De los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias de servidor público, fue imputado el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados.

Las conductas punibles habrían ocurrido, de acuerdo con la Fiscalía, entre 2011 y 2015, desde cuando aspiraba a ser elegido Gobernador de Boyacá y luego en ejercicio del cargo.

El contralor Granados no aceptó los cargos que, según la explicación de la Fiscalía, se desprenden de sus presuntos nexos con Odebrecht.

Según la Fiscalía, desde 2011 Granados se habría concertado con el exsenador Plinio Olano (Partido Social de Unidad Nacional, La U), con el contratista Federico Gaviria y con el directivo de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, para que la multinacional saliera favorecida con obras, en caso de salir electo como gobernador; la firma brasileña le habría dado a Granados 200 millones de pesos a cambio de favorecer a la multinacional.

El 30 de octubre de 2011 Granados fue elegido gobernador con aval de la Coalición Boyacá, integrada por los partidos Liberal y La U.

La Fiscalía sostiene que tras el triunfo de Granados, Odebrecht buscó los contratos para la construcción de la vía Duitama-Charalá-San Gil por 40.300 millones de pesos y la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre, obras que finalmente no fueron adjudicadas a los brasileños porque no terminaron siendo viables comercialmente.

Gaviria, informó la Fiscalía, "da cuenta de los aportes de Odebrecht a la campaña de Granados a la Gobernación", mientras que Martorelli da cuenta de la cercanía del exgobernador con el contratista.

Con ellos, sostiene la Fiscalía en el documento acusatorio, Gaviria concertó "para cometer varios delitos contra la administración pública, para favorecer a esa organización que tenía como fin replicar esa política de cooptación de servidores públicos para que contratos estatales en los que usted tenía injerencia en Boyacá se le adjudicaran a Odebrecht".

Entre las varias reuniones protagonizadas por Granados, Gaviria y Martonelli, al menos una fue durante la campaña en casa del exsenador Olano, en Sopó, Cundinamarca, en la que el candidato expuso "su plan de gobierno, acordándose el apoyo de Odebrecht con la suma de 200 millones de pesos a su campaña, suma que se le entregó en efectivo a Olano Becerra con el fin de favorecer a esa firma con proyectos de infraestructura".

El principal interés de la multinacional brasileña era la vía Duitama-Charalá-San Gil, contrato que finalmente no fue adjudicado porque "Odebrecht declinó su propuesta al resultarle inviable financieramente".

En las pruebas, la Fiscalía documenta las reuniones sostenidas entre todos o algunos de los mencionados, precisando que "el registro de visitas coincide con los hechos imputados".