Abre sus puertas al público la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que se encargará de aplicar justicia de tipo transicional por los delitos de lesa humanidad y de guerra que se cometieron en el marco del conflicto armado.

Sus actividades de tipo judicial arrancarán con la entrega formal que hará la Secretaría Ejecutiva de los casos – se cuenta con unos 7.392 postulados, de los cuales 5.541 son desmovilizados de las Farc, 1.824 militares y policías además de 27 particulares- a los 35 magistrados que hasta el momento se han posesionado.

Este número de postulados ante la JEP ya firmaron el acta de compromiso para someterse a esta Jurisdicción que tiene su origen en el acuerdo de paz que el Gobierno firmó con la entonces guerrilla de las Farc.

A la Sala de Definición de Situaciones Jurídica le corresponderá en primer lugar decidir cuáles de estos casos y otros que sigan llegando, corresponden a la JEP por tener relación con el conflicto armado.

Por moverse la JEP en el escenario de la justicia transicional, las penas que apliquen serán reducidas y el caso de los exintegrantes de las Farc involucrados en delitos graves estaría entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, aunque no en una cárcel, a cambio de decir la verdad y reparar a las víctimas.

En tanto que en el caso de los militares y civiles que se presenten de forma voluntaria, tienen la posibilidad de que sea revisada la pena que aplicó la justicia ordinaria,  e incluso la JEP, estaría facultada para cesar la acción penal.  

Entre los postulados a la JEP buscando beneficios están el exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, quien paga una pena de seis años y medio porque según la Corte Suprema entregó, con otros funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, coimas a parlamentarios para que fuera aprobada la reforma constitucional que implantó la reelección inmediata; también estarían exparamilitares como Salvatore Mancuso, Jhon Freddy Manco Torres, alias 'El Indio', y José Gélvez Albarracín, alias 'Canoso'.

También se presentaron el exgobernador de Sucre, Salvador Arana; el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo; el exsenador conservador Julio Manzur Abdala, entre otros.

También los integrantes del Partido Farc que militaron en la extinta guerrilla firmaron un acta ante la JEP, comprometiéndose a presentarse, esto para poder participar en política.

También el día de hoy comienza a operar la Sala de Amnistía o Indultos para los excombatientes de las Farc, ante la cual pueden acudir 2.910 exguerrilleros que pidieron amnistía, pero que además del delito de rebelión, están acusados de otros conexos, como el narcotráfico. Esta cifra incluye a 500 que siguen presos, a 600 gestores de paz y a 600 que no están en las listas de las Farc, pero que pidieron su libertad.

Penas

La JEP contempla tres tipos de penas a las personas que resulten condenadas: restricción de la libertad entre cinco y ocho años a quienes reconozcan responsabilidad de manera temprana y cuenten la verdad, la cual aplica a los desmovilizados de las Farc.

De cinco a ocho años de privación de la libertad para quienes reconozcan su responsabilidad antes de sentencia. Y entre 15 y 20 años de cárcel a quienes sean vencidos en juicio. Además, trabajo comunitario como pena restaurativa (construcción de obras).

La presidente de la JEP, magistrada Patricia Linares, explicó que el punto de partida en las investigaciones “serán los informes que deben enviar la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Jurisdicción Penal Militar, la Jurisdicción Ordinaria y las organizaciones de víctimas y de derechos humanos”.

Añadió que “ante el volumen de los informes, que pueden contener muchos casos, preparamos un grupo de análisis de 113 profesionales de distintas disciplinas: abogados, forenses, antropólogos, matemáticos, expertos en derecho procesal… Ellos van a analizar según la demanda de cada sala y sección. Solo la Fiscalía, de acuerdo con las reuniones que he sostenido con el fiscal y la vicefiscal, tiene 25 informes”.

Aunque la JEP comienza a laborar el día de hoy, hay varios aspectos sobre su funcionamiento que están por definir, debido a que la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la ley estatutaria en la que se definen los tiempos máximos de su vigencia y asuntos polémicos como los impedimentos que aprobó el Congreso para ser magistrado de esta jurisdicción.

También se requiere una ley de procedimiento, proyecto del cual la JEP hizo entrega en días pasados al Gobierno para que se tramite con mensaje de urgencia en el Congreso.

Igualmente se sabe que 228 artículos componen el proyecto en el cual se define el proceso que tendrán que afrontar los postulados a la JEP y el trámite que asumirán las víctimas ante el tribunal especial de justicia para buscar la reparación de sus derechos.

"Para diseñar la propuesta tuvimos en cuenta las lecciones aprendidas en las leyes de Justicia y Paz y el Código de Procedimiento Penal, con la idea de hacer mucho más sencillo y ágil el proceso jurídico", explicó el Magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli.

La Presidenta de la JEP, Patricia Linares, indicó que arrancarán investigaciones con informes de la Fiscalía y otros organismos.