La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa contra funcionarios por determinar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por posibles irregularidades en los contratos suscritos para la atención de la emergencia como consecuencia de la ola invernal que afectó al país a finales del año 2022.

El ente de control busca establecer si se presentaron hechos irregulares en los bilaterales suscritos a través de la Previsora S. A. con cargo al fideicomiso de administración y pagos — Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — FNGRD, para atender la situación de emergencia mencionada, según denuncia presentada por un concejal de Bogotá.

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La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación estatal requirió a la UNGRD información sobre el número de negocios jurídicos suscritos bajo esta declaratoria de desastre y documentación que permita conocer en detalle la ejecución de los mismos.

El ente disciplinario busca establecer, entre otros aspectos, el estado técnico, financiero, jurídico y económico de los contratos celebrados y conocer las acciones adelantadas por la supervisión e interventoría correspondientes.

Con estas pruebas el Ministerio Público busca identificar e individualizar a los posibles responsables de los hechos denunciados, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que las mismas tuvieron ocurrencia y determinar si hay lugar a continuar con la actuación disciplinaria.

Otro procesos en la Unidad de Gestión del Riesgo

Se inició otro procedimiento disciplinario debido a irregularidades detectadas en la Unidad de Gestión del Riesgo, relacionadas con la adquisición de carrotanques para abordar la crisis humanitaria de escasez de agua en La Guajira. La Procuraduría investiga la posible influencia indebida en la selección del contratista, así como la falta de capacidad y competencia de la empresa responsable de proveer los vehículos, lo que podría resultar en un perjuicio financiero. Además, la Fiscalía llevó a cabo pruebas como parte de una investigación penal derivada del escándalo en torno a la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, los cuales permanecen estacionados en un batallón de la región desde hace varias semanas.