Por presuntas irregularidades administrativas, ambientales, contractuales y financieras que se habrían registrado en siete Corporaciones Autónomas Regionales, la Procuraduría General de la Nación informó ayer que abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer en la CAR, Corpocesar, CVC, Corpamag, CRC, Cortolima y Carder.
El Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, de la Procuraduría General de la Nación, ordenó la apertura de indagación preliminar contra estas entidades.
El grupo también asumió la competencia de la indagación contra servidores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge (CVS), relacionada con el otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de Puerto Carbonero en el municipio de San Antero, Córdoba.
En el caso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Procuraduría General busca determinar la existencia de posibles irregularidades en la construcción de las plantas de tratamiento (PTAR) de los municipios de Facatativá, Madrid, Sesquilé y Apulo, indicó la Procuraduría.
Añadió que en la Corpocesar se indaga por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la compra de predios de propiedad del resguardo Arhuaco.
En la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) la indagación tiene que ver con la presunta ocupación por parte de la corporación de bienes de uso público en Pozos Colorados-Santa Marta, y supuestas irregularidades financieras.
En la Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC) el proceso tendría relación con eventuales fallas en la inversión de recursos.
En los casos de la Corporación Regional del Cauca (CRC) y Cortolima, la Procuraduría investiga presuntas inconsistencias en el cobro de la tasa retributiva y la prescripción de la acción de cobro por daño ambiental.
En Risaralda se averigua si funcionarios de Carder habrían incurrido en irregularidades en la construcción y estabilización de taludes y obras de control de cauce en varios sectores de Pereira y Dosquebradas.
El órgano de control decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar a los autores y su grado de responsabilidad.
En la MIRA
Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible son entes corporativos de origen constitucional encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. En la actualidad operan 33 de estos organismos.
No obstante desde hace años está en tela de juicio el funcionamiento de las CAR porque la ‘politiquería’ las ha permeado en algunos casos, hay fallas administrativas que afectan el desarrollo de su labor y se investigan irregularidades en la contratación.
El gobierno Santos quiso reformarlas, pero finalmente nunca presentó el correspondiente proyecto de ley; en tanto que el procurador Fernando Carrillo le propuso al nuevo Gobierno meterles mano.
El pasado 13 de agosto, el Jefe del Ministerio Público invitó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a que “presentemos un proyecto al Congreso para modificar las corporaciones autónomas regionales, demos esa pelea que la han perdido todos los gobiernos en las últimas décadas. Cerremos el frente de cara a una de las peores expresiones de corrupción regional que se ha presentado en Colombia, porque ustedes saben que están feriadas a la política regional”.