UNA SERIA advertencia hizo ANIF, al señalar que un acto legislativo que está en trámite en el Congreso de la República, podría llevar al colapso financiero al Estado colombiano.

De acuerdo con el centro de pensamiento, “este propone que las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) aumenten a partir de 2027 durante un periodo de 10 años, hasta alcanzar una proporción fija del 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN)”.

A su juicio, “esto generaría un aumento sustancial en las transferencias (que actualmente se calculan con base en el crecimiento de los ingresos corrientes (ICN) de los cuatro años anteriores, pero no están atadas a un porcentaje fijo, conforme al Acto Legislativo 04 de 2007)”.

Pero a la vez, se presentaría “una completa inflexibilidad presupuestal, eliminando el margen para la inversión social del Gobierno y su funcionamiento. En la práctica, esta reforma conduciría a la quiebra del Estado colombiano”.

Indica ANIF, que “para ilustrar el impacto de esta medida, se señala que, si las transferencias del SGP en 2024 estuvieran atadas al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, el monto transferido ascendería a 148 billones de pesos, representando una presión adicional de $77 billones frente a los $71 billones programados para este año (22,2% de los ingresos corrientes)”.

Los rubros

Explica el centro de pensamiento, que “de aplicarse esta fórmula, el 95,3% del presupuesto del Gobierno Nacional Central en 2024 estaría comprometido en los siguientes rubros: transferencias del SGP (46,5%), pago de intereses (25,1%), pensiones (18,1%) y vigencias futuras (6%)”.

Puntualiza la Asociación, que “esto dejaría al Gobierno con apenas 15 billones de pesos disponibles para inversión pública y funcionamiento. Alternativamente, si el Gobierno intentara mantener los niveles actuales de gasto en estos rubros, el déficit fiscal se incrementaría al 10,1% del PIB, violando la Regla Fiscal. Ambas opciones serían insostenibles y comprometerían gravemente la capacidad del Gobierno para enfrentar emergencias fiscales o crisis económicas, afectando sectores clave como la inversión social e infraestructura.

Señala el presidente de ANIF, José Ignacio López, en su análisis, que “si bien es necesario avanzar en la descentralización, esto no debe hacerse a expensas de la sostenibilidad fiscal del país. Modificar la fórmula actual del SGP para que represente un porcentaje fijo y alto de los Ingresos Corrientes de la Nación, sin una delimitación clara de competencias, pondría en riesgo la solvencia del Gobierno Nacional Central. Por estas razones, ANIF considera que el Acto Legislativo 018 de 2024 no debe ser aprobado”.

Sostenibilidad fiscal

En este mismo sentido, el centro de pensamiento, dijo que invita a un debate amplio sobre la profundización de la descentralización y la autonomía territorial, teniendo en cuenta los factores macroeconómicos que afectan la sostenibilidad fiscal del país.

“Es fundamental que cualquier avance en materia de descentralización esté acompañado de un análisis riguroso de su impacto en las finanzas públicas, de manera que se fortalezcan las capacidades de los territorios sin comprometer la estabilidad económica nacional. ANIF hace un llamado a que este proceso se realice de manera responsable, asegurando que las reformas propuestas se alineen con los principios de sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

El proyecto, en el artículo 357 dice que “los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente, para inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, hasta un cuarenta y dos (42%) de los recursos que perciban por concepto del Sistema General de Participaciones de Propósito General”.

Puntualiza que “se establece un periodo de transición hasta el año 2035, durante el cual el SGP, como mínimo, será el 23,86% de los ingresos corrientes de la nación en 2025; el 26,13% en 2026; el 28,39% en 2027; 30,65% en 2028; 32,92% en 2029; 35,18% en 2030; el 37,45% en 2031; el 39,71% en 2032; el 41,97% en 2033; el 44,24% en 2034; y el 46,5% en 2035”.