En una propuesta que fortalezca el mecanismo tributario de Obras por Impuestos trabajan la Sociedad de Agricultores de Colombia y sus afiliados.
El objetivo es que más empresas se sumen a esta iniciativa, como hace algún tiempo propuso Fedegán.
Según la Agencia de Renovación del Territorio, Obras por Impuestos es la posibilidad que tienen las empresas de pagar hasta el 50 por ciento de su impuesto a la renta y complementario a cargo, a través de la ejecución y entrega de un proyecto de inversión para el mejoramiento, dotación o construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y alcantarillado o infraestructura vial, en los 344 municipios que constituyen las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac).
Hay una segunda iniciativa que la SAC se propone impulsar: mirar cómo el mecanismo de obras por impuestos se puede extender a obras por regalías, con un fuerte componente de transparencia y aprovechando los recursos que por veinte años se va a tener para el campo, gracias al acto legislativo que cambió la destinación de los recursos de los Saldos del Fondo de Ciencia y Tecnología en inversiones para el campo.
Sobre este tema el presidente de El Cerrejón, Roberto Juguito, reveló que sobre el tema se entregará un documento al presidente electo Iván Duque en el que las empresas del sector extractivista del país le pedirán que se amplíe el mecanismo de Obras por Impuestos y se reforme el régimen de regalías para que también se puedan pagar a través de obras.
En las Zomac se crearon dos mecanismos dirigidos a las empresas: una tarifa diferencial de renta por 10 años para las nuevas compañías o las que se formalicen en estos municipios, y obras por impuestos.
A este último, pueden acogerse de manera voluntaria aquellas empresas cuyos ingresos brutos superen los 3.610 UVT en el año o periodo gravable, mediante la inversión en obras en sectores como agua potable y alcantarillado, infraestructura vial, educación, energía o salud.
Pues bien, ha sido tal la acogida de Obras por Impuestos –modelo peruano que le ha permitido al sector privado invertir 1 billón de dólares en ese país– que para este primer año se aprobaron veintitrés proyectos en catorce departamentos, por más de 220.000 millones de pesos.
Su discriminación es como sigue: diez proyectos de agua potable y alcantarillado (79.392 millones de pesos), nueve de infraestructura vial ($123.853 millones de pesos), siete de educación (19.683 millones de pesos), y uno de energía ($11.466 millones de pesos).
Es así como la continuidad y el fortalecimiento de este mecanismo permitirá hacer inversiones que hoy están en mora en las zonas rurales del país.
El análisis que se adelantado para el fortalecimiento de obras por impuestos, evidencia la necesidad de ampliar la geografía en donde estas se puedan ejecutar, fortalecer la infraestructura para la comercialización rural, revisar los tipos de pólizas que se reconocen en el monto total del impuesto, buscar que se aumente el cupo en Consejo Nacional de Política Fiscal, Confis, que se destine anualmente a este mecanismo, y fortalecer el Banco de Proyectos, entre otros.
En tal sentido, la SAC está preparando una propuesta para abrir esta discusión con los afiliados, así como con gremios y empresas de otros sectores, para posteriormente llevarla al Gobierno nacional.