De manera formal quedó este miércoles sometido el general (r) Mario Montoya Uribe a la Jurisdicción Especial para la Paz, después de que firmara el acta en este sentido ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

El pasado 13 de septiembre esta diligencia fue suspendida porque el ex oficial no reconoció 120 víctimas que figuran en este proceso. La diferencia es que en esta oportunidad la JEP reconoció a más de 70 víctimas en esta etapa inicial.

No obstante, se conoció que el ex oficial no reconocerá responsabilidad alguna en los cerca de 450 casos de víctimas de falsos positivos que figuran en este proceso, y su presencia ante la JEP es para demostrar su inocencia, según explicó hace algunos días su abogado Andrés Garzón.

Por ello su caso será asumido en primera instancia por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, y si Montoya insiste en que no es responsable de estos hechos el expediente pasaría a la Unidad de Investigación y Acusación. De ahí sería enviado a la Sección de no Reconocimiento.

Si Montoya se declarara responsable por episodios de falsos positivos cuando estuvo al frente de la comandancia del Ejército, entre 2006 y 2008, dice toda la verdad  y se compromete con la reparación de las víctimas, podría hacerse acreedor a una sanción de cinco años de restricción de la libertad, sin que ello implique cárcel.

Si Montoya se declara inocente la JEP lo investigará por estos hechos y si no encuentra pruebas, archivará el proceso, lo que hará que automáticamente se cierran las investigaciones por falsos positivos que desde hace cerca de cinco años la Fiscalía adelanta en su contra.

En tanto que el escenario más negativo para Montoya Uribe sería que la JEP lo encuentre culpable por estos hechos, situación que lo condenaría a 20 años de prisión.

No obstante, si Montoya hubiera dejado que su caso permaneciera en la Jurisdicción ordinaria, en caso de que resultara responsable afrontaría una pena de al menos 40 años de prisión.

La JEP aclaró en Twitter sobre el paso dado por Montoya que “no es un juicio, es una audiencia de manifestación voluntaria de sometimiento, puerta de entrada a la JEP. Al firmar el acta, el general (r) Montoya queda a disposición del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”.

En la audiencia un grupo de víctimas se retiró de la sala inconformes porque no fueron reconocidas dentro del proceso y no se les permitió intervenir.

Al respecto el director para la Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó en su cuenta de Twitter que “me parece poco serio que se movilice a víctimas solamente para darle visibilidad a la firma de un acta de sometimiento. La JEP no puede decidir hacer audiencias simplemente por una estrategia de relaciones públicas”.

Hace unos días Andrés Garzón, abogado del excomandante del Ejército, dijo sobre su sometimiento que "no hay ningún tipo de aceptación de responsabilidad donde no la hay. La JEP es una justicia como la ordinaria donde puede haber absoluciones o condenas y nosotros buscamos que se declare la inocencia del general Montoya".

Añadió, que "las víctimas pueden decir lo que a bien tengan, jurídicamente no es así. Claramente hemos visto cuál ha sido la actitud del general Montoya frente a la justicia porque siempre se ha presentado y siempre ha puesto la cara".

Antecedentes

El general (r) Mario Montoya es el uniformado de más alto rango entre los más de 1.500 que se han presentado ante la JEP buscando resolver su situación  jurídica.

Montoya fue uno de los militares más importantes en el segundo mandato del entonces presidente Álvaro Uribe, quien lo designó en 2006 en la comandancia del Ejército tras llamar a calificar servicios al general Reinaldo Castellanos en medio del remezón que hubo en la cúpula militar por un escándalo por los maltratos a 21 soldados del batallón Patriotas en el departamento del Tolima.

Entonces le correspondió al general Montoya dirigir la ofensiva de las Fuerzas Armadas principalmente contra las guerrillas de las Farc y el Eln, pues para esa época los grupos paramilitares en su mayoría se sometieron producto de la Ley de Justicia y Paz que promovió la administración Uribe.