Después de que el presidente Iván Duque calificara como “incongruente” el fallo del Consejo de Estado que condenó a la Nación por el ataque con carro-bomba en el año 2003 que ejecutó la entonces guerrilla de las Farc contra el Club El Nogal, en la capital de la República, dejando 36 muertos y más de 200 heridos, ayer el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que su cartera impugnará la decisión.

"Estamos estudiando de fondo la decisión del alto Tribunal y en lo que corresponde al Ministerio de Defensa, presentaremos los recursos de ley a que haya lugar", expresó Botero.

El pasado jueves, el presidente Duque Márquez señaló que es respetuoso de los fallos judiciales pero "hay que buscar un balance en la sociedad". Añadió que “si quienes han cometido esos crímenes no tienen una sanción efectiva proporcional que le muestra al pueblo que es ejemplarizante la sanción y por otro lado se condena al Estado, me parece que hay un gran desequilibrio”.

El pasado miércoles el Consejo de Estado anunció que fue condenada la Nación por el ataque al Club El Nogal al encontrarla responsable por no tomar las medidas de seguridad, a pesar de las amenazas que se conocían contra este exclusivo establecimiento.

También el alto Tribunal reprochó que en el Club El Nogal se realizaran para la época de los hechos, reuniones de carácter institucional, sin considerar esto cómo podría afectar la seguridad de los socios y visitantes, teniendo en cuenta las difíciles condiciones de orden público que se vivían.

Esta sentencia de la Subsección B de la Sección Tercera revocó las sentencias de reparación directa, mediante las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de reparación, y afecta a la Nación encarnada en el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión de un carro bomba en las instalaciones del club El Nogal.

La Sala concluyó que la población civil ajena al conflicto y protegida por el derecho internacional no debía ser expuesta por las entidades demandadas, dado que quedó establecida la utilización de las instalaciones del club privado con fines institucionales, pues se adelantaron reuniones de altos funcionarios del Estado, auspiciados por el Ministerio del Interior, y se comprobó la pernoctación de la ministra de Defensa de la época (Marta Lucía Ramírez) en el lugar donde se produjo el ataque.

Se enfatizó que el estado de conmoción decretado y la difícil situación de orden público que por esos días se vivía en el país obligaban a las autoridades a extremar medidas para garantizar la seguridad y protección debida a la población civil.

Indemnización

La Nación tendrá que pagarles inicialmente 781 millones de pesos a 11 familiares de las víctimas que interpusieron la demanda “por daño moral, daño a la salud, daño emergente y lucro cesante”, que derivó en el citado fallo. No obstante es previsible que en adelante se produzca una cascada de acciones de este tipo por parte de personas afectadas, buscando un resarcimiento económico.

La sentencia del Consejo de Estado también establece entre otras medidas de reparación integral, satisfacción y no repetición, la instalación de una obra de arte en las inmediaciones de la zona afectada con el atentado, previo proceso creativo acordado con las víctimas y con el objeto de sensibilizar la exposición de la población civil a acciones violentas, así como la realización de un acto público de desagravio en el que se realice la presentación e inauguración de la misma.