Hospital Militar, en medio de irregularidades | El Nuevo Siglo
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Viernes, 24 de Agosto de 2018
Redacción Nacional

En $1.134 millones cuantificó la Contraloría General los hallazgos fiscales que evidenció en una Auditoría de Cumplimiento que realizó al Hospital Militar, consistentes en pérdidas de medicamentos y adquisición de los mismos por valores superiores al contrato vigente, así como pagos en exceso por dispensación y suministro a pacientes inexistentes.

Se encontró además que las deficiencias en la prestación del servicio de suministro y dispensación de medicamentos, llevaron a que el contrato suscrito con el Operador Logístico Droservicio Ltda. fuera cedido a la Unión Temporal Medmefen 21, proponente que a su vez había sido rechazado en la licitación inicial.

A pesar de las alentadoras noticias de la disminución en el número de uniformados heridos en combate atendidos por el Hospital Militar, no se advierte mejora en el manejo de los recursos destinados a bienes y servicios del subsistema de salud militar.

La Auditoría de Cumplimiento adelantada a la gestión adelantada durante la vigencia 2017 por el Hospital Militar Central, detectó deficiencias en la ejecución contractual, así como en el control y supervisión de los contratos y en el manejo de los inventarios de los medicamentos adquiridos.

Las situaciones detectadas motivaron la configuración de 29 hallazgos, de los cuales 9 tuvieron presunto alcance disciplinario, 1 connotación penal y 6 incidencia fiscal por un monto total de $1.134.675.842, por concepto de pérdidas de medicamentos en los almacenes y droguerías del Hospital Militar, pago de medicamentos de alto costo no suministrados a los pacientes y vencimiento de los mismos.

Se encontró que durante los años 2016 y 2017 el Hospital Militar pagó 225 ampollas (75 cajas) del medicamento Rasburicasa (de nombre comercial Fasturtec) pese a que lo suministrado a los pacientes correspondió a 75 ampollas (25 cajas), pagando así 150 ampollas (50 cajas) no suministradas, cuyo valor se estableció en $447.237.081.

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A pesar de contar con contratos vigentes con laboratorios productores o importadores de medicamentos de alto costo, el Hospital Militar adquirió moléculas de este tipo a través del contrato No 203 de 2014, suscrito con Droservicios, a un precio mayor al pactado, generando un daño patrimonial por $86.729.396.00 correspondiente al mayor valor de los medicamentos más el porcentaje de intermediación pactado con el operador logístico.

En una de las verificaciones hechas a los movimientos de almacén de insumos hospitalarios por la adquisición de medicamentos de alto costo, no se evidenció suministro a paciente, ni uso o destinación final, ni existen soportes documentales del ingreso (entrada) por cambios de proveedor, ni recibo de las dependencias de destino de varios medicamentos e insumos médico quirúrgicos, por un monto de $404.718.200

Y en el examen de los movimientos de ajustes de salidas de inventario por cambio de proveedor, compensaciones insumos hospitalarios, cambio de fecha de vencimiento, cambio de lote y devoluciones, entre otros conceptos, se presentaron faltantes de medicamentos e insumos médico quirúrgicos en algunas farmacias del Hospital Militar, ya que no se evidenció el suministro a paciente, uso y/o destinación final, por un monto de $141.617.257

Verificado el kardex o registro documental de almacén de los medicamentos Canakinumab y Ranibizumab de las vigencias 2016, 2017 y 2018 (mes de abril), se observó que a pesar que se registran suministros de los mismos a pacientes, no existen fórmulas ni evidencia en las historias clínicas que demuestren tal situación, lo que lleva a la incertidumbre del suministro de estos medicamentos a paciente alguno.

Tampoco se encontraron registros de facturación a la Dirección de Sanidad de Militar de los medicamentos a nombre de los pacientes señalados en el kardex, como tampoco la devolución de los medicamentos, todo lo cual generó un presunto detrimento patrimonial, por la suma de $ 50.896.093

Otra situación evidenciada, que motivó traslado a la Fiscalía General de la Nación por su posible connotación penal, consistió en el registro de fecha de vencimiento de un lote de medicamento, por un año adicional al establecido por el laboratorio en su facturación, lo que llevó a que de ese lote se suministraran y pagaran cinco unidades vencidas a dos pacientes, lo que generó un daño al patrimonio en cuantía de $3.477.815.