La Contraloría hizo una auditoría a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) encontrando falsas víctimas, pagos a personas muertas y proyectos productivos ineficientes, entre otros.

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La Contraloría General advirtió que encontró irregularidades en el uso de los recursos de las víctimas del conflicto. El ente de control realizó una auditoría a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y encontró que se realizaron pagos de indemnizaciones y ayudas para víctimas del conflicto "de manera indebida a terceras personas".

Entre las irregularidades, el ente de control encontró falsificación de documentos para darles los pagos a personas a las que no les correspondía. Esta conducta fue reportada a la Fiscalía, ya que constituiría un delito.

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El organismo encontró que en 2017 se realizaron unos 90 pagos por más de COP 72 millones a 100 personas que se aprovecharon de fallas en las estrategias de control para apropiarse del dinero.

En ese mismo lapso de tiempo, se pagaron 95 indemnizaciones a personas muertas, por COP 1.500 millones de pesos, a través de giros bancarios.

La administración de proyectos productivos también dio un saldo rojo, con pérdidas por más de COP 2.000 millones.

En el caso de la indemnización a víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos paramilitares que se desmovilizaron en el 2005, se encontró que los victimarios entregaron bienes que no eran de ellos o que no servían para reparar a las víctimas.

Encontraron 70 inmuebles entregados al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV) por los bloques Cacique Nutibara y Tolima de las Autodefensas, así como por la Casa Castaño, que en realidad "no pertenecían a los victimarios, por lo que no han debido restituirse".

Estas irregularidades encendieron alarmas ya que la UARIV es una entidad clave en el posacuerdo y la reparación a las víctimas.