Como es costumbre, desde cualquiera de las posiciones posibles ante la fumigación segura de narcocultivos con el herbicida glifosato, más de uno ha salido con que “eso no pasa sino aquí”. No es así

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En todas las latitudes se debate sobre la conveniencia de utilizar ese producto en particular (pero también otros semejantes) para la lucha antidroga, procurando erradicar los sembradíos de coca, amapola y marihuana, entre otros, aunque también se cuestiona si es higiénico usarlo en plantaciones comerciales, industriales y de pancoger.

Lo concreto es que el uso del glifosato, el herbicida más empleado en el mundo, es atacado en todas partes, pero hasta ahora raramente prohibido o penalizado.

Considerado desde 2015 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "cancerígeno probable", el glifosato es comercializado en productos de diferentes marcas, la más célebre es el Roundup, fabricado por el grupo estadounidense Monsanto, que pertenece ahora al gigante alemán Bayer.

No obstante, su utilización es de uso común. Como dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el glifosato en Colombia es utilizado en múltiples actividades agrícolas.

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Drones

Por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, tras una suspensión de varios meses, se volverá a asperjar con glifosato pero no desde aviones o helicópteros, sino usando drones, buscando hacer más efectivas las labores de erradicación forzada.

Esta semana, en respuestas enviadas a la Comisión Segunda del Senado, el Ministerio de Salud sostuvo que los riesgos potenciales se reducen con la aplicación de estrategias de manejo seguro.

El ministerio de salud, Juan Pablo Uribe, explicó sobre los riesgos que “la fumigación de cultivos de uso ilícito por medio de drones es una estrategia que permite mejor efectividad en el control de estos, debido a que el herbicida se aplica directamente sobre el blanco, reduciendo posibles efectos colaterales”.

“A su vez, el riesgo de exposición accidental o inadvertida para la población se reduce significativamente, haciendo que el potencial riesgo derivado de la exposición al agroquímico, se circunscriba esencialmente sobre el personal que se encarga de la aplicación de la medida, quienes cuentan con las normativas apropiadas para su reducción a la exposición por medio de elementos de protección personal y, a su vez, son sujeto de vigilancia epidemiológica para riesgo químico en el marco del programa de seguridad y salud en el trabajo de la Policía Antinarcóticos”, precisó.

Por todas partes

Hace casi un mes, un tribunal de San Francisco condenó a Monsanto a pagar casi 290 millones de dólares por no haber informado sobre la peligrosidad de su herbicida Roundup, que contribuyó "sustancialmente" a la enfermedad terminal de Dewayne Johnson, una victoria para este jardinero estadounidense que espera un efecto ‘bola de nieve’. Sin embargo, el asunto está en apelación.

Miles de demandas contra Monsanto están siendo tratadas en Estados Unidos, algunas más avanzadas que otras.

El gigante agroquímico repitió que "la decisión no cambia el hecho de que 800 estudios científicos y las conclusiones de la agencia estadounidense de protección del medioambiente (EPA), de los institutos nacionales para la salud y otras autoridades de regulación en el mundo sostienen que el glifosato no causa cáncer".

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) renovaron a fines de 2017 por cinco años la licencia para el uso del glifosato en el bloque, luego de dos años de un difícil debate.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, destacaba la venia de sus agencias científicas, la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que no clasificaron la sustancia como cancerígena.

Pero se puso en duda la independencia de la EFSA dado que, según revelaciones de prensa, su informe incluía pasajes copiados de un documento presentado en 2012 por Monsanto.

El gobierno francés prometió en mayo que el glifosato sería prohibido "en sus principales usos" para 2021, y "para todos sus usos" en un horizonte de cinco años.

Argentina, tercer productor mundial de soja detrás de Estados Unidos y Brasil, consume cantidades masivas de glifosato.

En algunos sectores agrícolas el conflicto es permanente entre los habitantes y los productores, para quienes este producto es indispensable.

Sin legislación nacional, los intendentes reglamentan localmente las fumigaciones, pero estas reglas son cuestionadas por los productores, lo que acentúa el conflicto.

A principios de agosto, un juez de Brasilia suspendió por 30 días la posibilidad de registrar ante las autoridades todo nuevo producto con glifosato, para que la agencia brasileña de vigilancia sanitaria procediera a su "reevaluación toxicológica"; pero el lunes un tribunal de apelación revocó la medida cautelar: el juez Kássio Marques, de Brasilia (TRF1), atendió el recurso del gobierno al considerar que "nada justifica" la aplicación de una medida "abrupta, sin análisis previo de los graves impactos que ocasionaría a la economía del país y a la producción en general".

La Asamblea Legislativa de El Salvador votó en septiembre de 2013 el retiro del mercado de 53 productos agroquímicos, entre ellos herbicidas y plaguicidas.

Una decisión parcialmente anulada por el presidente de entonces, Mauricio Funes, quien pidió que de los 53 productos, 11 plaguicidas no fueran retirados, señalando que eran muy utilizados y no estaban prohibidos a nivel internacional. El glifosato sigue vendiéndose en El Salvador.

El gobierno de Sri Lanka prohibió la importación de glifosato en octubre de 2015 luego de la campaña que lanzó un monje budista.

Las organizaciones agrícolas criticaron al gobierno por no haber procedido a otros estudios científicos, afirmando que la prohibición les costó la pérdida de 10% de los 300 millones de kilos de té que se producen anualmente.

En julio, el Ejecutivo volvió a autorizar la importación, pero restringió el uso del glifosato a las plantaciones de té y de caucho.