Se demorará en conocer la cifra real del costo de la crisis en el ambicioso proyecto liderado por EPM

La pesadilla que empezó a vivirse el 29 de abril cuando comenzó la emergencia en el proyecto de Hidroituango, parece no tener fin porque cuando se cree que la crisis está por superarse, aparecen nuevos problemas y los daños, tanto dentro de la obra como por fuera, van en aumento.

La magnitud de la situación no se vislumbró desde un comienzo y a pesar de algunas alertas para que se evalúe con detenimiento la ejecución de semejante obra, tanto EPM como la constructora están decididos a sacarla adelante y entregarla en funcionamiento, así sea con un par de años de retraso.

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“Personal especializado de EPM y contratistas analizan las posibles causas de una obstrucción parcial que se presenta en el túnel de desviación del río Cauca en el proyecto hidroeléctrico Ituango”, fue lo primero que se supo el 29 de abril de 2018.

Asimismo añadió que “la situación ha ocasionado el represamiento del agua, aguas arriba y, la disminución de la misma, aguas abajo. La organización revisa y evalúa las posibles medidas que se deban adoptar y las estará informando de manera oportuna”, se añadió.

Desde ahí se han desencadenado una serie de situaciones, con sus consecuencias y que, en principio (tras los enfrentamientos entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez) llevaron a la empresa a poner en venta activos como el 10,1% de las acciones que EPM tenía en Interconexión Eléctrica (ISA); las participaciones en varias empresas colombianas que suman $30.000 millones; y la venta de las chilenas Aguas Antofagasta y el parque eólico Los Cururos.

Y, mientras las maniobras continúan para salvar el proyecto y evitar que se siga retrasando el cronograma, empiezan a hacerse evaluaciones sobre los daños al interior de la represa, empezando por la casa de máquinas, de la que se ha dicho sufrió un daño menor del esperado, pero cuya realidad está por establecerse.

También, el minucioso estudio que están haciendo expertos, determinará si al interior de los túneles se registraron afectaciones de consideración o si el socavón que se descubrió el diciembre y que obligó al cierre de las compuertas de la casa de máquinas, es el único o hay más.

De la misma manera deberán seguir los monitoreos a la montaña, de la que algunos estudios afirman es muy inestable y a lo que ocurra aguas abajo del río cauca.

Asimismo, una vez normalizado el flujo de agua hasta un flujo de 8 metros cúbicos por hora desde el viernes cuando se abrieron cuatro compuertas, otro aspecto que se deberá entrar a evaluar dentro de este control a los daños causados por la emergencia que ya va para nueve meses, es el ambiental y las afectaciones a las comunidades.

EPM reconoció que el cierre, que estaba programado para finales de este mes, de la segunda compuerta de la casa de máquinas dejó un saldo de 57 mil pescados muertos. Sin embargo, hay otros daños que se deben cuantificar y que sumarán a las cuentas que deberán asumir los propietarios de la monumental obra.

“Seguiremos trabajando para revertir las afectaciones, es un compromiso de EPM desde el inicio de la construcción del proyecto, pero sobre todo porque forma parte de los valores de la empresa asumir siempre, en todas las actividades, la mayor responsabilidad frente a las comunidades y el ambiente”, dijo el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta.

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Por ahora, mientras se estabiliza la operación, la recomendación ha sido evitar adelantar actividades como: barequeo, pesca o transporte por las aguas del río Cauca.

De por medio también están las afectaciones a las comunidades rio abajo a los habitantes, a las ciénagas Colombia, Río Viejo, La Habana, Palanca, La Ilusión y Palomar. Hoy viernes se intervinieron las ciénagas El Aguacate, La Coquera, Margento y La Estrella.

De la misma manera, continúa el trabajo de las cuadrillas de funcionarios de EPM y de los contratistas, junto con los pescadores contratados para adelantar trabajos de mitigación en los 14 tramos del río Cauca que se definieron, desde el sitio de la presa hasta La Mojana en el departamento de Sucre, pasando por Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí, en Antioquia.

No será fácil la tarea que queda de acá en adelante para controlar los daños causados por la “obstrucción” que se registró el 29 de abril y, si el clima lo permite, no se presentan nuevos deslizamientos, tanto dentro de la obra como por fuera de ello, en poblaciones, ríos, ciénagas y demás que sufrieron daños, bien sea, como ocurrió inicialmente, por las inundaciones o, posteriormente por la sequía.

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Lo importante en este caso, como lo exigió el presidente Iván Duque, es que se diga la verdad, se reconozcan los daños, se controlen las afectaciones, que no se registren nuevos incidentes que retrasen más la obra y que al final los antioqueños logren ponerla al servicio así no sea en el tiempo estipulado, sino uno, dos o tres años después de lo establecido.

Por ahora se sabe que el costo es alto y que los organismos de control, Procuraduría y Contraloría, están vigilantes y pendientes de que se controlen los daños, luego se determinará si hubo improvisación o qué ocurrió realmente y se sabrá qué castigos se impondrán.