El 25 de enero de este año el entonces presidente, Iván Duque, sancionó la Ley 2197 de 2022, por medio de la cual se dictaron normas enfocadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Cuando casi se cumplen 10 meses de su aplicación, al menos en lo que a Bogotá respecta, la normativa no ha funcionado por interpretación y aplicación, aunque, como dijo la mandataria distrital, Claudia López, merece cambios posteriores.

No obstante, hay otra razón, relacionada con la judicialización y el temor a una extralimitación, que el analista de la Universidad Central Jorge Yarce-Tamayo le explicó a EL NUEVO SIGLO. 

“Una de las quejas, no solo de la alcaldesa de Bogotá sino de muchos de los gobernantes en el territorio nacional, es la judicialización. Hace mucho tiempo se está hablando de esa necesidad de que las aprehensiones se vuelvan en condenas efectivas, y por distintos motivos, en el sistema jurídico colombiano muchas de estas personas que son capturadas una y otra vez quedan nuevamente en libertad. La ley, si bien estipula unas circunstancias en las cuales se puede dar captura y se pueden considerar agravantes, también establece cuándo se configuran o no los delitos y el nivel de garantía que se le debe dar al capturado para que el proceso sea legítimo y haya una condena. Ahí es en donde el tema se comienza a perder”, le dijo Yarce-Tamayo a este Diario.

Añadió que la interpretación de la norma queda a voluntad de los jueces, “y estos temen exceder sus competencias a la hora de establecer que a la luz de las modificaciones dentro del Código Penal, en donde se establecen los agravantes, particularmente a los que hace referencia la alcaldesa, los jueces prefieren establecerlo sobre la cuantía y no precaver que existe una continuidad en las actividades de los sujetos procesados”.

Las modificaciones a la ley

En ese orden de ideas, a esta ley se le hicieron tres modificaciones: la primera de ellas, que cuando roban a cualquier persona con un arma, la ley considerará como un agravante el hecho de que hubiera utilización de la misma y que ese agravante sea causal de detención automática. “Eso no se está cumpliendo”, precisó frente a esta primera modificación la alcaldesa Claudia López.

“Eso quiere decir que en Bogotá cualquier persona que capturemos con un arma debería haber ido presa. Eso dice la ley, la ley que se debe aplicar y no se está aplicando”, agregó a este respecto la mandataria.

El segundo cambio que se solicitó, y que en efecto quedó incluido en la Ley de Seguridad Ciudadana, fue que se contemplara la recurrencia como un agravante. Eso quiere decir que, frente a la gente que roba y que luego vuelve a robar, ahora se puede imponer una detención inmediata.

Y en una tercera medida, quedó contemplado en la nueva legislación que dañar Transmilenio, dañar cualquier bien público o agredir a un servidor público no podía quedar impune. “Coger a palo a un policía o a un gestor de convivencia y agredirlo con arma blanca o contundente hoy es un delito”, precisó Claudia López.

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Las cifras que lo corroboran

Para sustentar esta argumentación, el Distrito hizo un balance detallado de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana desde que entró en vigencia, el 25 de enero, hasta el 1 de noviembre, periodo en el cual se ha capturado por hurto o atraco a 8.041 personas. De esas, 6.976 fueron por hurto; 1.047, por hurto con arma, fuera blanca, de fuego u otro objeto contundente; en 17 casos hubo daño en bien ajeno y en un caso se registró violencia contra un servidor público.

“Sin embargo, solamente 764 casos quedaron con detención carcelaria. Ni siquiera los 1.047 casos en los que hubo hurto con arma de por medio, los mandaron a la cárcel. Con el atracador y el arma. Les dieron detención domiciliaria a 71. ¿Qué hace ahí un atracador? Volver a robar. No vigila el Inpec a los que tiene en La Picota, mucho menos a los que manda a la casa. Eso es equivalente a dejar en libertad. Y a ocho les pusieron brazalete electrónico. Todos vemos los delitos, vemos las capturas y luego vemos cómo el delincuente queda otra vez libre. Con este nivel de impunidad no hay democracia viable. Apreciados jueces y fiscales, la construcción obliga defender la vida y la honra. Tenemos que poder judicializar al que comete un hurto”, enfatizó la alcaldesa. 

¿Qué está pasando?

Frente a estas cifras lo que la mandataria comenzó por denunciar, además de un grado sin precedentes de impunidad, fueron los porcentajes que denotan cómo recae sobre la responsabilidad de los jueces, fiscales y en un mínimo grado de la Policía, el hecho de que queden libres quienes cometen actos violentos.  

Así, especificó que en el 20% de los casos el juez dice “sí es un delito, este señor sí es un ladrón”, abre una noticia criminal, pero no lo manda a la cárcel porque el señor demostró que vive en Bogotá y no se va a volar.

“En 56 casos, de 8.041, hubo un error de la Policía, menos del 1%. El responsable de la mitad de los casos de impunidad es el fiscal en su valoración y en el 25% de los casos es el juez en su valoración. Cambiamos la ley y no nos sirvió. Ni la ley del pasado ni la nueva ley. Digamos que la cambiamos, pero la evidencia muestra hasta ahora que eso no sirve, no se cumple”, explicitó la alcaldesa López, quien precisó que de cada cuatro capturados, a dos los deja ir el fiscal del caso, que no imputa el cargo y lo deja libre, y en los otros caso, o no aplicaba o hay algún error en el procedimiento.

Así, tras la pregunta de: ¿quién los deja libres?, la alcaldesa dijo que el promedio es que ocho de cada 10 delincuentes quedan en libertad y por consiguiente hay que mejorar en esa judicialización. “De los 8.041 casos solamente en el 11% de los casos dieron alguna medida carcelaria (10% cárcel, 1% domiciliaria). En el 24% de los casos el fiscal dejó libre a la persona porque el delito es querellable (se requiere de una denuncia antes de las 36 horas). En el 14% de los casos el fiscal consideró que era mínima cuantía (menos de 4 millones robados), así que robar a los pobres no importa. ¿Robar a los pobres de Colombia no es un delito?”, precisó durante la semana la mandataria.

La solución

Por consiguiente y ante ese diagnóstico, ¿cuál fue la solución que se emitió desde el Distrito? Volver a cambiar la ley. “Hay un problema en la ley. Seguimos insistiendo en que la ley que propusimos hace un año y medio para corregir esto, ni siquiera ha tenido primer debate en el Congreso. Solamente en el 14% de los casos la no captura ocurre por algo legítimo y es que hubo conciliación.

“El problema es cómo estamos interpretando la ley, cómo se está aplicando y algunas disposiciones”, concluyó la mandataria.