UN PROYECTO de ley que pretende incrementar entre el 50% y el 300% el impuesto predial de los colombianos, presentó el Gobierno ante el Congreso de la República.

La iniciativa fue radicada el miércoles pasado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

Las pretensiones del Gobierno señalan que habrá aumentos hasta de 50% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior para los predios urbanos con destino económico y habitacional cuyo avalúo catastral sea menor o igual que $ 136 millones.

Esta medida también aplicaría para los predios rurales que se encuentren dentro de categorías asociadas a destinos económicos y usos del suelo como habitacional, comercial rural; áreas para la producción agropecuaria; institucional y áreas de conservación y protección.

Más alzas

El texto también plantea aumentos de hasta 100% cuando el avalúo en predios urbanos con destino habitacional o económico sea mayor a $ 136 millones y hasta los $ 250 millones. También aplicará para los predios rurales tal como el punto anterior.

Asimismo, se prevé un alza de 150% para los predios de las mismas categorías cuyo avalúo sea superior a $ 250 millones, pero menor a $ 350 millones.

Para los predios urbanos y rurales se prevé un aumento de 200% cuando los avalúos se encuentren en el rango de $ 350 millones a $ 500 millones e incrementos de 300% cuando sean superiores a $ 500 millones.

Ante esta situación, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que “a modo de ejemplo, el propietario de un inmueble de estrato 3 de $ 400 millones podría pasar de pagar $ 1,9 millones de impuesto predial a $ 3,4 millones. Un predio estrato 1 de $ 200 millones pasaría de pagar un impuesto de $ 800.000 a $ 1,2 millones”.

Los derechos

Según Cabal, “el proyecto afecta el derecho a la vivienda digna al gravar, excesivamente, la aspiración de tener techo propio. Además, segmentos como el de los pensionados, que viven de unos ingresos de subsistencia, y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exponencial”.

Según el vocero de los comerciantes, “la desconexión de los gobernantes con la realidad de los colombianos no puede llegar al punto de promover aumento de impuestos, cuando en estos momentos millones de familias luchan por salir adelante, en medio del reciente impuesto a los tenderos que se aprobó en la reforma tributaria del Gobierno, y del aumento de la gasolina, el diésel y los peajes”.

Mayores impuestos, sumados a los síntomas de recesión, a la inflación de dos dígitos que afecta con mayor dureza a los informales y a los desempleados, y la perspectiva de un proyecto de reforma laboral del gobierno que destruye empleos, darán como resultado un 2024 marcado por la incertidumbre y desconfianza de consumidores y empresarios.

No más impuestos

“Los colombianos no aguantamos más impuestos improvisados y confiscatorios, que afectan seriamente la iniciativa privada, la inversión, el empleo y el derecho de propiedad”, indicó Cabal.

Por su parte, el senador de Cambio Radical, David Luna, opinó que “es la tapa del descaro del presidente Petro, es la demostración de su desconexión con la ciudadanía, con sus dolores, con sus sufrimientos, en momentos donde la vivienda cae, las tasas de interés están altas. Lo que está buscando no es nada distinto que profundizar la recesión que vive nuestra economía”.

Dijo el parlamentario que, si el proyecto se aprueba, a los colombianos “les tocará vender sus activos, sus casas, para poder pagar el predial”.

Y le envió un mensaje al presidente Petro: “Usted no representa al cambio, lo que está representando es el hundimiento de la sociedad que con sus sufrimientos no es atendida por su gobierno”.

Le pidió, además, a los congresistas que pronuncien un “no colectivo” a esta propuesta.

“Este proyecto de ley no afecta a los ricos, afecta a toda la sociedad, en particular, a los que menos tienen”, concluyó.

Según el Gobierno, la finalidad de este proyecto de ley es realizar modificaciones a la ley del 2019. En esa se señalaban y calculaban los incrementos en la medida del impuesto predial.

¿Argumentos?

Según el Gobierno, la iniciativa surge para aplicarse “conforme a los principios tributarios de equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad” establecidos en la Constitución. Así las cosas, el Estado tendrá que realizar un nuevo avalúo catastral que será la base para aplicar esos ajustes en la medida que se necesita conocer la realidad económica del predio.

Lo anterior ocurre porque la actual administración asegura que los predios no estarían reflejando, de forma exacta, esa realidad económica, toda vez que él mismo pudo haberse depreciado o valorado con el tiempo, lo cual no deja saber si sobre ese predio se está pagando o cobrando el impuesto justo y equitativo, como lo manda la carta política del país.

Además, el proyecto busca eliminar las exoneraciones contenidas en la Ley 1995 del 2019, que indican que “los predios que figuraban como lotes no construidos y construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada”, con lo cual la actualización catastral que se haga de dicho predio incorporará esos cambios, lo que permitirá clasificarlo en cualquiera de los nuevos rangos previstos en la norma.

¿Cuánto gana el país?

De acuerdo con lo dicho por el Gobierno, si bien los ingresos municipales y totales producto del el Impuesto Predial Unificado (IPU) en Colombia es más alto que el promedio de otras economías en Latinoamérica, pues según datos de la OCDE son 1,1% inferiores. Pero en Colombia ese ingreso representó el 0,8% del producto interno bruto (PIB) en 2021, sin embargo, ese porcentaje cayó al 0,67% un año después y presentaron $ 9,8 billones.

Por otra parte, el Gobierno argumenta que la mayor parte del recaudo es aportada por Bogotá y Medellín, ciudades que aportan el 36,8 y 8,9% dentro del total, respectivamente. Por eso busca darles a otros territorios del país mayor participación en el recaudo a través de facilitarle a los pagadores más lugares en donde saldar el tributo.

Municipios y distritos

En el proyecto, los ministros Bonilla y Mojica aclaran que “las administraciones municipales y distritales, en el marco de su autonomía y sus competencias institucionales y legales, analizarán los impactos de los procesos de formación, actualización y conservación catastral, de la aplicación de la metodología de reducción de rezago de avalúo catastral dispuesta por el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, y los límites de crecimiento del IPU de la presente ley, para determinar si procede a realizar una propuesta de acuerdo para un trámite y aprobación ante los concejos municipales o distritales que permita modificar sus normas tributarias bajo los principios de equidad y progresividad”.

Además, el Gobierno dejó claro que los límites al crecimiento del impuesto predial unificado establecidos “no aplicará a las ciudades capitales que adopten el régimen de Bogotá, Distrito Capital”.

El proyecto empezará a discutirse en el 2024. Sin embargo, desde ya genera varias reacciones en contra.