentes únicos en una determinada zona; aparentar o simular estar compitiendo en otras zonas pero renunciando a hacer ofertas a la baja (lances a la baja) o inhabilitándose, entre otras estrategias coordinadas y concertadas de manera ilegal como la de desincentivar la competencia de terceras empresas no cartelizadas”, señaló la Superintendencia en un comunicado.

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Explicó que las estrategias cartelistas de las empresas, habrían eliminado las presiones competitivas propias de un mercado y, al mismo tiempo, les generó mayores posibilidades de resultar adjudicatarios de los contratos del Programa con precios más elevados, en detrimento de los presupuestos oficiales, la eficiencia de los recursos del Programa y del derecho del Estado a contratar, no con el único oferente, sino con el mejor oferente.

“En los escasos eventos (8 zonas de más de 300 objeto de adjudicación) en los que se presentaron 2 de las empresas investigadas a una misma zona, la Superindustria constató que, por regla general, uno de los proponentes investigados ofrecía el ahorro mínimo permitido según las reglas de la licitación y su contraparte renunciaba a realizar cualquier contraoferta (es decir, simulando competir), asegurando así que la zona fuera adjudicada para el primero de estos, con el menor ahorro posible para el Distrito”, señaló.

Agregó que “en contraste de lo anterior, cuando los investigados se enfrentaban a uno o varios oferentes no cartelizados, los porcentajes de ahorro se incrementaron sustancialmente al punto que se alcanzaron ahorros de hasta el 20%, mientras que en los objeto de imputación el ahorro fue marginal”.

De otra parte, material probatorio recaudado daría cuenta de que las empresas investigadas habrían acordado ejercer presión sobre las entidades contratantes con el fin de que éstas establecieran condiciones de contratación más favorables a los investigados. “Para lograr este objetivo habrían acordado, entre otros asuntos, no presentarse a varios procesos de selección con el objetivo de boicotearlos y que fuesen declarados desiertos dichos procesos de contratación”.

“En su ánimo de generar presión, los investigados llegaron incluso a presentar acciones encubiertas de tutela utilizando de manera engañosa a sus trabajadores para solicitar que se cambiaran las reglas de adjudicación alegando un supuesto riesgo de desempleo, cuya labor habría sido orientada y coordinada por la Asociación Colombiana de Proveedores de Alimentos, Asoproval.

El Grupo Élite contra Colusiones en Licitación Públicas de la Superindustria, encargado de liderar la presente investigación, encontró que los investigados celebraron reuniones, se cruzaron llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto (SMS), mensajes de WhatsApp y documentos digitales por medio de los cuales coordinaron los acuerdos y las conductas que eliminaron la competencia entre ellos. 

Según la información de la entidad, la investigación vincula a la Asoproval y a  10 contratistas, varios de los cuales tienen antecedentes o investigaciones por prácticas anticompetitivas e irregularidades en procesos de contratación pública, como es el caso de Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones LTDA. y de su controlante Germán Trujillo Manrique, quien se encuentra vinculado a un proceso penal por irregularidades relacionadas con el Programa de Alimentos Escolares en Santander; Alimentos Spress S.A.S., controlado por Stella Téllez, investigados por esta Superindustria por el presunto cartel de las frutas; Fabio Doblado, sancionado por obstrucción de una investigación relacionada con los procesos de contratación de alimentos para personas privadas de la libertad; Iberoamericana de Alimentos y Servicios S.A.S., controlada por Juan Carlos Almansa, investigada por el presunto cartel de las raciones militares; e Industrias Alimentos y Catering S.A.S., presuntamente controlada por Hayder Villalobos, investigados también por el presunto cartel de las raciones militares y vinculados a la investigación que adelantó esta Superintendencia por el carrusel de la contratación de Bogotá.