Como una decisión que afecta la actividad económica, el abastecimiento y distribución de bienes y servicios en Bogotá y la Región, calificaron los representantes del sector privado de la Alianza Logística Regional de Bogotá – Cundinamarca la medida del Distrito en la que la que se imponen horarios adicionales de restricción para el transporte de carga por la Calle 13.

Entre las entidades que representan a los empresarios y a la academia en esta iniciativa, se encuentran gremios, organizaciones y universidades como son Colfecar, Andi, Analdex, Fenalco, Cámara de Comercio de Bogotá, Invest in Bogotá, Fedetranscarga, Asociación Colombiana de Camioneros ACC, Fundación más carga, Defencarga, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Javeriana y Universidad de Los Andes.

Le puede interesar: La clase media se quedó sin subsidio de vivienda.

La carga

Para el sector privado, es claro que mientras la demanda de carga ha aumentado en los últimos años debido al crecimiento de la ciudad (geográfico y en población), al comercio en sus diferentes formas (electrónico, supermercados, tiendas, etc), a los mayores requerimientos de los usuarios y, por lo tanto, a la proliferación de puntos de entrega distribuidos en todo el territorio; las medidas adoptadas restringen aún más el transporte de carga, lo que afecta el abastecimiento de la ciudad.

Las restricciones impuestas a través del Decreto 593 de 2018 para la movilización de carga, que se suman a otras instauradas anteriormente, impactan la logística de la ciudad, en especial porque la Calle 13 es el principal corredor vial de Bogotá por donde circula el 32% del total del parque automotor de carga que transita por la Ciudad, es decir, unos 13.200 vehículos de este tipo diariamente.

El 17 de diciembre entra en vigencia el Decreto y comenzarán a aplicarse las sanciones económicas a los conductores que incumplan con la restricción.

Con el fin de cuantificar los efectos de la medida, en un trabajo colaborativo entre el sector público y privado en el marco de la Alianza, se trabaja en la construcción de una batería de indicadores para hacer seguimiento a los impactos generados durante los seis meses previstos en el Decreto para la vigencia de la restricción.

Tanto el sector empresarial y del transporte de carga como el Distrito adelantarán mediciones a los tiempos y número de viajes, a las emisiones, así como a los costos logísticos derivados de la medida, las variaciones en los recorridos y condiciones de la operación para determinar los impactos en la distribución de bienes y en la competitividad de la ciudad.

Según el análisis del sector privado presente en la Alianza, la restricción generaría un incremento  hasta del 20% en los costos de operación de carga, dado que la restricción implica un aumento en el número de viajes para cumplir con la demanda, al igual que mayores distancias recorridas, lo que, a su vez, generaría más congestiones así como emisiones contaminantes.

El impacto, de acuerdo con ejercicios adelantados por las empresas de logística, implican aumentos de entre un 20% y un 40% en el número de viajes/mes, de entre un 40% y un 60% del costo mes/transporte y un incremento de entre 15% y 25% en los recorridos. Adicionalmente, es necesario tener presente incluso que, para cumplir con la demanda, algunos transportadores deberían implementar medidas como las de reconvertir su flota, hecho que para los empresarios no es posible en un periodo de seis meses.

Propuestas

La Alianza formuló algunas recomendaciones, entre las cuales se destaca la necesidad de que la Administración distrital implemente políticas integrales que permitan fortalecer las condiciones de infraestructura y operación de esta vía.

Es fundamental que el Distrito adopte medidas inmediatas, tales como definir paraderos para organizar el ascenso y descenso de pasajeros, así como ajustar los ciclos semafóricos y adelantar las acciones de mantenimiento de la malla vial y de señalización de carriles; todo esto mientras el Instituto de Desarrollo Urbano continúa con la elaboración de los estudios y diseños de las obras de remodelación de la Calle 13, así como con la estructuración financiera para que este proyecto sea la primera asociación Público-Privada, de iniciativa pública en el país.

Según el sector privado que hace parte de la Alianza, la Secretaría de Ambiente de Bogotá debe adoptar los mecanismos necesarios para facilitar la implementación por parte de los empresarios del Programa de Autorregulación Ambiental, ya que las empresas que hacen parte de este programa pueden circular con normalidad por este importante corredor vial.

Otro factor que anotan los miembros del sector privado de la Alianza y que incide en el alto tráfico de la Calle 13 es el transporte intermunicipal de pasajeros que, según datos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, llega a significar alrededor de 86.656 viajes entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., con un promedio de circulación de un bus cada 20 segundos.