Una cadena de errores graves y peligrosos. Así puede catalogarse, al tenor de un estudio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el proyecto de reforma a la salud que cursa en la Cámara de Representantes y que la semana pasada fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima, incluso con una votación mayoritaria.

Desde el mismo momento en que el ministerio del ramo radicó, a comienzos de septiembre, este segundo proyecto de ajuste al esquema de aseguramiento y atención médica en el país, los gremios que llevan la vocería de las EPS, clínicas y hospitales, industria farmacéutica, asociaciones de pacientes, talento humano y otros actores del sistema sanitario advirtieron que se incumplió de forma flagrante la promesa del Gobierno en torno a concertar este nuevo articulado. Un compromiso que había asumido luego de que se hundiera, en abril pasado, en tercer debate, una primera iniciativa de reforma por la negativa del Ejecutivo y de su coalición a corregirla en aspectos fundamentales.

Pese a esto, durante las audiencias públicas alrededor de este segundo proyecto las alertas volvieron a ponerse sobre la mesa. Alarmas relacionadas con los riesgos de apostar por un modelo de atención improvisado, con una estructura en donde las EPS se ven obligadas a convertirse en gestoras y con una débil red primaria que se convierte en la puerta de entrada al sistema. Un sistema en que no hay certeza sobre la funcionalidad de las esferas de atención de mediana y alta complejidad médicas, y en el que se abre una peligrosa puerta a la politización por cuenta de descargar muchas de sus decisiones en instancias locales y regionales. Pero lo más grave, es que esta nueva propuesta no soluciona de fondo la principal problemática que hoy arrastra el sistema: la sostenibilidad financiera.

De cada una de esas falencias es que, precisamente, advierte el estudio que ayer presentó la ANDI, el principal vocero gremial del país. Aparte de reiterar que esta reforma no es la que requieren los colombianos para mejorar el sistema, se previene que el modelo planteado pone en riesgo la economía de los hogares, la integralidad y calidad en la atención a los usuarios y la sostenibilidad financiera de todo el esquema. Incluso recalca que los cambios introducidos al articulado en el primer debate en la Comisión Séptima no resuelven los problemas estructurales del andamiaje de aseguramiento y servicio médico.

Uno de los aspectos que más recalca el estudio gremial es el referente a que se está aprobando un proyecto de reforma sin entender su impacto fiscal, sobre todo porque la iniciativa crea una serie de gastos adicionales que son imposibles de sufragar por la Nación, menos aún en medio de la crisis de finanzas que hoy tiene el Gobierno Nacional Central. Son asuntos relacionados con la actualización del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las deudas pendientes por “presupuestos máximos”, el costo de la atención médica de mediana y alta complejidad, la incorporación de gastos como la asunción de los pasivos de la Nueva EPS, la contratación formal del talento humano en muchas clínicas y hospitales oficiales, así como otras obligaciones que esta iniciativa le crea al sistema. Incluso se hacen advertencias alrededor de asuntos como el cambio de destinación de los impuestos saludables y otras fuentes de financiación transitorias. Finalmente, se enfatiza que hay desbalance en el cálculo del impacto financiero del nuevo esquema, ya que al comparar los números de Minhacienda con los del estudio de la ANDI se encontró una diferencia de $163 billones de pesos en los próximos diez años, es decir cerca de 10% del PIB.

La pregunta que todos los actores del sistema, así como distintos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales se hacen es si el Gobierno y sus toldas parlamentarias atenderán este campanazo gremial, sustentado en un estudio técnico y realista. Lamentablemente, acorde con lo que pasó con el fallido primer proyecto de reforma y la accidentada redacción y radicación del segundo, las esperanzas de que se corrijan estas falencias no son mayores, y menos en la plenaria de la Cámara en donde la Casa de Nariño siempre maniobra para convencer, no pocas veces a punta de ofrecimientos burocráticos, a algunos congresistas de partidos independientes para que apoyen sus iniciativas, por más polémicas e inconvenientes que sean. Le tocará, otra vez, al Senado actuar con ponderación y responsabilidad para frenar este entuerto, al ser evidente que es más peligroso el remedio que la enfermedad.